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El genocidio de Bolsonaro

Por redacción
| 30 de enero de 2023

Detener lo que muchos califican como genocidio del pueblo originario yanomami, en el extremo norte del país, agrega urgencias al nuevo gobierno de Lula en Brasil, perturbado por un ataque golpista y una crisis militar en su primer mes de gestión.

 

Las imágenes de niños desnutridos y enfermos, con sus costillas sobresalientes, conmovieron al mundo al revelar la tragedia humanitaria que venían denunciando los líderes originarios y el Ministerio Público (fiscalía).

 

Fue necesaria una visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el 21 de enero, al territorio yanomami para desvelar la crisis sanitaria y alimentaria local, e impulsar una operación de emergencia para salvar la vida de centenares de yanomamis.

 

Ese mismo día, Lula destituyó al comandante del Ejército, general Julio César de Arruda, en un intento de superar la desconfianza hacia los militares desde el 8 de enero, cuando seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, en un intento de provocar un golpe de Estado.

 

En su lugar, Lula nombró al general Tomás Paiva, considerado como defensor de la legalidad y favorable a la separación de la política de las Fuerzas Armadas.

 

De emergencia en emergencia en su primer mes en la presidencia, Lula también fue llamado a salvar el Mercado Común del Sur (Mercosur), en una visita a Uruguay el 25 de enero, tras reincorporarse Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en una reunión de sus 33 países en Buenos Aires, durante la víspera.

 

La tragedia de los pueblos originarios heredada del gobierno anterior se impuso en la agenda prioritaria por la agonía ahora expuesta del milenario pueblo yanomami, que sumaba 26.780 brasileros, según el censo de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) de 2019. Del lado venezolano eran 11.341, según el censo oficial de 2011.

 

Los yanomamis brasileros viven en un territorio demarcado en 1992, con 9,6 millones de hectáreas, la mayor parte en el estado de Roraima; el resto, en el estado de Amazonas.

 

“Un escenario de guerra”, resumió la Sesai, al referirse a la realidad de los yanomamis. Por lo menos 570 niños menores de cinco años murieron en los últimos cuatro años del gobierno de Bolsonaro; 29% más que en los cuatro años anteriores, según el organismo.

 

La tragedia surgió por el deterioro de la asistencia médica y alimentaria por parte del gobierno en los últimos años, ante la drástica reducción del presupuesto y de los recursos humanos destinados a la asistencia y protección de los pueblos originarios.

 

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, que coordina las organizaciones de los pueblos originarios de las distintas regiones de Brasil, anunció que acusará a Bolsonaro y su gobierno de genocidio, ante el Tribunal Penal Internacional, con sede en la ciudad neerlandesa de la Haya.

 

La acusación despertó una duda entre juristas. Es la “destrucción parcial de un grupo étnico”, pero la configuración de genocidio exige probar que fue intencional; algo más difícil.

 

Pero recortar presupuestos, nombrar autoridades reconocidamente incapaces para las funciones y reducir la asistencia componen una política antipueblos originarios, con los resultados evidentes y pretendidos, arguyen los defensores de la acusación.

 

Bolsonaro estimuló agresivamente la expansión del garimpo (minería informal, antes artesanal, ahora mecanizada) y otras actividades económicas ilegales en tierras originarias. Sus discursos siempre defendieron el exterminio, cuando era diputado, y la conversión de esos pueblos “a gente como nosotros”, como presidente.

 

La recuperación de los derechos de los pueblos originarios es la principal tarea que enfrenta Lula en su regreso al poder.

 

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