El edificio del Partido Justicialista (PJ) puntano experimentó una jornada agitada el 1º de mayo de este año. Ese día un grupo de militantes y dirigentes que responden a Adolfo Rodríguez Saá, de manera desorganizada y con altas dosis de prepotencia, presentó dos misivas en la sede en la que expresaban discordancias con el rumbo de la provincia y solicitaban retornar al espacio partidario, pedido escrito que fue acompañado por agravios y exclamaciones para que se entregara “el partido, el gobierno y el poder”.
La voz cantante de esta aparición en la sede ubicada en la avenida Héroes de Malvinas fue Alicia Arrieta, quien estuvo acompañada por dirigentes como Alfonso Vergés, Enrique Ponce, Carmelo Mirábile, Aníbal Gómez y Berta Arenas. Los simpatizantes adolfistas fueron recibidos por la secretaria del Consejo Departamental Pueyrredón, Juliana Lucero, y los dirigentes Joaquín Sopeña, Ignacio Muñoz y Facundo Rodríguez Ianello.
La respuesta al petitorio, firmada por la presidenta del Consejo Provincial del PJ, María Angélica Torrontegui, y difundida hace pocos días, representa la contracara de aquella jornada tumultuosa: el documento oficial es objetivo, preciso e inapelable. Primero determina que “no se advierte la condición de afiliados al Partido Justicialista de los y las firmantes”, lo que se traduce en que la admisión o reincorporación de los dirigentes carece de todo sentido.
Además, el texto recuerda que las autoridades partidarias actuales se encuentran ejerciendo el mandato “estatutariamente conferido y debidamente registrado” en el Juzgado Federal de la ciudad de San Luis, con una competencia electoral cuya duración es de cuatro años para el período 2020-2024, “por lo que actualmente no existe convocatoria alguna para su renovación”.
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