La inmigración ilegal es una crisis en crecimiento para un número cada vez mayor de países en todo el mundo y a los gobiernos les resulta extremadamente complejo lidiar con esta crisis.
Los países de destino enfrentan cifras récords de cruces fronterizos ilegales y llegadas no autorizadas a sus costas, miles con visados vencidos y millones de hombres, mujeres y niños que residen ilegalmente en esas naciones.
En muchos de esos países, la migración ilegal es considerada una amenaza a la soberanía nacional que socava la integridad cultural. La migración ilegal también crea pérdidas financieras en los fondos públicos.
Algunos funcionarios, así como gran parte de la comunidad en esos países, han descrito la continua inmigración ilegal a sus fronteras y costas como una “invasión”, una “situación de batalla” y una “amenaza a la seguridad”. Y algunos han pedido a sus gobiernos que “los envíen de regreso”.
La inmigración ilegal también socava el estado de derecho, amenaza la cooperación regional, desafía a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, erosiona el apoyo público a la migración legal, altera el equilibrio político y aumenta el nativismo y la xenofobia.
Las preocupaciones de la comunidad sobre la inmigración pueden rastrearse en la creciente influencia de los partidos políticos de extrema derecha en países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Suecia y Estados Unidos.
Los programas y planes gubernamentales para contrarrestar las redes de tráfico de migrantes tuvieron poco éxito. Los intentos internacionales para abordar la inmigración ilegal, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, no disminuyeron la inmigración ilegal ni las actividades de las redes de contrabando.
Un factor importante detrás del aumento de la inmigración ilegal es la gran y creciente oferta de hombres, mujeres y niños que en los países de origen desean emigrar a otro país y por cualquier medio posible, incluida la inmigración ilegal. El número de personas en el mundo que desean emigrar a otro país es de casi 1.200 millones.
Los más de mil millones de personas que desean migrar representan alrededor del 15% de la población mundial.
El país con el mayor número de inmigrantes es Estados Unidos, con casi 48 millones de residentes nacidos en el extranjero en 2022, o aproximadamente el 14% de su población. Alrededor de una cuarta parte de esos inmigrantes, o aproximadamente 11,4 millones, son ilegales.
Mientras que una estimación del número total de inmigrantes en el mundo está fácilmente disponible, la cantidad de inmigrantes ilegales es un asunto muy diferente con pocas estimaciones confiables disponibles a escala global.
Hace casi dos décadas fue estimado que quizá el 20% de los inmigrantes del mundo eran no autorizados. De aplicar esa proporción al número total actual de inmigrantes de 281 millones, se obtiene una estimación de unos 56 millones de inmigrantes no autorizados.
Los derechos humanos ampliamente reconocidos con respecto a la migración internacional son relativamente sencillos. Los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen respectivamente: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país” y “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.
Sin embargo, no todas las personas tienen derecho a ingresar o permanecer en otro país.
La entrada ilegal a un país y la permanencia más allá de una visita temporal claramente no son derechos humanos reconocidos.
Este desafío es cada vez más acuciante para los liderazgos globales.
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