La cruel realidad de los derechos humanos en Latinoamérica

Algunas frases bastan para definir una realidad: “Vivimos una situación muy difícil. Hay una militarización a nivel regional, violencia de género y estamos en riesgo. Eso no lo podemos silenciar”, denunció la guatemalteca Aura Lolita Chávez en un encuentro en la capital mexicana de defensores de derechos humanos de América Latina.

La activista del pueblo quiché, líder del Consejo de Pueblos K’iche’s por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio, señaló que el gobierno de Guatemala “dijo que somos bochincheros, que ejercemos la violencia, pero defendemos nuestro territorio y decimos no a las mineras”.

Chávez fue finalista del Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, en 2017, y ganadora ese mismo año del Premio Ignacio Ellacuría de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, y participa en el rechazo de las comunidades originarias del oeste guatemalteco contra la presencia en la zona de empresas mineras, hidroeléctricas y de productoras de palma africana.

Por esa campaña recibió amenazas de muerte y agresiones que la obligaron a refugiarse en España en 2017.

Pero su caso está lejos de ser una excepción, tanto en Guatemala como en el resto de América Latina, la región más letal para los defensores de derechos humanos según diferentes informes, en especial los vinculados con la tierra y el ambiente.

Los defensores humanitarios identificaron amenazas comunes como la intromisión de empresas mineras y petroleras en territorios de pueblos originarios, campañas gubernamentales en su contra, persecución judicial, violencia de género y sociedades polarizadas que no suelen reconocer la defensa de los derechos humanos.

Evelia Bahena, activista del estado mexicano de Guerrero, deploró “el sufrimiento y la destrucción” padecidas a manos de “empresas que hacen ganancias a costa de la vida de otros”.

En su territorio en el municipio de Cocula, Bahena enfrentó proyectos mineros, que ocasionaron amenazas y demandas en su contra, lo que finalmente forzó su huida de la comunidad, una suerte que se repite para activistas que luchan contra megaproyectos que perjudican el tejido social de las localidades donde se construyen, sus derechos y sus recursos naturales.

Varios informes dan cuenta de la situación en que se desempeñan los defensores en la región. En el informe “¿A qué precio?”, publicado en julio de 2018, la organización internacional Global Witness determinó que del total de los 201 asesinatos de defensores ocurridos en el mundo el año precedente, 60 por ciento fue en América Latina.

Brasil registró la mayor cantidad de homicidios de activistas que cualquier otro país, 57. En México, la cifra fue de 15, cinco veces más que el año anterior, mientras Nicaragua registró la mayor tasa de asesinatos de activistas en relación a su población, con cuatro, según la organización basada en Gran Bretaña.

El “Análisis global 2018”, elaborado por la también organización internacional Frontline Defenders, ofrece igualmente un panorama crítico, al contar 321 asesinados en 27 países, nueve activistas más que en 2017. Del total de homicidios, 77 por ciento involucró a defensores de la tierra, del ambiente y miembros de los pueblos originarios.

En el continente americano la violaciones más comunes consistieron en amenazas y campañas de difamación, según la organización con sede en Irlanda. En Colombia, 126 defensores fueron asesinados, en México, 48; en Guatemala, 26; en Brasil, 23, y en Honduras, 8.

El Estado, en términos institucionales, es el principal acusado de las persecuciones y los desplazamientos de los defensores de derechos humanos, en América Latina, por regla general. 

La Organización de las Naciones Unidas, a través de la oficina encargada de los derechos de los desplazados internos, coincide en el diagnóstico: “Una persona desplazada ya es demasiado. El Estado tiene la principal responsabilidad”. Es la cruel realidad de los derechos humanos y sus defensores, en América Latina. En el Siglo XXI.