El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su órgano político más poderoso, permaneció en silencio o fue ineficaz en la resolución del conflicto armado de más larga data en Medio Oriente, que involucra a israelíes y palestinos. Y lo vuelve a hacer ante la mortífera escalada actual del enfrentamiento.
Varios intentos de condenar a Israel por sus excesos se vieron frustrados por las sucesivas administraciones estadounidenses, que ejercieron el poder de veto en el Consejo de Seguridad para proteger a uno de sus principales Estado cliente: Israel.
La supervivencia de ese país ha dependido en gran medida de los miles de millones de dólares de ayuda económica y militar de Estados Unidos, de los sistemas de armamento de última generación y de las subvenciones militares directas repartidas sin costo para el gobierno de Tel Aviv.
Washington vetó no menos de 45 resoluciones críticas con Israel, haciendo así que el Consejo de Seguridad “sea efectivamente impotente”.
Ningún otro Estado de los otros cinco miembros del Consejo “ni siquiera se acerca” a tantos vetos de Washington para defender sus políticas y ataques contra Palestina y los palestinos, aseguran los especialistas sobre la política y decisiones del directorio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
China, Francia, Reino Unido y Rusia son los otros cuatro miembros permanentes y con poder de veto del (CSNU), a los que se suman otros 10 miembros rotatorios, en un virtual directorio de la ONU en el que han fracasado hasta ahora todos los intentos por ampliarlo y hacerlo más abierto e igualitario.
En enero de 2017, una abrumadora mayoría bipartidista del Congreso estadounidense aprobó una resolución que se opone a la participación de las Naciones Unidas en la cuestión de Israel y Palestina.
En esa decisión legislativa se subraya que todos los asuntos vinculados al tema deben resolverse solo mediante diálogos bilaterales entre los israelíes y los palestinos, incluso sobre los territorios ocupados ilegalmente por Tel Aviv.
Una posición a la que se ha ceñido el presidente Joe Biden durante el estallido de una nueva confrontación este mes.
Por ello, es poco probable que la administración de Biden permita que se apruebe cualquier resolución en el CSNU que critique los ataques israelíes en Jerusalén Este o Gaza, incluso si se compensa con una crítica a las acciones palestinas, ya que, en opinión de Washington, toda acción militar de Israel es, por definición, “defensa propia”.
A principios de la segunda semana de mayo, un portavoz del Departamento de Estado defendió los ataques aéreos israelíes en una concurrida zona urbana de la Franja de Gaza alegando que “todo Estado tiene derecho a la autodefensa”.
Ante las repreguntas de los periodistas, el portavoz no estuvo dispuesto a reconocer, incluso en el plano teórico, que los palestinos también tienen derecho a la autodefensa.
Biden se mantuvo dentro del libreto de los presidentes estadounidenses, cuando el martes 11 dijo que espera que las tensiones israelí-palestinas se “reducirían más pronto que tarde”, al mismo tiempo que remarcó que “Israel tiene derecho a defenderse, cuando hay miles de cohetes volando hacia su territorio”.
En las declaraciones públicas, tanto el presidente como sus colaboradores han ignorado los letales ataques aéreos israelíes con aviones de combate suministrados por Estados Unidos, que hasta ahora han matado al menos a 67 palestinos, entre ellos mujeres y niños, al tiempo que han convertido casas y edificios en escombros.
La política del Consejo de Seguridad de la ONU ve con un solo ojo lo que el resto del mundo ve claramente.
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