Es una constante en la política latinoamericana que líderes que han ostentado los más altos honores en la presidencia de sus países terminen en cárceles, deambulando por los tribunales de Justicia o impedidos de seguir ejerciendo cargos públicos.
Esa constante marca una línea de conducta que explica muchos de los padecimientos estructurales de la región y ofrece también una imagen muy deteriorada de la calidad republicana de estos países. Pasa en Argentina, Brasil, Bolivia, México, Colombia, Paraguay, y recientemente, Ecuador.
La Justicia de Ecuador confirmó la condena por corrupción contra el expresidente Rafael Correa, por lo que lo inhabilitó de manera definitiva a participar de las elecciones presidenciales de 2021 en ese país.
Correa criticó duramente la medida apenas se conoció: "Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia definitiva para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer”, expresó en su cuenta de Twitter.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana rechazó con su veredicto la última instancia legal a la que Correa podía recurrir para que se anule la sentencia a ocho años de prisión en su contra, dictada en abril.
De esta manera, confirmó que el exmandatario, procesado en ausencia al encontrarse en Bélgica, recibió al igual que varios de sus colaboradores sobornos de distintas empresas a cambio de contratos públicos.
La Fiscalía lo acusó de liderar una “estructura jerárquica” para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7,5 millones de dólares. Entre ellas se encuentra la constructora brasilera Odebrecht, investigada en numerosos países latinoamericanos por haber incurrido en prácticas de esa naturaleza.
En las audiencias a inicios de marzo, la fiscal general Diana Salazar acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: “Todo estaba organizado desde arriba”.
Correa, de 57 años, y quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, fue también vinculado al caso por US$ 6.000 que ingresaron a su cuenta bancaria y que, según él, fueron un préstamo de un fondo de su partido político, la izquierdista Alianza País.
“Jamás he permitido un soborno. Es una persecución política, están destruyendo familias por perseguirme a mí”, expresó Correa durante la audiencia. La condena trae aparejada la inhabilitación para postularse a cargos públicos de por vida.
Ello, efectivamente, impide a Correa continuar con su postulación a vicepresidente por la coalición Unión Nacional por la Esperanza (UNES), en la que hubiera sido el compañero de fórmula del economista Andrés Arauz en las elecciones presidenciales de febrero del año próximo.
La candidatura de Correa estaba en suspenso, dado que el CNE ecuatoriano no permitió que su hermana y representante legal lo registre en el país andino. Las autoridades justificaron su decisión en la necesidad de que hiciera el trámite de manera “personalísima” en base a una enmienda de 2012.
Es un drama repetido en Latinoamérica y explica muchas cosas.
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