Malos gobiernos desprestigiaron al Estado

Y llegó el final. En las tres ediciones anteriores desarrollamos algunas ideas vinculadas a la producción y comercialización agroindustrial y la forma de participación del Estado, tema que ha sido muy discutido en nuestro país, pero de manera muy superficial y solo en función del interés personal de quien lo plantea.

El proceso eleccionario que vive la Argentina hace imprescindible que para efectuar un debate serio sobre esta cuestión se tengan presentes los antecedentes más importantes que se registran en la Argentina, y sobre la descripción de esos antecedentes históricos basamos nuestras conclusiones.

Nada nuevo bajo el sol

Hoy asistimos a un nuevo relato, aquel que trata de “disimular” el efecto de la falta de políticas y del impacto de las medidas “anticampo” anunciadas en septiembre de 2018. Sin embargo muchos tratan de mantener el espíritu “triunfalista”, anunciando una nueva cosecha récord, manipulando estadísticas como en los viejos tiempos. Pero después la realidad se encargará de poner blanco sobre negro. Como el dicho que se escucha habitualmente entre la gente de campo: “No comerse la liebre antes de cazarla”.

Actualmente, varios especialistas y funcionarios no solo pretenden comerse la liebre sin haberla cazado (el resultado de las PASO parece que los está volviendo a la realidad), sino que además se autoelogian anunciado una cosecha récord que según su escaso criterio es consecuencia de las “políticas que ellos diseñaron”. Se olvidan, tal vez que durante los 12 años de kirchnerismo hubo 8 cosechas récord.

En ese “canto de sirenas” que escucharán los productores de parte de los diferentes candidatos, esta vez tienen que estar seguros de que hasta diciembre de 2020 las denominadas retenciones habrán de seguir. Así se votó en el Congreso Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo, cumpliendo con una imposición de nuestros “amigos” del FMI.

Llegado este punto recordemos la historia reciente, según un estudio del especialista Juan Manuel Garzón, de la Fundación Mediterráneo. Durante el gobierno de Néstor Kirchner los productores de los siete principales cultivos pagaron por derechos de exportación un promedio anual de 3.030 millones de dólares. En el primer gobierno de Cristina Fernández, la extracción por este concepto fue de 7.465 millones de dólares promedio anual; y en el segundo gobierno, el promedio fue de 7.955 millones de dólares. El primer año de Mauricio Macri se recaudaron por los derechos de exportación que pagó el campo 4.564 millones de dólares, en el ciclo siguiente la recaudación fue de algo menos de 4.000 millones de dólares, básicamente aportadas por el complejo sojero, ya que hasta septiembre de 2018 el resto de los productos habían quedado exentos de este castigo.

En 2019 los productores agrícolas dejarán de percibir unos 6.300 millones de dólares por la reinstalación de este tributo para todos sus componentes. De ese total, unos 5.050 millones dólares irán al Estado Nacional y 1.300 a “subsidios encubiertos a la industria”. Recuérdese que este es un impuesto no coparticipable.

El debate recién comienza

Todos los países del mundo tienen un alto grado de intervención en el negocio agropecuario. Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Chile, absolutamente todos. En ellos, esa intervención tiene como principal objetivo favorecer mediante la aplicación de políticas activas el desarrollo de la producción y sus productores, generando las condiciones para su establecimiento en el campo. Pocos pueden estar en desacuerdo con este tipo de intervención.

Pero como en muchos otros temas, la Argentina busca diferenciarse del mundo. Para los que hoy reclaman una mayor intervención del Estado sería bueno que repasen la historia reciente y el presente.

Un presente que muestra una gran parte de la sociedad para la que es más importante quién se adueña del negocio del traslado de las cosechas que quien las produce.

Una sociedad en donde gran parte de su clase política construye poder sobre la miseria de su gente.

Una sociedad en donde el Estado lejos está de ser independiente económicamente como lo pregonaba Perón. Hoy el Estado Nacional no es una colonia dependiente de otro país, hoy es un Estado dependiente de los intereses de las grandes corporaciones. La historia reciente lo confirma.

Con todo esto sobre la mesa, queda en evidencia que la necesaria intervención constructiva del Estado Nacional está cada vez más lejos. Solo la credibilidad y el esfuerzo de los jóvenes, que son el presente, podrán convertir la utopía en realidad, siempre y cuando su actuación pueda superar los condicionamientos de la realidad  y que eso les permita dejar atrás la historia reciente que se ha relatado.

El futuro

Estas experiencias, estos caminos recorridos tanto en nuestro país como en los diferentes ejemplos que fuimos mencionando servirán (esperemos) para tener un análisis más amplio de cómo han funcionado y cómo podrían funcionar si nuevamente se implementaran organismos como los descriptos. 

Otra vez las preguntas se repiten: ¿es posible hoy una Junta Nacional de Granos (JNG)?, ¿beneficiaría a los productores? ¿Están las condiciones estructurales dadas para su implementación? ¿Necesita el mercado ser regulado? ¿Puede la intervención estatal combatir la volatilidad de los mercados? ¿Se fomentará la producción bajo este sistema?

Respondamos algunas: hablar de una Junta Nacional de Granos es una tontería, el mundo ha cambiado. Era un instrumento para otras circunstancias y su fracaso en la Argentina tuvo que ver con la corrupción. Australia y Canadá tuvieron estos organismos e hicieron grande su producción en base a un adecuado funcionamiento. Es cierto que en el caso de Australia terminó también con problemas de corrupción, pero negar que fueron organismos exitosas en su origen es forzar conclusiones en función de intereses.

El mercado debe ser libre, pero regido por normas que debe dictar y controlar el Estado, es una de sus funciones indelegables.

La libertad de mercado está repleta de normas que la regulan, aún en los países más liberales, en particular en nuestro sector -hasta el propio presidente Macri lo reconoció cuando tuvo que reimplantar los derechos de exportación-. Como siempre lo recordamos, la Ley Agrícola de los Estados Unidos vigente desde 1933 es la prueba más elocuente de lo señalado. Recientemente se acaba de aprobar la nueva Farm Bill para los productores de Estados Unidos. Simplemente y como referencia, en próximas notas ampliaremos con detalles.

La nueva Ley Agrícola de la principal economía capitalista del mundo destina 400.000 millones de dólares en los próximos 5 años para proteger a la agricultura y la alimentación. En ese presupuesto se incluye, además de los que recibirá mediante diferentes planes la agroindustria, lo que se otorga en carácter de bonos alimenticios para la población más necesitada, unos 50 millones de habitantes.

¿Cómo seguimos?

¿Queda crédito para un nuevo período de este gobierno? El crédito que puede quedar es aquel que surge como consecuencia del temor al regreso a los años recientes. El miedo al kirchnerismo es el único argumento que le queda al gobierno para sostenerse con “viento a favor” en una parte cada vez más concentrada del “campo”.

La oportunidad para que aparezca una alternativa superadora está abierta. El desafío que tiene la oposición no es menor. Por su parte el gobierno sabe que todavía tiene ese pequeño margen con el sector, y que por otra parte a la oposición no es precisamente el campo el grupo de votantes que más le apetece conquistar.

En síntesis, por un lado o por el otro, el “campo” no tendrá medidas tomadas por el gobierno que cubran sus expectativas, y difícilmente reciba promesas demasiado atractivas de las alternativas de cambio en el rumbo político. Para tomar una buena decisión a la hora de depositar su voto, el “campo” deberá analizar mucho más que la política sectorial que se le aplicó y priorizar el país que desea que sea esta Argentina.

Y en cuanto al tema específico de esta larga nota que han tenido la delicadeza de soportar, no he dicho aquí nada que no haya sido escrito antes en esta columna para concluir que no es mala la intervención constructiva del Estado cuando se hace para promover el bien común, como es su función principal. Los que la transforman en mala, y dan pie a la existencia de un liberalismo que no existe en ningún lugar del mundo, son quienes “manejan”  el Estado y diseñan sus políticas y en eso somos nosotros los que tenemos que aprender, de lo contrario seguiremos repitiendo historias y fracasos ya conocidos.