La excepcional situación que atraviesa el mundo a partir de la pandemia de la COVID-19 transformó —temporalmente— a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en una institución independiente en su sede mundial en Nueva York, lo que provoca también excepcionalmente que Estados Unidos no sea determinante para decidir quiénes participarán este año en su máximo órgano político: la Asamblea General.
El edificio de la Secretaría General está cerrado desde mediados de marzo y las instalaciones de la ONU seguirán siendo una ciudad fantasma hasta finales de julio, y tal vez más allá, con casi 3.000 empleados, delegados y periodistas trabajando en forma digital, principalmente desde sus hogares.
La mayoría de las reuniones, incluidas las sesiones del Consejo de Seguridad, se llevan a cabo a través de videoconferencias, mientras que las “consultas informales” se realizan de forma “remota” e igualmente son virtuales las conferencias de prensa.
La letal pandemia de la COVID-19 va a condicionar también la próxima sesión de la Asamblea General, un acontecimiento anual que tiene lugar en septiembre y habitualmente congrega a más de 150 líderes mundiales.
También trastocó completamente la conmemoración del 75 aniversario del organismo mundial. Es muy probable que por primera vez en esos 75 años de historia los gobernantes de sus 193 miembros sean invitados a participar en la Asamblea General mediante declaraciones pregrabadas en video.
El mensaje para los líderes mundiales condenados al ostracismo por el país anfitrión de la sede de la ONU, Estados Unidos, es claro: en esta ocasión no importa estar en “la lista negra” de Washington, porque no se necesita una visa para ingresar al país y poder llegar al edificio del organismo en Nueva York.
A lo largo del tiempo, Estados Unidos negó las visas de entrada a ciertas personalidades para asistir a las reuniones del organismo mundial, incluidos altos funcionarios de Irán, Siria, Yemen, Libia, Venezuela, Rusia, Corea del Norte o Cuba, entre otros.
Con Washington enfrentado con la propia ONU y la amenaza de un conflicto insoluble entre las dos partes, la COVID-19 proporciona un oasis temporal que va a permitir a la secretaría manejar la 75 Asamblea General de manera más cómoda.
Los gobernantes de miembros del organismo vetados por Estados Unidos podrán dirigirse a la Asamblea mediante video. Una visa estadounidense de entrada ya no será una condición sine qua non para hablar ante la ONU.
Mientras se debate sobre la sesión virtual de la Asamblea, se pospusieron algunas reuniones clave, incluidas las que tienen como epicentro el desarme nuclear, los derechos de las mujeres, los pueblos originarios y la biodiversidad, además de la Conferencia de las Partes (COP26) sobre el cambio climático programada para finales de noviembre en Glasgow, en Gran Bretaña.
Los beneficiarios, si ejercen su derecho a dirigirse a la ONU a través de videoconferencia, incluirían a gobernantes de Irán, Siria, Yemen, Libia, Venezuela, Corea del Norte y Cuba, que son prácticamente designados como persona non grata por Estados Unidos, en tanto se acentúa la confrontación diplomática entre Washington y Beijing.
La COVID-19 cambió el futuro y la ONU no es ajena. Se trata de un oportunidad excepcional para que todos los pueblos no solo estén representados, sino que además puedan ejercer sus voces y sus votos.
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