Con los hechos a la vista, no parecen exageradas las acusaciones en contra del flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acerca de su simpatía por políticas de extrema derecha, al borde de la violación de los derechos humanos, y al límite del autoritarismo. Pero el presidente fue elegido democráticamente, por la que la conformación del nuevo Parlamento, es una muestra de una representatividad social, enraizada en la intolerancia.
El nuevo Congreso de Brasil entró en funciones con unos 30 partidos, iniciando una legislatura durante la cual, Bolsonaro espera aprobar su agenda social conservadora y su programa económico ultraliberal.
Los comicios presidenciales, después de años de crisis económica y política, denuncias de corrupción y auge de la criminalidad, permitieron una fuerte renovación del desprestigiado Poder Legislativo, redujeron asimismo a fuerzas inexpresivas al centro y a la derecha tradicional y reforzaron a candidatos con un discurso afín al mandatario. O en las antípodas de su ideología.
Es en este ámbito, diverso, equilibrado y volátil, donde los analistas arriesgan un pronóstico: “La manera en que el gobierno de Bolsonaro lidie con el Congreso será determinante para su éxito o su eventual fracaso. Casi todo lo que tiene planeado el gobierno depende de la aprobación del Legislativo.
Las dos mayores fuerzas de la Cámara, con 55 diputados cada una, son el Partido Social Liberal (PSL) de Bolsonaro, que solo tenía seis escaños en la pasada legislatura, y el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda, que perdió seis curules), del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien desde abril purga una pena de 12 años de cárcel por corrupción.
Con 30 partidos, se trata del Legislativo más fragmentado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).Para asegurar la gobernabilidad, el presidente apuesta por las bancadas transpartidarias del agronegocio, de la seguridad y de las iglesias pentecostales, que le dieron un apoyo determinante en su elección.
Se calcula que el jefe de Estado contaría así con una base de 300 diputados, cercana a los tres quintos (308) requeridos para las enmiendas constitucionales. Asimismo, por lo menos 33 de los 81 senadores estarían alineados con sus propuestas.
El gobierno podría avanzar sin mayores obstáculos con sus planes de flexibilizar las leyes que restringen la portación de armas y reducen la edad de imputabilidad penal. Una discusión en la que sobresale, la “bancada de la bala”, el influyente lobby de la seguridad del Congreso brasileño, que festejó el decreto que facilita a los “ciudadanos de bien” poseer armas de fuego en su casa.
Pero eso no parece suficiente para este grupo extremo, que a partir de la nueva legislatura promete pujar para que se autorice también el porte de armamento en la calle. El diputado José Augusto Rosa, líder del Frente Parlamentario de la Seguridad Pública, se mostró convencido de que esta bancada suprapartidaria aprobará este año un proyecto de ley que garantice “el derecho del ciudadano a llevar el arma consigo”, algo ahora reservado principalmente a militares, policías y personal del ramo de seguridad.
La “bancada de la bala”, que en la legislatura saliente reunía a 299 de los 513 diputados, dio un apoyo vital a Bolsonaro para su victoria electoral, junto a los lobbies agropecuarios y de las ultraconservadoras iglesias neopentecostales, o grupo “BBB” (“Bala, Buey y Biblia”).
Los críticos dicen que más armas en la calle conllevarán más muertes violentas. Y el diputado responde: “Al contrario. Hoy un marginal tiene la certeza absoluta de que, cuando va a abordar un coche, el ciudadano común, el ciudadano de bien, no estará armado, porque no tiene derecho a la portación de armas. Flexibilizando ese derecho, se va a inhibir el asalto”.
Otros críticos dicen que la seguridad es responsabilidad del Estado, no del ciudadano. Y la “bancada de la bala”, no tiene una expectativa puntual acerca de si se podrán reducir los 63.800 homicidios ocurridos en 2017 en todo Brasil. Pero avanzarán con su armas y sus balas. Hasta donde se lo permitan.
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