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Las políticas de Estado que necesita el campo

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Las políticas de Estado que necesita el campo

Carlos Etchepare

Panorama agrícola (2ª parte)

Mencionábamos en la columna de la semana pasada de dónde venimos y cuál es la actualidad del sector en cuanto a las políticas públicas que lo interpelan. Y en este punto muchos destacan que el productor no es eficiente, que le falta competitividad y que tiene que trabajar en agregar valor.
Lo que acá nos preguntamos es: ¿algún productor no quiere ser eficiente, competitivo y agregar valor? O será que no puede serlo porque el Gobierno no le brinda las condiciones necesarias a través de políticas activas que lo favorezcan y logren esta situación. 
¿No será momento de cambiar desde el marco normativo y no desde el terreno? Hay algo que este gobierno hizo bien, que es la apertura de mercados. Con el discurso de convertir a la Argentina en el supermercado del mundo es verdad que hoy tenemos muchos más puntos de venta abiertos que antes, que tenemos facilidades para exportar, pero lo que no entiende este gobierno es que lo que falta son los productos. Y para eso necesitamos políticas públicas que fomenten la producción por sobre otras cosas. Porque la realidad es que el mundo demanda y nosotros debemos acostumbrarnos a producir lo que nos quieren comprar. Y tenemos que hacerlo aceptando los términos que el mundo nos impone: condiciones, calidad, cantidad, continuidad y cumplimiento. 
Con estos conceptos es que debemos comenzar a trabajar en el diseño de las políticas futuras que necesita el sector agropecuario, porque hasta ahora estamos repitiendo los mismos errores de siempre con un discurso diferente.

Una mirada hacia el futuro
Muchas veces cuando pensamos en la necesidad de agregar valor y en las posibilidades que tiene nuestro sector, no podemos desconocer los problemas que limitan este desarrollo. Entonces nos encontramos con lo que podemos definir como el costo argentino para agregar valor.
Entre estas cuestiones que nos llevan a perder competitividad, aparecen algunas que escapan específicamente a la tarea del productor y que dependen exclusivamente del accionar del Estado y de la decisión de los gobernantes. El primer punto pasa por la capacidad de almacenamiento, solución que se encontró mediante la utilización de silobolsas. Pero es una respuesta momentánea, no permanente. No podemos pretender crecer productivamente solo con la posibilidad de almacenar en silobolsas. Y para esto el Estado debe tener una política pública que permita fondear los proyectos de inversión que hacen falta. 
En el mismo sentido podemos agregar el tema de los puertos. En los últimos años la inversión en puertos fue estruendosa, el crecimiento productivo y la exportación como única salida fomentaron las inversiones y el crecimiento del sector, pero también generaron condiciones de desigualdad entre los exportadores más grandes y los más pequeños. Porque cuando un puerto es privado lo maneja el dueño, y esto termina limitando o restringiendo la competencia entre aquellos que quieren exportar. Por lo tanto, el Gobierno debería buscar como alternativa el sistema de puertos con servicio público para que se generen competencia y mayores posibilidades para quienes no son dueños de puertos.
El tercer punto que limita el agregado de valor en el agro argentino son las rutas y caminos. La realidad es que son un desastre y que además ahora nos quedamos, o el gobierno se quedó, sin recursos para mejorarlos. Además hay que considerar que casi el 95% de la producción de granos de nuestro país se transporta por camión, y que además el 70% de ese 95% se traslada por cuatro rutas: la 5, la 7, la 8 y la 9, que después se bifurca en la 33 y la 34. 
Pero cuando hablamos de transporte, además de las rutas debemos mencionar el parque automotor que tiene nuestro país. Y acá la realidad nos marca que hace falta mucha inversión. Y lo peor es que para toda esa inversión que hace falta se necesitan créditos, y con tasas del 60% va a ser muy difícil conseguirlos. 
Y después, en esta lista de problemas que afectan la competitividad y el agregado de valor, aparecen los típicos problemas coyunturales de la Argentina. Los gastos de “Fobbing” (pasó de 6 a 12 dólares por tonelada), el valor del tipo de cambio, la inflación, la permanente modificación de las normas y reglas, la presión fiscal, la apertura indiscriminada de las importaciones y el fracaso evidente de las cadenas de valor. 
En estos últimos dos puntos es importante detenernos porque explican el desengaño de la política agropecuaria en la era Macri. Por un lado en el tema de las cadenas, donde pese a los intentos del Gobierno armando las mesas de competitividad y buscando sentarlos a todos juntos, nunca se consiguieron resultados concretos y coherentes que conformaran a cada uno de los eslabones. Tal vez parte del problema sea debido a la propia ingenuidad del productor. Donde él ve una pasión, el sector comercial ve un negocio. Pero lo que es seguro es que la inexperiencia del Gobierno no pudo resolver las diferencias internas, las cuales en muchos casos se terminaron exacerbando.
Y en el segundo punto, el de la importación, hay que comprender que, por ejemplo, nuestro país se convirtió en el principal comprador de poroto de soja de Estados Unidos, mientras que al productor local se lo castiga con un 30% de retenciones. Y si no entendemos, desde el campo y desde la política, ese tipo de diferencias, va a ser muy difícil pretender diseñar una política de largo plazo para el agro en su conjunto. 
Porque no estamos hablando de sectores que son iguales, no es lo mismo una gran industria, que tiene toda la tecnología y que se pudo desarrollar durante años a pesar de las políticas mayormente equivocadas, que un pequeño o mediano productor que cuenta las monedas al final de cada campaña. 
Sabemos que lograr consensos puede ser una tarea muy difícil, inclusive dentro de las propias cadenas de valor. Entonces, si no tenemos una cultura que entienda que si le va bien a mi vecino, a mi proveedor o a mi socio, eso nos va a beneficiar a todos, nunca vamos a poder salir adelante. Hoy la Argentina lamentablemente, como en muchas otras cosas, todavía no está preparada para trabajar de la manera que se necesita para que todos vayamos para el mismo lado.

La función del Estado
Quienes leen esta columna habitualmente seguramente saben que bregamos por la participación activa del Estado en las políticas del sector agropecuario. Tal vez algunos puedan confundir esta idea con un falso pedido de intervencionismo. Nada de eso, pedimos acompañamiento, sustento, planificación, marcos normativos claros, reglas de juego estables y libertad económica y de acción. En una palabra, la función del Estado debería ser la de acompañar al sector privado, y para esto podemos mencionar algunos aspectos a tener en cuenta.
Por un lado políticas diferenciadas donde se apoye a los sectores más débiles, pero sin la necesidad de castigar a los más fuertes. Y por eso estamos en contra, por ejemplo, del diferencial de retenciones. El desacuerdo radica, en definitiva, en que estamos en contra de las retenciones en todo aspecto. No creemos que sirva que el grande pague más y el chico menos, creemos que nadie debe pagar. Además queremos que el grande no sea castigado y que el chico sea apoyado porque evidentemente eso es lo que necesita. 
Es fundamental, porque de esta manera el chico dejará en algún momento de ser chico y no tendrá la necesidad de depender históricamente de los favores de aquellos funcionarios que manejen el poder. No necesitará ni del “amiguismo” ni del “clientelismo” para crecer.
Por otro lado, la participación del Estado debe corregir desequilibrios y controlar los abusos a través del dictado y el cumplimiento de normas que tiendan a este objetivo. De la misma forma que lo hace por ejemplo Estados Unidos con su famoso Farm Bill, que rige desde 1934 y que se renueva cada 5 años. Es una ley que protege al productor, pero que no lo obliga a hacer nada siempre y cuando él no intervenga y no decida participar de la Ley Agrícola. Aunque claro, si quiere tener los beneficios que otorga esta norma, por supuesto que deberá cumplir ciertos requerimientos. Eso es mercado libre, pero con una ley que protege al productor porque es un protagonista estratégico para el desarrollo del país y por la importancia de lo que está produciendo: alimentos. 
Y esto que sucede en Estados Unidos y en la gran mayoría de países productores, es algo que en Argentina nunca se entendió. Es hora de asimilar que en lugar de sacarle siempre al campo, en algún momento deberíamos pensar en protegerlo. 
Y para esto necesitamos imperiosamente políticas públicas estratégicas y de largo plazo. ¿Cuáles pueden ser? La verdad que muchas, estará en poder de quienes nos conducen y del propio sector generarlas y hacerlas funcionar. 
Para arrancar se podría ir empezando por seguros a la producción, mayor organización institucional del sistema comercial, menos impuestos, más créditos, mejor infraestructura, seguros de precios y muchos etcéteras más. 
Todo esto es muy posible en el corto plazo, falta solo decisión política para lograrlo. Aunque atención, el propio productor o empresario del sector también tiene que participar activamente, desde la planificación hasta la práctica. No tienen que mirar para otro lado, no pueden hacerlo. 
Si eso sucede, otra vez nos quedaremos en la nada. Seguiremos teniendo las manos vacías, los bolsillos flacos y la sensación de la derrota constante. Y tenemos que hacerlo en conjunto, porque si la Argentina se hunde, no se hunde solo el sector agropecuario, nos hundimos todos. Y si no encontramos el camino, el destino no está muy lejos de ser un naufragio. 

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Panorama agrícola (2ª parte)

Mencionábamos en la columna de la semana pasada de dónde venimos y cuál es la actualidad del sector en cuanto a las políticas públicas que lo interpelan. Y en este punto muchos destacan que el productor no es eficiente, que le falta competitividad y que tiene que trabajar en agregar valor.
Lo que acá nos preguntamos es: ¿algún productor no quiere ser eficiente, competitivo y agregar valor? O será que no puede serlo porque el Gobierno no le brinda las condiciones necesarias a través de políticas activas que lo favorezcan y logren esta situación. 
¿No será momento de cambiar desde el marco normativo y no desde el terreno? Hay algo que este gobierno hizo bien, que es la apertura de mercados. Con el discurso de convertir a la Argentina en el supermercado del mundo es verdad que hoy tenemos muchos más puntos de venta abiertos que antes, que tenemos facilidades para exportar, pero lo que no entiende este gobierno es que lo que falta son los productos. Y para eso necesitamos políticas públicas que fomenten la producción por sobre otras cosas. Porque la realidad es que el mundo demanda y nosotros debemos acostumbrarnos a producir lo que nos quieren comprar. Y tenemos que hacerlo aceptando los términos que el mundo nos impone: condiciones, calidad, cantidad, continuidad y cumplimiento. 
Con estos conceptos es que debemos comenzar a trabajar en el diseño de las políticas futuras que necesita el sector agropecuario, porque hasta ahora estamos repitiendo los mismos errores de siempre con un discurso diferente.

Una mirada hacia el futuro
Muchas veces cuando pensamos en la necesidad de agregar valor y en las posibilidades que tiene nuestro sector, no podemos desconocer los problemas que limitan este desarrollo. Entonces nos encontramos con lo que podemos definir como el costo argentino para agregar valor.
Entre estas cuestiones que nos llevan a perder competitividad, aparecen algunas que escapan específicamente a la tarea del productor y que dependen exclusivamente del accionar del Estado y de la decisión de los gobernantes. El primer punto pasa por la capacidad de almacenamiento, solución que se encontró mediante la utilización de silobolsas. Pero es una respuesta momentánea, no permanente. No podemos pretender crecer productivamente solo con la posibilidad de almacenar en silobolsas. Y para esto el Estado debe tener una política pública que permita fondear los proyectos de inversión que hacen falta. 
En el mismo sentido podemos agregar el tema de los puertos. En los últimos años la inversión en puertos fue estruendosa, el crecimiento productivo y la exportación como única salida fomentaron las inversiones y el crecimiento del sector, pero también generaron condiciones de desigualdad entre los exportadores más grandes y los más pequeños. Porque cuando un puerto es privado lo maneja el dueño, y esto termina limitando o restringiendo la competencia entre aquellos que quieren exportar. Por lo tanto, el Gobierno debería buscar como alternativa el sistema de puertos con servicio público para que se generen competencia y mayores posibilidades para quienes no son dueños de puertos.
El tercer punto que limita el agregado de valor en el agro argentino son las rutas y caminos. La realidad es que son un desastre y que además ahora nos quedamos, o el gobierno se quedó, sin recursos para mejorarlos. Además hay que considerar que casi el 95% de la producción de granos de nuestro país se transporta por camión, y que además el 70% de ese 95% se traslada por cuatro rutas: la 5, la 7, la 8 y la 9, que después se bifurca en la 33 y la 34. 
Pero cuando hablamos de transporte, además de las rutas debemos mencionar el parque automotor que tiene nuestro país. Y acá la realidad nos marca que hace falta mucha inversión. Y lo peor es que para toda esa inversión que hace falta se necesitan créditos, y con tasas del 60% va a ser muy difícil conseguirlos. 
Y después, en esta lista de problemas que afectan la competitividad y el agregado de valor, aparecen los típicos problemas coyunturales de la Argentina. Los gastos de “Fobbing” (pasó de 6 a 12 dólares por tonelada), el valor del tipo de cambio, la inflación, la permanente modificación de las normas y reglas, la presión fiscal, la apertura indiscriminada de las importaciones y el fracaso evidente de las cadenas de valor. 
En estos últimos dos puntos es importante detenernos porque explican el desengaño de la política agropecuaria en la era Macri. Por un lado en el tema de las cadenas, donde pese a los intentos del Gobierno armando las mesas de competitividad y buscando sentarlos a todos juntos, nunca se consiguieron resultados concretos y coherentes que conformaran a cada uno de los eslabones. Tal vez parte del problema sea debido a la propia ingenuidad del productor. Donde él ve una pasión, el sector comercial ve un negocio. Pero lo que es seguro es que la inexperiencia del Gobierno no pudo resolver las diferencias internas, las cuales en muchos casos se terminaron exacerbando.
Y en el segundo punto, el de la importación, hay que comprender que, por ejemplo, nuestro país se convirtió en el principal comprador de poroto de soja de Estados Unidos, mientras que al productor local se lo castiga con un 30% de retenciones. Y si no entendemos, desde el campo y desde la política, ese tipo de diferencias, va a ser muy difícil pretender diseñar una política de largo plazo para el agro en su conjunto. 
Porque no estamos hablando de sectores que son iguales, no es lo mismo una gran industria, que tiene toda la tecnología y que se pudo desarrollar durante años a pesar de las políticas mayormente equivocadas, que un pequeño o mediano productor que cuenta las monedas al final de cada campaña. 
Sabemos que lograr consensos puede ser una tarea muy difícil, inclusive dentro de las propias cadenas de valor. Entonces, si no tenemos una cultura que entienda que si le va bien a mi vecino, a mi proveedor o a mi socio, eso nos va a beneficiar a todos, nunca vamos a poder salir adelante. Hoy la Argentina lamentablemente, como en muchas otras cosas, todavía no está preparada para trabajar de la manera que se necesita para que todos vayamos para el mismo lado.

La función del Estado
Quienes leen esta columna habitualmente seguramente saben que bregamos por la participación activa del Estado en las políticas del sector agropecuario. Tal vez algunos puedan confundir esta idea con un falso pedido de intervencionismo. Nada de eso, pedimos acompañamiento, sustento, planificación, marcos normativos claros, reglas de juego estables y libertad económica y de acción. En una palabra, la función del Estado debería ser la de acompañar al sector privado, y para esto podemos mencionar algunos aspectos a tener en cuenta.
Por un lado políticas diferenciadas donde se apoye a los sectores más débiles, pero sin la necesidad de castigar a los más fuertes. Y por eso estamos en contra, por ejemplo, del diferencial de retenciones. El desacuerdo radica, en definitiva, en que estamos en contra de las retenciones en todo aspecto. No creemos que sirva que el grande pague más y el chico menos, creemos que nadie debe pagar. Además queremos que el grande no sea castigado y que el chico sea apoyado porque evidentemente eso es lo que necesita. 
Es fundamental, porque de esta manera el chico dejará en algún momento de ser chico y no tendrá la necesidad de depender históricamente de los favores de aquellos funcionarios que manejen el poder. No necesitará ni del “amiguismo” ni del “clientelismo” para crecer.
Por otro lado, la participación del Estado debe corregir desequilibrios y controlar los abusos a través del dictado y el cumplimiento de normas que tiendan a este objetivo. De la misma forma que lo hace por ejemplo Estados Unidos con su famoso Farm Bill, que rige desde 1934 y que se renueva cada 5 años. Es una ley que protege al productor, pero que no lo obliga a hacer nada siempre y cuando él no intervenga y no decida participar de la Ley Agrícola. Aunque claro, si quiere tener los beneficios que otorga esta norma, por supuesto que deberá cumplir ciertos requerimientos. Eso es mercado libre, pero con una ley que protege al productor porque es un protagonista estratégico para el desarrollo del país y por la importancia de lo que está produciendo: alimentos. 
Y esto que sucede en Estados Unidos y en la gran mayoría de países productores, es algo que en Argentina nunca se entendió. Es hora de asimilar que en lugar de sacarle siempre al campo, en algún momento deberíamos pensar en protegerlo. 
Y para esto necesitamos imperiosamente políticas públicas estratégicas y de largo plazo. ¿Cuáles pueden ser? La verdad que muchas, estará en poder de quienes nos conducen y del propio sector generarlas y hacerlas funcionar. 
Para arrancar se podría ir empezando por seguros a la producción, mayor organización institucional del sistema comercial, menos impuestos, más créditos, mejor infraestructura, seguros de precios y muchos etcéteras más. 
Todo esto es muy posible en el corto plazo, falta solo decisión política para lograrlo. Aunque atención, el propio productor o empresario del sector también tiene que participar activamente, desde la planificación hasta la práctica. No tienen que mirar para otro lado, no pueden hacerlo. 
Si eso sucede, otra vez nos quedaremos en la nada. Seguiremos teniendo las manos vacías, los bolsillos flacos y la sensación de la derrota constante. Y tenemos que hacerlo en conjunto, porque si la Argentina se hunde, no se hunde solo el sector agropecuario, nos hundimos todos. Y si no encontramos el camino, el destino no está muy lejos de ser un naufragio. 

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