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Denuncias de un mundo desigual

Por redacción
| 10 de abril de 2019

El derecho a la educación es un privilegio humano reconocido que se proyecta en: la escolarización primaria gratuita y obligatoria para todo ciudadano; la obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para todos los niños; como así también, el acceso equitativo a la educación superior y la responsabilidad de proveer educación básica a los individuos que no han completado lo que respecta al nivel primario.

 

Este derecho es reconocido, aceptado, defendido y aplicado en casi todo el planeta. Resulta una agresión a la inteligencia de las sociedades que un país, una región o un pueblo le impida a las personas alcanzar este derecho.

 

Los jóvenes rohinyás refugiados en Bangladesh enfrentan mayores dificultades desde que el gobierno de ese país adoptó nuevas medidas para impedir su acceso a la educación, con lo que quedan limitadas desde temprano sus oportunidades en el futuro.

 

Desde enero, el gobierno de Bangladesh ordenó la expulsión de los niños refugiados rohinyás de las escuelas, una decisión que provocó la protesta de los grupos de derechos humanos.

 

“La política del gobierno de Bangladesh de rastrear y expulsar a los estudiantes refugiados rohinyás en lugar de garantizar su derecho a la educación es errónea, trágica e ilegal. La educación es un derecho humano básico”, dijo el investigador principal de derechos humanos de Human Rights Watch (HRW), Bill Van Esveld.

 

“Si la educación es para todos, la educación debería ser para los rohinyás también”, manifestó a HRW un estudiante expulsado de esa etnia musulmana procedente de Birmania (Myanmar).

 

Los estudiantes expulsados son parte de los 34.000 refugiados rohinyás registrados, que viven en campamentos en los subdistritos de Teknaf y Ukhiya en Cox’s Bazar. De hecho, la mayoría nació en Bangladesh después de que sus familias huyeran de la vecina Birmania a principios de los años 90.

 

Sin embargo, la mayoría de los niños rohinyás, incluidos los nacidos en Bangladesh, no son reconocidos formalmente como refugiados y no se les permite inscribirse en las escuelas de ese país del sur de Asia.

 

Para soslayar la prohibición, las familias rohinyás a menudo pagaban certificados de nacimiento como bangladeshíes u otros documentos para que sus hijos pudieran asistir a la escuela.

 

Un estudiante dijo que su familia ahorró durante meses para pagar el equivalente a 42 dólares a fin de comprar un certificado de nacimiento de Bangladesh para que él pudiera pasar como ciudadano del país. Otro estudiante fingió que sus padres estaban muertos para evitar incluir la dirección de su campamento de refugiados en la solicitud de su escuela. Son prácticas habituales en pos de alcanzar un derecho que se les niega.

 

En enero, los funcionarios notificaron a los directores de siete escuelas secundarias en Teknaf y a un funcionario del gobierno en Ukhiya que los alertó sobre el aumento en la asistencia escolar de los niños rohinyás y calificó como “representantes públicos deshonestos” a aquellos que les habían ayudado a adquirir documentos para soslayar la prohibición de escolarizarse.

 

“Las agencias de inteligencia de la Oficina del Primer Ministro nos informaron que los niños rohinyás asisten a diferentes instituciones educativas en el subdistrito de Teknaf. Se ordena tomar medidas estrictas para que ningún niño rohinyá pueda asistir a ninguna institución educativa de Bangladesh fuera de los campamentos”, decía el aviso de alerta.

 

Si bien no está claro cuántos rohinyá fueron expulsados desde que se envió el aviso,  la notificación incluía los nombres y direcciones de al menos 44 estudiantes rohinyás identificados, con la orden de expulsión inmediata de los centros escolares.

 

Adicionalmente, en el documento se exigía que se identificase cualquier otro miembro de la etnia y se procediese igualmente.

 

El fundador de una escuela secundaria dijo que los funcionarios de inteligencia le advirtieron que tener estudiantes rohinyás “no era seguro para el país, ni para nuestra gente”.

 

La solución para los niños que se sienten obligados a falsificar sus identidades para ir a la escuela secundaria no es expulsarlos, sino permitirles que obtengan la educación que merecen. Denuncias de un mundo desigual.

 

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