La crisis de la pandemia de COVID-19 cobra un alto precio en personas y economías, pero el mayor impacto está en la salud y el empleo de millones de mujeres, señaló un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Las mujeres constituyen la mayor parte del personal sanitario de primera línea expuesto al coronavirus (90 por ciento del personal de enfermería), recordó la publicación.
A medida que los países están bloqueados y los sistemas de salud se concentran en combatir al coronavirus, los servicios de salud sexual y reproductiva son marginados y la violencia de género va en aumento.
Las cadenas de suministro en todo el mundo están siendo interrumpidas, afectando la disponibilidad de anticonceptivos y aumentando el riesgo de embarazos no deseados.
Según investigaciones de Unfpa, alrededor de 47 millones de mujeres en 114 países de ingreso bajo y mediano no podrán utilizar anticonceptivos modernos si las medidas de confinamiento o las afectaciones por la COVID-19 continúan interrumpiendo los servicios de salud durante seis meses.
Ese problema puede causar siete millones de embarazos no deseados. También se pueden esperar 31 millones de casos adicionales de violencia doméstica, impulsados por el confinamiento y la pérdida de puestos de trabajo.
La interrupción de programas de protección del Unfpa puede provocar dos millones de nuevos casos de mutilación genital femenina. Se calcula que 52 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a esa práctica por médicos, personal de enfermería y de partería.
La mutilación genital femenina “vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas a la salud, la integridad física, la ausencia de discriminación y a no sufrir un trato cruel o degradante, y puede provocar lesiones físicas y psicológicas graves que se prologan a lo largo de toda la vida de la mujer”, asentó el informe del Unfpa.
También se pueden provocar 13 millones de matrimonios infantiles entre 2020 y 2030 que podrían haberse evitado. Una elevada proporción de menores de 18 años es compelida al matrimonio contra su voluntad en países de África, sobre todo en la zona del Sahel, en India y Bangladesh en Asia, y en Nicaragua en América Latina.
El matrimonio infantil “además de truncar la vida de la niña afectada, perpetúa un ciclo de pobreza para su familia y comunidad. Dificulta que se logre contar con mano de obra cualificada y productiva, algo que tiene un efecto directo en la solidez de la economía”, sostuvo el estudio.
Por otra parte, las mujeres son quienes más trabajan en mercados laborales inseguros y son afectadas, como cabezas de hogar, por los impactos económicos de la pandemia.
Casi 510 millones de mujeres, 40 por ciento de las que trabajan, están en sectores muy golpeados por la COVID-19, tales como los servicios de alojamiento y alimentación, las actividades inmobiliarias y administrativas, el comercio y la manufactura, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el caso de América Latina, 78 por ciento de las mujeres que trabajan en el empleo doméstico opera en la informalidad —más de 90 por ciento en América Central y el Caribe— y sus ingresos son inferiores o a lo sumo iguales a la mitad del promedio de todas las personas ocupadas.
El cierre de escuelas, que implica más horas de atención a los hijos y las mayores necesidades de atención a las personas mayores, incrementó la labor de cuidado no remunerado que recae principalmente sobre las mujeres.
El desafío para la nueva normalidad será la recuperación de la plenitud de los derechos de las mujeres del mundo. Tan grande e importante como se explica.
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