Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben abordar problemas crónicos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia, señaló Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2023.
La organización humanitaria, dijo que “los líderes de la región deberían demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, promoviendo los derechos a la salud, la educación y la seguridad y fortaleciendo el estado de derecho”.
Según (HRW), las carencias crónicas para enfrentar estos problemas han sido usadas por algunos dirigentes para justificar políticas que restringen o violan derechos humanos e impulsaron a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero.
Durante 2022 resultaron electos o tomaron posesión del cargo nuevos presidentes en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Honduras, en tanto que en 2023 y en 2024 habrá elecciones en Argentina, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela.
Algunas de estas elecciones sucedieron en un contexto de violencia política y ataques a la independencia de las instituciones electorales, y numerosos candidatos propusieron debilitar los derechos humanos y las garantías democráticas.
El Informe Mundial 2023 de (HRW) examinó la situación de los derechos humanos en casi 100 países, y afirma que en un mundo en el que las dinámicas de poder han cambiado, ya no es posible confiar en un pequeño grupo de gobiernos, en su mayoría del Norte, para defender los derechos humanos.
En América Latina y el Caribe, casi un tercio de la población vive en la pobreza, más de una décima parte en la pobreza extrema, y más de la mitad de los ingresos totales de la región van a parar al 20% más rico.
El racismo estructural continúa presente, y la pobreza y la desigualdad afectan en forma desproporcionada a mujeres, niños, niñas y personas indígenas.
Por otra parte, la deforestación y los incendios forestales están llevando a la selva amazónica a un punto de inflexión del cual no podrá recuperarse, según advierten los científicos.
“En Brasil, las políticas ambientales desastrosas del gobierno del expresidente, Jair Bolsonaro, generaron en 2021 la deforestación más acelerada en 15 años, y en Venezuela, la minería ilegal está causando gravísimos daños al medioambiente y a las comunidades originarias”, expuso el reporte.
La deforestación ilegal desenfrenada está devastando la biodiversidad de la región y los medios de vida de quienes viven en los bosques y, junto a la industria de combustibles fósiles, sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero.
También los altos niveles de violencia en la región siguen siendo una preocupación. América Latina y el Caribe son las regiones con la tasa anual de homicidios más alta del mundo, de 21 por cada 100.000 habitantes.
En México, durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, “los delitos violentos han llegado a máximos históricos. López Obrador profundizó estrategias fallidas de militarización que habían implementado sus predecesores”.
En Haití, “en un contexto de crisis política y humanitaria, las pandillas son responsables de una ola de asesinatos, secuestros y violencia de género, y el sistema de justicia de Haití está prácticamente colapsado”.
Las deudas de América Latina respecto a los Derechos Humanos son una rémora con la que inicia el 2023.
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