El trato que reciben los migrantes en Estados Unidos, la primera potencia económica y militar del planeta, está seriamente cuestionado, luego que Amnistía Internacional (AI) denunciara que los gobernadores republicanos de los estados sureños de Arizona, Florida y Texas utilizan a los migrantes como un botín político, al enviarlos de modo obligado a ciudades del noreste de Estados Unidos.
La directora para el hemisferio de AI, Érika Guevara Rosas, publicó en Twitter: “La crueldad de las prácticas de traslado de grupos de personas migrantes y solicitantes de refugio impuestas por los gobernadores de Texas, Arizona y Florida son una muestra de su desdén por los derechos humanos y la dignidad de quienes necesitan protección”.
Desde mayo, los gobernadores Doug Ducey (Arizona), Ron De Santis (Florida) y Greg Abbott (Texas) han enviado, a ciudades como Washington, Nueva York y Chicago, aviones y autobuses repletos de inmigrantes irregulares interceptados en la frontera, sobre todo centroamericanos y venezolanos.
“Vemos cómo estos gobernadores republicanos se aprovechan del contexto crítico y de las necesidades de estas personas para utilizarlos como botín político, para ganar popularidad entre sus simpatizantes más conservadores”, dijo Guevara Rosas.
Los migrantes, a menudo familias enteras, son obligados a abordar los transportes, son desembarcados sin previsión alguna de refugio en lugares públicos de las ciudades de destino y quedan dependientes de iniciativas locales de ayuda humanitaria.
Solo a la ciudad de Washington llegaron en los últimos tres meses más de 9.000 personas reenviadas desde el sur, lo que forzó a la alcaldesa Muriel Bowser a crear una oficina especial para atender el tema y buscar recursos extraordinarios de asistencia y seguridad.
El telón de fondo político es la confrontación entre los partidos Demócrata —del presidente Joe Biden— y Republicano, que medirán fuerzas en las elecciones de mitad de período en noviembre, en las que estarán en juego un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes y 36 gobernaciones de estado.
La crisis escaló espectacularmente después que el 14 de septiembre aterrizaron en la rica isla Martha’s Vineyard —donde hay mansiones y casas de millonarios y expresidentes demócratas—, en el nororiental estado de Ma-ssachusetts, dos aviones con inmigrantes, fletados por el gobernador de Florida.
La mayoría de esos inmigrantes eran venezolanos a quienes se les hizo creer, al abordar, que su destino sería la ciudad de Boston, también en Massachusetts.
De Santis justificó la medida como réplica “a la inacción del gobierno (central), que no mueve un dedo” para hacer segura la frontera sur.
El día 15 dos autobuses con inmigrantes enviados desde Texas llegaron cerca de la casa en Washington de la vicepresidenta, Kamala Harris, a quien Biden encargó el manejo de la inmigración en la frontera sur.
Para la Casa Blanca los gobernadores republicanos “utilizan a los migrantes como peones políticos: es vergonzoso, imprudente y simplemente equivocado. Recuerden además que son personas que huyen de la penuria”.
El propio Biden advirtió a los gobernadores que “están jugando a la política con seres humanos. Lo que están haciendo simplemente está mal, es antiestadounidense, es imprudente”.
Migrantes expulsados y trasladados entre estados, sin información, sin su consentimiento y “en violación de las propias leyes estadounidenses”. Estados Unidos está en deuda con esos seres humanos.
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