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La justicia fiscal europea

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La justicia fiscal europea

En escenarios tecnológicos globales en los que los volúmenes de negocios son enormes y generan miles de millones de dólares anuales, resulta lógico que los organismos estatales presionen con mayores tasas impositivas. La idea persigue un doble propósito: el más notorio que implica una mayor recaudación tributaria; y el no menos notorio, de contralor.

Francia presentó una nueva legislación para aumentar los impuestos aplicables a los gigantes de internet como Google y Facebook, siendo uno de los primeros países en tratar de forzar a estas compañías a pagar más en los mercados donde operan.

El presidente Emmanuel Macron prometió al llegar al poder en 2017 incrementar las tasas sobre estas empresas, considerando que lo poco que pagan es uno de los motivos de la ola antiglobalización que vive actualmente Europa. El Viejo Continente, aún no se repone del divorcio en ciernes, del Reino Unido, y todo aquello que pueda aportar explicaciones lógicas, es analizado con especial atención.

Francia quiso primero crear un impuesto a nivel europeo, pero las objeciones de países como Irlanda, que atrae a las empresas con una “fiscalidad débil”, y el temor a represalias económicas por parte de Estados Unidos, le llevaron a seguir sola ese camino.

Según la propuesta que será debatida por el consejo de ministros y sometida al Parlamento, se aplicará una tasa del 3% sobre las ventas digitales de las grandes compañías en el país.

El monto obtenido desde el 1º de enero con este impuesto llamado “tasa GAFA” -acrónimo para los gigantes estadounidenses Google, Apple, Facebook y Amazon- “debería alcanzar rápidamente los 500 millones de euros” (566 millones de dólares), indicó el ministro de Economía Bruno Le Maire al diario francés “Le Parisien”.

Según la Comisión Europea, a los gigantes de internet se les aplica una tasa de imposición media de 9% en la UE, frente a 23% para las empresas europeas en general. Además, los GAFA transfieren fácilmente sus beneficios de un país a otro más atractivo fiscalmente.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Apple: la Comisión Europea concluyó que el gigante informático había pagado una tasa de 0,005% de sus beneficios europeos en 2014, el equivalente a 50 euros por cada millón.

En 2016, Bruselas le ordenó pagar 13.000 millones de euros en impuestos debidos a Irlanda, un monto juzgado como una ayuda estatal ilegal.

La legislación de la UE permite a los gigantes de internet elegir el país donde declaran sus ingresos, lo que les lleva a hacerlo a menudo en Irlanda, pero también en Holanda y Luxemburgo, con sistemas fiscales beneficiosos.

Según la propuesta francesa, solo las empresas digitales con ventas globales superiores a los 750 millones de euros anuales y a los 25 millones en Francia serán gravadas. “Si no se reúnen ambos criterios, no se impondrá la tasa”, según Le Maire.

Unas 30 empresas de Estados Unidos, China, Alemania, España y Gran Bretaña, así como también francesas, se verían afectadas, precisó. Para Francia, gravar a estas empresas “es una cuestión de justicia fiscal”, puesto que “los gigantes digitales pagan un 14% menos de impuestos que las pequeñas y medianas empresas europeas”.

Irlanda, Dinamarca y Suecia bloquearon los esfuerzos europeos para crear una nueva tasa por temor a provocar una huida de las inversiones, mientras Alemania tampoco secundó la propuesta para evitar una represalia esta-dounidense contra su industria automotor.

Pese a todo, Francia espera que se llegue a un acuerdo global en 2020, a la vez que busca un “terreno de entendimiento” entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En Europa, España, Gran Bretaña e Italia también están trabajando a nivel nacional para crear una tasa digital, así como países como Japón, Singapur e India.

Apple indicó el mes pasado que había alcanzado un acuerdo para devolver el equivalente a 10 años de impuestos, estimados en unos 500 millones de euros. Dinero por millones que genera la tecnología y que los Estados desean “compartir”. La justicia fiscal europea.

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La justicia fiscal europea

En escenarios tecnológicos globales en los que los volúmenes de negocios son enormes y generan miles de millones de dólares anuales, resulta lógico que los organismos estatales presionen con mayores tasas impositivas. La idea persigue un doble propósito: el más notorio que implica una mayor recaudación tributaria; y el no menos notorio, de contralor.

Francia presentó una nueva legislación para aumentar los impuestos aplicables a los gigantes de internet como Google y Facebook, siendo uno de los primeros países en tratar de forzar a estas compañías a pagar más en los mercados donde operan.

El presidente Emmanuel Macron prometió al llegar al poder en 2017 incrementar las tasas sobre estas empresas, considerando que lo poco que pagan es uno de los motivos de la ola antiglobalización que vive actualmente Europa. El Viejo Continente, aún no se repone del divorcio en ciernes, del Reino Unido, y todo aquello que pueda aportar explicaciones lógicas, es analizado con especial atención.

Francia quiso primero crear un impuesto a nivel europeo, pero las objeciones de países como Irlanda, que atrae a las empresas con una “fiscalidad débil”, y el temor a represalias económicas por parte de Estados Unidos, le llevaron a seguir sola ese camino.

Según la propuesta que será debatida por el consejo de ministros y sometida al Parlamento, se aplicará una tasa del 3% sobre las ventas digitales de las grandes compañías en el país.

El monto obtenido desde el 1º de enero con este impuesto llamado “tasa GAFA” -acrónimo para los gigantes estadounidenses Google, Apple, Facebook y Amazon- “debería alcanzar rápidamente los 500 millones de euros” (566 millones de dólares), indicó el ministro de Economía Bruno Le Maire al diario francés “Le Parisien”.

Según la Comisión Europea, a los gigantes de internet se les aplica una tasa de imposición media de 9% en la UE, frente a 23% para las empresas europeas en general. Además, los GAFA transfieren fácilmente sus beneficios de un país a otro más atractivo fiscalmente.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Apple: la Comisión Europea concluyó que el gigante informático había pagado una tasa de 0,005% de sus beneficios europeos en 2014, el equivalente a 50 euros por cada millón.

En 2016, Bruselas le ordenó pagar 13.000 millones de euros en impuestos debidos a Irlanda, un monto juzgado como una ayuda estatal ilegal.

La legislación de la UE permite a los gigantes de internet elegir el país donde declaran sus ingresos, lo que les lleva a hacerlo a menudo en Irlanda, pero también en Holanda y Luxemburgo, con sistemas fiscales beneficiosos.

Según la propuesta francesa, solo las empresas digitales con ventas globales superiores a los 750 millones de euros anuales y a los 25 millones en Francia serán gravadas. “Si no se reúnen ambos criterios, no se impondrá la tasa”, según Le Maire.

Unas 30 empresas de Estados Unidos, China, Alemania, España y Gran Bretaña, así como también francesas, se verían afectadas, precisó. Para Francia, gravar a estas empresas “es una cuestión de justicia fiscal”, puesto que “los gigantes digitales pagan un 14% menos de impuestos que las pequeñas y medianas empresas europeas”.

Irlanda, Dinamarca y Suecia bloquearon los esfuerzos europeos para crear una nueva tasa por temor a provocar una huida de las inversiones, mientras Alemania tampoco secundó la propuesta para evitar una represalia esta-dounidense contra su industria automotor.

Pese a todo, Francia espera que se llegue a un acuerdo global en 2020, a la vez que busca un “terreno de entendimiento” entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En Europa, España, Gran Bretaña e Italia también están trabajando a nivel nacional para crear una tasa digital, así como países como Japón, Singapur e India.

Apple indicó el mes pasado que había alcanzado un acuerdo para devolver el equivalente a 10 años de impuestos, estimados en unos 500 millones de euros. Dinero por millones que genera la tecnología y que los Estados desean “compartir”. La justicia fiscal europea.

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