Las migraciones, la agudización de la desigualdad y la adaptación a la era digital son, después de la pandemia, tres de los desafíos más grandes que enfrentan los organismos públicos de Derechos Humanos en América Latina.
Los representantes de los 21 países que forman la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) reflexionaron sobre estos retos y plantearon la necesidad de trabajar más intensamente con los grupos que requieren atención prioritaria.
Los retos no son menores y los defensores del Pueblo reconocen que son necesarios cambios profundos en el sistema No jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos, para agilizar la atención y resolución de los problemas cotidianos de la gente en países que tienen profundas desigualdades.
Por ejemplo, en 2021 hubo un aumento sin precedentes de la población desplazada forzadamente de su región y según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el continente americano hay 20 millones de personas refugiadas, en condición de asilo, desplazadas internas y apátridas.
Eso significa que una de cada 6 personas desplazadas en el mundo están en esta región. Y mientras la violencia políticosocial continúa y crece, ahora deben agregarse los impactos negativos del cambio climático.
Esto genera un continuo desplazamiento forzado de la región que incluye a poblaciones muy vulnerables. Con ese contexto, las instituciones de derechos humanos de cada país son fundamentales ante la imposibilidad de los sistemas de asilo de responder a la demanda, bajo una presión desproporcionada.
Un dato lo ilustra: México y Costa Rica ocuparon el tercer y cuarto lugar del mundo de países receptores de solicitudes de asilo, solo detrás de Estados Unidos y Alemania.
México tuvo 130.000 solicitudes de asilo en 2021 y en 2022 ya tiene más de 100.000; en contraparte, las 151.000 personas que cruzaron las selvas del Darién, entre Colombia y Panamá, entre enero y agosto de este año ya superan las 133.000 registradas el año pasado.
Para los especialistas, la constante movilidad de personas en el planeta representa el gran desafío para los derechos humanos en la era digital.
La violencia de género, la invisibilización de la infancia y los problemas derivados de la tenencia de tierra y la expansión de actividades extractivas, que han exacerbado los riesgos de los defensores ambientales, fueron debatidos en las mesas sobre redes de mujeres, infancia y comunicación.
Son fenómenos marcados por la misma línea: la desigualdad que permanece en América Latina y que creció durante la pandemia.
Los defensores de pueblos originarios y procuradores de derechos humanos de la región coincidieron también en que la pandemia incrementó las desigualdades y puso en la agenda violaciones de derechos humanos que no eran tan visibles, como la falta de acceso a la educación y a la salud pública.
En ese sentido, coincidieron en que uno de los principales retos será la adaptación de los organismos públicos de defensa de derechos humanos al mundo digital.
La pandemia detuvo en seco no solo a la sociedad, sino también a la administración. Quedaron personas sin diagnosticar, sin cobrar los subsidios o sin trabajo. Eso hace que las oficinas de defensores del Pueblo tengan más problemas que antes, cuyo reto más grande es hacer que las cosas vuelvan a funcionar.
Son algunos de los desafíos que enfrentan los defensores de Derechos Humanos en Latinoamérica.
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