Los Estados de América Latina deben reconocer los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios, y la criminalización de sus luchas debe detenerse, como requisitos para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados en el marco de las Naciones Unidas para 2030.
Se trata de los derechos de más de 800 pueblos con unos 60 millones de personas, 10 por ciento de la población de la región, señaló un estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac).
Los pueblos originarios “padecen un nivel de pobreza superior al de los no indígenas en la región, por lo que debemos terminar con la cultura de los privilegios y adoptar la de la igualdad”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
En América Latina existen 1.223 conflictos territoriales que han generado movilizaciones de los pueblos originarios, en primer lugar frente a explotaciones de minas e hidrocarburos, a las que se ha respondido con represión y criminalización.
Producto de ello, 232 defensores de la vida y los territorios originarios fueron asesinados entre el 2015 y el primer semestre del 2019: en promedio, cuatro defensores o defensoras indígenas asesinados cada mes.
El estudio reconoce avances en el reconocimiento de derechos a los pueblos originarios en la región, y propone superar rezagos.
En primer lugar, se pide a los Estados “resguardar la seguridad jurídica de los derechos originarios de propiedad y posesión colectiva” mediante “mecanismos de demarcación y titulación que aseguren la integridad de los territorios indígenas”, manteniéndolos fuera del juego del mercado.
Igualmente, implementar procesos de consulta previa a las comunidades indígenas sobre cualquier proceso que pueda afectar sus territorios o los recursos naturales que contienen, para obtener su consentimiento libre, pleno e informado.
Un campo importante es la declaratoria de áreas protegidas que hacen los Estados, a menudo sobre territorios ancestrales de los pueblos originarios y que pueden afectar los derechos de esas comunidades.
Los territorios originarios tradicionales, que abarcan 22 por ciento de la superficie terrestre, coinciden con áreas en las que se encuentra el 80 por ciento de la diversidad biológica mundial, y la mitad de las zonas protegidas se ha establecido en tierras tradicionalmente utilizadas por pueblos originarios.
En América Central esa proporción puede llegar a 90 por ciento, y en América del Sur 214 de estas áreas se superponen con territorios de pueblos originarios, entre ellas 79 de Brasil, 16 de Bolivia, 28 de Chile, 15 de Ecuador y 22 de Venezuela.
Es destacable el papel de las comunidades originarias como “fieles guardianas de la agrobiodiversidad”, particularmente útil ante la degradación de los bosques, que cubrían 51 por ciento de la superficie terrestre en la región en 1990 y en 2015 habían disminuido a 46 por ciento, 928 millones de hectáreas.
El estudio propone a los Estados latinoamericanos releer los ODS desde la perspectiva de los derechos de los pueblos originarios, comenzando por asimilar el principio indígena de “buen vivir” al concepto de desarrollo sostenible. Son nuestros pueblos originarios. Les debemos mucho.
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