Demandas por inacción climática

Cuatro ONGs presentaron la primera demanda judicial contra el Estado francés por incumplimiento de sus obligaciones en la acción contra el cambio climático en la senda de otros países, como Holanda, Colombia y Pakistán.

La iniciativa de Greenpeace, la Fundación Nicolas Hulot, Oxfam France y Notre Affaire à Tous ("Un asunto de todos") fue respaldada por más de dos millones de personas que firmaron la petición “El caso del siglo”, en alusión al calentamiento global.

Un número récord para una petición en internet, en Francia, y coincide con una movilización creciente de la sociedad civil frente al cambio climático en ese país, donde ocurrieron manifestaciones juveniles en el marco de un llamamiento mundial.

Las ONGs decidieron presentar esta demanda tras conminar al gobierno a responder a su requerimiento y recibir una respuesta juzgada insuficiente. “Esperamos mucho tiempo antes de obtener una respuesta del gobierno, en la cual no anuncia ninguna medida nueva, ninguna reforma profunda. Por lo tanto, nos parece normal presentar un recurso jurídico”, dijeron.

En su respuesta en febrero, el gobierno rechazó la acusación de inacción y dijo que aplicaba medidas que “comenzaban a tener efecto”. El presidente francés, Emmanuel Macron, estimó que “esta demanda refleja una movilización”, pero destacó que no se trata “del pueblo contra el gobierno. Hay que dejar de lado estas tonterías. Todos debemos actuar, los gobiernos, las grandes empresas, los ciudadanos”, remarcó.

En su recurso, las ONGs piden al juez que reconozca “el incumplimiento” del Estado en materia de acción climática y “obligue al primer ministro y a los ministros competentes” a poner fin a esta inacción. Los demandantes solicitan que se reconozca un perjuicio moral, con el pago simbólico de un euro y ecológico.

Destacan, además, los objetivos fallidos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero —que empezaron nuevamente a subir en 2016—, de eficacia energética y de energías renovables, con consecuencias directas sobre la salud y la seguridad alimentaria de los ciudadanos, entre otras repercusiones.

El recurso se apoya principalmente en la Carta de Medio Ambiente de 2005 y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo valor vinculante fue reconocido por la Justicia.

“El valor constitucional de la Carta está reconocido y, en ella, el derecho a vivir en un entorno sano y respetuoso con la salud, así como la obligación de vigilancia medioambiental a cargo del Estado”, subrayan los ambientalistas.

Nace una nueva jurisprudencia. El ejemplo más notorio es la victoria de la ONG Urgenda que logró que la Justicia obligara al Estado holandés a aumentar sus ambiciones de reducción de emisiones.

También destacan los casos de Colombia, donde el Tribunal Supremo reconoció la obligación del Estado a emprender acciones tras la demanda presentada por 25 jóvenes, y de Pakistán, donde un hijo de agricultores hizo reconocer el derecho a la vida. Según el Grantham Research Institute, unos 270 recursos están en marcha en 25 jurisdicciones fuera de Estados Unidos, donde se registran más de 800 casos.

¿Cuáles son las posibilidades de que la justicia francesa les dé la razón a las 4 ONGs? Es una cuestión difícil, el recurso es muy ambicioso, reconocen ellos mismos, que esperan la respuesta del juez en un plazo de “uno a dos años”.

Persiguen los ecologistas tres objetivos: que se reconozca expresamente la existencia de la obligación del Estado en materia de lucha contra el cambio climático, que se constaten sus incumplimientos legales y que se le obligue a actuar. 

“Pedimos mucho al juez, pero su margen de maniobra es muy amplio. Tenemos grandes esperanzas, con argumentos científicos y jurídicos sólidos. Pero no solo lo lograremos mediante la Justicia, cada uno debe actuar a su propio nivel”. Muy claro.