Los límites entre seguridad y vigilancia

Los gobiernos del mundo utilizan, cada vez más, la vigilancia digital en sus estrategias de seguridad nacional, afectando el derecho de las personas a la privacidad.

Así lo advirtió en un informe la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

La alta comisionada Nada Al-Nashif dijo en la presentación del informe que “las tecnologías digitales aportan enormes beneficios a las sociedades, pero la vigilancia omnipresente tiene un alto costo, ya que socava los derechos y frena el desarrollo de democracias dinámicas y plurales. En resumen, el derecho a la privacidad está más en peligro que nunca. Por eso es necesario actuar, y hacerlo ahora”, agregó.

La Acnudh pidió el control de estos medios cibernéticos con una regulación eficaz, que cumpla con las leyes y las normas internacionales sobre protección de los derechos humanos, en particular “el derecho a la intimidad de las personas ante el uso cada vez más extenso de herramientas tecnológicas de vigilancia, control y opresión”.

El análisis está centrado en tres áreas específicas, la primera es el abuso que cometen las autoridades estatales con las herramientas de piratería intrusiva, programas espía o “spyware”.

Luego, en el papel clave que desempeñan los métodos de encriptación en la protección de los derechos humanos en línea; y, asimismo, en las repercusiones de la vigilancia digital generalizada de los espacios públicos, tanto en línea como fuera de internet.

En el primer caso, el informe detalla cómo algunas herramientas de vigilancia —por ejemplo, el programa informático Pegasus— pueden convertir la mayoría de los teléfonos inteligentes en “dispositivos de vigilancia las 24 horas del día”.

Esa conversión permite al “intruso” acceder no solo a toda la información almacenada en los teléfonos móviles, sino que también los convierte en un arma para espiar las vidas de sus propietarios.

“Aunque supuestamente son desplegados para combatir el terrorismo y la delincuencia, estas herramientas de espionaje se han utilizado a menudo por razones ilegítimas, como la represión de las opiniones críticas o disidentes y de quienes las expresan”, indicó el informe.

Entre las víctimas predilectas están los periodistas, las figuras políticas de la oposición, y los defensores de los derechos humanos, agregó el reporte.

Ya en julio de 2021 un informe de Acnudh registraba que diversas investigaciones revelaban que el programa Pegasus, de la empresa israelí NSO, había espiado unos 50.000 números de teléfono de jefes y jefas de Estado y de gobierno, de otros políticos, de activistas de derechos humanos y de periodistas de todo el mundo.

Por ello subrayó la necesidad de tomar medidas urgentes para afrontar la propagación de los programas espía, y reiteró el llamado a una moratoria sobre el uso y la venta de herramientas de piratería informática hasta establecer las garantías adecuadas para la protección de los derechos humanos.

El criterio defendido es que la intervención electrónica de un dispositivo personal por parte de las autoridades solo debería efectuarse como último recurso, y en casos que sirva “para prevenir o investigar un acto específico que suponga una amenaza grave para la seguridad nacional o un delito grave específico”.

Determinar los límites entre seguridad y vigilancia forma parte de los nuevos retos que plantean las sociedades actuales.