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Crisis que emergieron de la COVID-19

Por redacción
| 24 de julio de 2021

Las secuelas económicas de la pandemia provocaron un aumento de las protestas, cuyas consecuencias económicas podrían ser duraderas. Son protestas que pueden ser detonantes de reformas políticas y cambios sociales. Pero, ¿qué impacto tienen sobre la economía?

 

De acuerdo con el último Índice de Paz Global, el número de disturbios, huelgas generales y manifestaciones antigubernamentales en todo el mundo aumentó un alarmante 244% en la última década.

 

Los confinamientos y el miedo a los contagios forzaron una pausa temporal. Pero prácticamente en todas las regiones del mundo reaparecieron los manifestantes.

 

Las causas varían entre la frustración por la gestión de la crisis por parte de los gobiernos y el aumento de la desigualdad y la corrupción, factores que suelen incrementar las tensiones y disparidades existentes, y que en los períodos posteriores a pandemias anteriores dieron lugar a tensiones sociales.

 

De acuerdo al Índice de Tensión Social Reportada (RSUI, en inglés) —elaborado por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la base de la cobertura mediática—, los costos económicos a corto y mediano plazo de la tensión social pueden ser de hecho bastante pronunciados, sobre todo en las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

 

No todos los países y los eventos son iguales.

 

El impacto adverso de la tensión suele ser mayor en países con instituciones débiles y margen de maniobra de la política económica limitado. Por tanto, se espera que los países cuyos fundamentos económicos antes de la pandemia eran débiles sean los que más sufran si el descontento social se convierte en tensión.

 

El impacto económico de la tensión también varía según el tipo de evento: las protestas motivadas por inquietudes socioeconómicas dan como resultado contracciones más profundas del PIB, en comparación con las asociadas principalmente con la política o las elecciones. Los impactos más importantes los generan las manifestaciones desencadenadas por una combinación tanto de factores socioeconómicos como políticos, similar a lo que sucedió en Túnez y en Tailandia a principios de este año.

 

Las protestas públicas pueden expresar la necesidad de un cambio de políticas. Los gobiernos deben escuchar y responder, pero también intentar anticipar las necesidades de la gente con políticas dirigidas a proporcionar una oportunidad justa de prosperidad para todos.

 

Impulsar el empleo, frenar el impacto a largo plazo de la crisis y proteger a quienes se quedaron atrás deben seguir siendo prioridades.

 

Un reciente estudio del personal técnico del FMI señaló que, para tener éxito y evitar conflictos, las reformas deben realizarse con un amplio diálogo social sobre el papel del Estado y sobre cómo financiar de forma sostenible la presión sobre el presupuesto. De otro modo, los costos económicos de la pandemia se verán agravados por los costos de la tensión resultante.

 

Son las crisis que emergieron de la gran crisis de la COVID-19, y permanecerán hasta que la presión sanitaria sobre los presupuestos le deje espacio a la reactivación.

 

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