Desfigurar la verdad se ha vuelto recurrente para la gestión del presidente Jair Bolsonaro, pero cobra su precio en más muertes por COVID-19 y en la desconfianza internacional respecto al gobierno en Brasil.
Las restricciones a la circulación de personas, como el confinamiento hogareño o el cierre de bares, iglesias, teatros y playas, son medidas “dictatoriales” que violan la Constitución y la libertad de movilidad, corean bolsonaristas que piden la intervención militar para asegurar “sus derechos”.
Protestan contra los gobernadores de estados y alcaldes que intensificaron las restricciones ante la propagación del coronavirus y el colapso inminente o ya establecido en sus hospitales en los últimos meses, y contra el Supremo Tribunal Federal que reconoció la legitimidad de tales acciones de los gobiernos regionales y locales.
La pandemia ya provocó 417.176 muertes en Brasil, según los registros oficiales hasta el 7 de mayo. Esa cantidad solo es superada por la de Estados Unidos y representa 1.945 muertos por millón de habitantes, uno de los índices más elevados del mundo y superior al estadounidense.
Pero Bolsonaro sigue insistiendo que suspender las actividades económicas es más letal y disruptivo que la enfermedad. Su prédica por la liberación de la economía, para recuperar empleos, y por el uso masivo de medicamentos charlatanes debilita las acciones preventivas locales y activa presiones de comerciantes y empresarios contra los alcaldes y gobernadores.
Actos callejeros de apoyo a Bolsonaro para que imponga sus convicciones “libertarias” tuvieron lugar el 1° de mayo en decenas de ciudades brasileras y deberán repetirse el 15 de mayo, esa vez protagonizados por los grandes productores agropecuarios.
La confusión, o incluso la inversión, entre democracia y dictadura es inherente al oficialismo. La matriz de esas creencias contradictorias es el poder militar que se consolidó en Brasil durante la dictadura de 1964 a 1985, se replegó por tres décadas y volvió en 2018 de la mano de Bolsonaro, por la vía de elecciones libres.
Los jefes militares nunca reconocieron como dictatorial su régimen. Una “revolución democrática” o un movimiento para impedir la dictadura comunista es como califican al golpe de Estado que protagonizaron en 1964.
Esa premisa, que consideran legitimada por el triunfo electoral del candidato militar en las elecciones presidenciales de octubre de 2018, permite inferir otras tergiversaciones, como el derecho del presidente de gobernar, como quiere.
De ahí se desprende la posición de que el Supremo Tribunal Federal estaría trabando la gobernación, al invalidar numerosas medidas por inconstitucionales. Y lo mismo hace el legislativo Congreso Nacional al rechazar propuestas del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, las peores tragedias de una visión falseada de la pandemia están bajo examen de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado desde el 4 de mayo. En realidad se trata de sistematizar las muchas malas acciones y apuntar responsabilidades, ya que casi todo es público. Hubo cuatro ministros de Salud en 14 meses, por ejemplo.
La gran dificultad, o incluso imposibilidad, es gobernar un país complejo de 213 millones de habitantes y que mayoritariamente dice aprobar la democracia, con ideas fuera de la realidad, retrógradas. Hacer girar la historia al revés es lo que Bolsonaro fuerza a diario.
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