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Un pacto para Brasil y el medio ambiente

Por redacción
| 30 de mayo de 2023

La vulnerabilidad del ambientalismo ante los intereses económicos quedó de manifiesto para el gobierno brasilero del presidente Lula da Silva, acorralado por presiones antiambientalistas del Congreso Nacional y tentaciones petroleras en el litoral amazónico.

 

El Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama) negó el 17 de mayo la autorización solicitada por el grupo estatal Petrobras para perforar un pozo exploratorio marítimo a 175 kilómetros de la costa atlántica de Amapá, un estado del extremo norte de Brasil, de 880.000 habitantes, en la frontera con Guyana Francesa.

 

La decisión provocó una oleada de protestas, especialmente de políticos de Amapá, y dividió el gobierno, contraponiendo a Petrobras, el Ministerio de Minas y Energía e importantes legisladores progubernamentales con el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático.

 

El líder del frente de partidos que sustenta al gobierno en el Congreso, Randolfe Rodrigues, senador por Amapá, dejó el partido Rede Sustentabilidad.

 

Rompió así con la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y acusó a Ibama, agencia subordinada a la ministra, de discriminar su estado, al impedir el aprovechamiento de sus riquezas, sin oír a la población ni al gobierno local.

 

El cerco a Marina Silva, un ícono del ambientalismo que en la primera gestión de Lula abandonó el gobierno enfrentada con el presidente, ahora crece en el Congreso.

 

Una comisión de diputados y senadores, creada para examinar y ratificar la reestructuración y ampliación de los ministerios establecida por Lula, recomendó el 24 de mayo privar a su despacho de la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico y del Sistema Nacional de Catastro Ambiental Rural, y transferirlos a otras carteras.

 

Además, el ministerio perdería los sistemas de información sobre saneamiento y residuos sólidos, también indispensables en la gestión ambiental del país.

 

Esas medidas aún dependen de la votación en el plenario de la Cámara de Diputados y el Senado, pero con una alianza antiambientalista tan amplia resulta difícil un vuelco.

 

Silva dijo que resistirá a las “naturales” discrepancias internas en un gobierno de frente amplio. El presidente, por su parte, dijo que esas diferencias se solucionarán con el diálogo y haciendo política, mientras reconoció la vigencia de la decisión “técnica” de Ibama, impuesta hasta que Petrobras complemente sus estudios y propuestas para demostrar la “sustentabilidad” del proyecto.

 

La posibilidad, temporalmente suspendida, de la exploración petrolera en la llamada Cuenca de la Desembocadura del río Amazonas, que comprende el litoral de los estados de Amapá y Pará, ilustra las dificultades políticas de la defensa ambiental en Brasil.

 

“El ambientalismo desaparece cuando aparece el dinero”, destacaron desde la Universidad Federal de Pará. Mientras que para los defensores de la extracción petrolera pretendida por Petrobras, es justo hacerlo en el mar de los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo, pero no en Amapá.

 

Se priva así de las regalías de la producción petrolera a los pobres de una región donde todo es precario, la educación, la salud, el transporte y los empleos.

 

Sin embargo, un posible derrame de petróleo podría provocar un desastre ambiental y humanitario en Amapá. Las carreteras son intransitables en algunas épocas del año, todo el transporte es precario y dificultaría la ayuda o traslado de poblaciones aisladas.

 

La costa es casi siempre inundable, fangosa, de manglares y no accesible a embarcaciones, sino las pequeñas de pescadores, por ejemplo. Es inadecuada para la construcción de puertos para navíos, especialmente los petroleros.

 

La insistencia de Petrobras en la región es por el potencial estimado de yacimientos que permitirían la extracción de 10.000 millones de barriles de petróleo.

 

Brasil necesita un pacto entre medio ambiente y progreso. Como el que tiene San Luis desde hace más de una década.

 

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