Tras un año de presentaciones y de intentos de mediación infructuosos, la Justicia provincial falló en el “conflicto de poderes” entre el Juzgado de Faltas de la ciudad de San Luis y la Intendencia capitalina. Fue a través de una resolución del Superior Tribunal que intima al Ejecutivo municipal a que en un plazo de 40 días presente un "plan de acción" para devolver el normal funcionamiento a la oficina de 25 de Mayo y Chacabuco. Lo que se traduce en un duro revés para Enrique Ponce y compañía.
El máximo cuerpo judicial local entendió que la Comuna viene avasallando institucionalmente a la dependencia que conduce Alejandro Ferrari, violaba sistemáticamente la división de poderes y contribuyó a su asfixia económica.
La prueba remitida por el Juzgado de Faltas fue elocuente. No maneja recursos económicos, no cuenta con sistema informático propio ni con el sistema de gestión de expedientes municipal digital vigente desde el 2017, dejó de contar con notificadores suficientes para cumplir con las notificaciones del juzgado, también con personal de maestranza para la limpieza. A esto se sumó la falta de provisión de insumos, que debió cerrar el turno tarde por falta de personal y que nunca se realizaron las reformas edilicias solicitadas, entre otros ítems vitales para su funcionamiento.
Carlos Cobo, Lilia Novillo y Martha Raquel Corvalán consideraron que todos esos argumentos llevaron a "un deficiente servicio de justicia contravencional municipal que, sin dudas, afecta a toda la comunidad" en hacer más lentos los trámites.
Ahora es turno de que Ponce y compañía elaboren el plan para remediar y lo presenten a término. El Superior Tribunal ya avisó que aplicará sanciones por cada día de retraso en el cumplimiento de la resolución.
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