Un juez le pidió al Gobierno mantener la vigilancia en las fronteras del norte

En momentos en los que debiera primar la unidad de los puntanos frente a la pandemia de coronavirus, en varias localidades del norte provincial parece haberse generado una grieta entre vecinos. Por un lado, ha habido manifestaciones en contra de la decisión del Comité de Crisis de volver a Fase 1 a varias localidades norteñas luego de detectar un caso positivo de COVID-19 en Tilisarao y que, ante la imposibilidad de saber con exactitud con quiénes estuvo en contacto el contagiado, la zona debe permanecer en aislamiento estricto; por otro, un grupo de habitantes merlinos se presentó en la Justicia para pedir que se arbitren todos los medios posibles para reforzar los controles en pasos fronterizos para protegerse del brote que asola a Traslasierra. Atento a ello, el juez Penal de Santa Rosa, Jorge Pinto, dictó una medida cautelar en la que le pide al Ejecutivo " mantener y/o mejorar el estatus sanitario de la provincia de San Luis" manteniendo los controles y las medidas adoptadas.

A pesar de haber respaldado el pedido de los vecinos con una resolución judicial, Pinto no tiene competencia sobre el caso, ya que es de injerencia de la Justicia federal de San Luis, que ya se pronunció a partir de una presentación de productores cordobeses y que le dio la razón al gobierno puntano sobre la necesidad de mantener cerradas y controladas las fronteras provinciales.

El documento de Pinto, que fue firmado este miércoles y trascendió en las últimas horas, se apoya en los siguientes puntos:

"(…) vecinos de la Villa de Merlo, con el patrocinio letrado de la Dra. Lorenza Gareca, manifiestan que se presentan a fin de requerir se dicte medida cautelar tendiente a proteger y mantener en la región el estatus sanitario establecido por el gobierno provincial para el control de la COVID-19.

Expresan en tal sentido que han tomado conocimiento de la existencia de conflictos suscitados entre transportistas y particulares que pretenden ingresar y circular por la región (norte provincial) sin cumplir con los protocolos establecidos por el gobierno provincial (…) señalando que el estatus sanitario alcanzado por la provincia de San Luis se ve amenazado por inoportunos intereses que pretenden transgredir ingresando y/o circulando por el territorio provincial, en violación a la normativa y regulaciones provinciales dictadas en consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19, cuya legitimidad y constitucionalidad ha sido sostenida por el Sr. juez federal de San Luis.

"(…) por otra parte, apuntan que las medidas adoptadas por el gobierno nacional y el Poder Ejecutivo Provincial son las únicas herramientas que se tienen ante la ausencia de otros recursos médicos que impidan la propagación de la enfermedad; recordando lo dicho por los científicos especialistas referido a la falta de un tratamiento antiviral efectivo".

En la cautelar, Pinto considera "que en el presente caso se encuentran reunidos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la cautelar solicitada, en especial, en lo que hace a la verosimilitud del derecho y peligro en la demora invocados por los presentantes", y se apoya en una descripción de la situación que vive Traslasierra, donde "se han confirmado múltiples casos positivos de COVID-19, lo cual ha de suponer sin mayor hesitación que un tránsito entre provincias sin los debidos controles pertinentes pone en riesgo el actual estatus sanitario conseguido por esta provincia de San Luis tras más de cien días de obrar en tal sentido".

El magistrado también advierte que en las medidas del Ejecutivo puntano "no se advierte ausencia de razonabilidad y/o ilegalidad y/o falta de proporcionalidad, en cotejo con las exigencias de la emergencia y situación excepcional, ni se advierte prima facie un ejercicio arbitrario con desborde de facultades y/o competencia para su generación".

Como es habitual, Pinto le corrió vista al fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, que aclaró la incompetencia del al Justicia provincial ante el tema. No obstante, el juez resolvió "hacer lugar a lo dictaminado por el Sr. agente fiscal, sin perjuicio del dictado de medida al efecto, con carácter cautelar, provisorio y protectivo".