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A Fernando Gil lo mataron porque lo confundieron con un ladrón

Esa es la hipótesis del homicidio cometido en abril. Tres de los cuatro detenidos fueron enviaron a la cárcel. A la adolescente implicada le impusieron “prisión domiciliaria”.

Por redacción
| Hace 5 horas

Walter, Damián y Leonardo Agüero fueron enviados a la Penitenciaria Provincial con prisión preventiva acusados de haber causado la muerte de Fernando Gil, en los primeros días de abril (Semana Santa), en la ciudad de San Luis. La teoría más firme de los investigadores es que lo atacaron porque lo confundieron con un ladrón y luego lo arrojaron a un pozo donde murió ahogado.

 

El trío de familiares fue imputado de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en tanto que Rosa Noemí Giménez fue procesada como partícipe secundaria del hecho y cumplirá cárcel domiciliaria.

 

 

La jueza de Garantía N° 2 de la ciudad de San Luis, Agustina Dopazo, resolvió la situación procesal de las 4 personas imputadas por el homicidio de Gil, haciendo hizo lugar parcialmente al pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 4, según consignó Prensa del Poder Judicial.

 

El plazo de la medida cautelar será por 90 días y no por 120, tal como lo habían solicitado el fiscal Javier Amitrano y la fiscal adjunta Antonella Romagnoli, con la colaboración del Fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 1 Francisco Assat.

 

La defensa técnica de los imputados, representada por Ricardo Gutiérrez Esley y Adriana Gargiulo, sostuvo que la investigación era “endeble” y que no se habían probado la existencia de riesgos procesales para dictar una preventiva contra sus defendidos. Subsidiariamente, solicitaron que la adolescente cumpla la medida cautelar en el domicilio de su suegra o de sus padres.

 

Antes de resolver, Dopazo escuchó a la suegra de la imputada y a sus progenitores, quienes manifestaron su disposición a recibirla en sus respectivos domicilios. Finalmente, la jueza dispuso que la prisión domiciliaria se cumpla en la vivienda de sus padres, al valorar su situación de vulnerabilidad y discapacidad, ordenando además controles semanales por parte del Instituto de Reinserción Social.

 

La querella estuvo representada por la abogada Soledad Poma de Otaegui y también actuó Sebastián Privitera de la Defensoría de Niñez e Incapaces Nº 1, en representación de Giménez. La intervención de este organismo fue requerida al plantearse que la imputada presenta una discapacidad intelectual leve. El defensor oficial adhirió al pedido de prisión domiciliaria.

 

 

La causa

 

La investigación reconstruyó las últimas horas de Fernando Gil desde la tarde del 2 de abril de 2026. Tras reunirse con familiares en su vivienda del Barrio 24 Viviendas, fue invitado por un amigo a compartir una cena y ver un partido de fútbol en una casa ubicada sobre la Ruta Nacional 146. Durante la noche consumió bebidas alcohólicas junto a otras personas y permaneció en el lugar hasta la madrugada.

 

Según la teoría del caso de la Fiscalía, alrededor de las 05:24 del 3 de abril solicitó un Uber para regresar a su domicilio. Sin embargo, se habría desorientado y, en lugar de dirigirse al punto de encuentro con el vehículo, caminó en sentido contrario, cruzó la ruta e ingresó al predio donde residía la familia Agüero.

 

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Walter, Damián y Leonardo Agüero lo sorprendieron dentro del terreno, creyeron que intentaba cometer un robo y lo redujeron mediante golpes. Luego, cuando se encontraba inconsciente, pero aún con vida, lo habrían arrojado a un pozo de agua de aproximadamente cuatro metros de profundidad, donde finalmente murió ahogado.

 

Tras el hecho, la acusación afirma que se desplegó una maniobra para ocultar lo ocurrido. Se realizaron llamados al 911 con versiones contradictorias sobre lo sucedido y, durante el primer procedimiento policial, los efectivos no llegaron al sector donde se encontraba el pozo. El cuerpo de Fernando Gil fue hallado recién tres días después por trabajadores de una cantera que funciona dentro del predio.

 

La investigación incorporó además registros de cámaras de seguridad, pericias toxicológicas, análisis de teléfonos celulares, mensajes recuperados y búsquedas realizadas en internet que, para la Fiscalía, refuerzan la teoría del caso.

 

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