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El impacto de las retenciones en los números del campo

Carlos Etchepare

Como ya es por todos conocidos, la gestión de Alberto Fernández, con la aprobación del Congreso nacional,  definió un posible incremento en los derechos de exportación de la gran mayoría de los productos provenientes del sector agropecuario.

Pese a la oposición que la normativa generó en la gran mayoría de productores agropecuarios o en quienes hasta hace algunas semanas eran gobierno, lo cierto es que el campo en su seno íntimo sabía que esta medida no iba a demorar mucho tiempo en aparecer.

Haciendo una especie de raconto en la sucesión de hechos, no podemos dejar de mencionar que lo primero que hizo el gobierno de Fernández, puntualmente el 14 de diciembre pasado, fue publicar el Decreto N° 37, donde se actualizaron los montos de derechos de exportación a productos agropecuarios en base a la aplicación de las alícuotas máximas permitidas por la ley de presupuesto aprobada por el Congreso nacional en 2018 sobre la propuesta de Mauricio Macri. De esta manera se eliminó el límite de 4 pesos por cada dólar exportado, que al valor actual del dólar equivalía a un 6,6%, pasando a tributar la máxima permitida del 12% (esta alícuota se había ido licuando con las permanentes devaluaciones). Entre estos productos están los cereales, las oleaginosas y los sus subproductos. Para el caso de los productos de la cadena de la soja debe adicionarse un 18%, que lleva el número final al 30%. 

Por otro lado, el decreto crea una nueva lista de excepciones, cuyos productos se verán afectados por una alícuota del 9%. Entre estos pueden mencionarse las carnes, algunos lácteos como la leche en polvo y la harina de trigo. Para el resto, seguirá vigente una alícuota de 3 pesos por dólar exportado.

Después, el gobierno nacional le solicitó facultades extraordinarias al Congreso para incrementar 3 puntos más esos derechos de exportación, y lo hizo mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Entonces esta ley le otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de elevar los derechos de exportación hasta un 33% para el cultivo de la soja y sus derivados, y hasta un 15% para el resto de los productos del sector agropecuario, con excepción de los provenientes de economías regionales que tributarían un máximo de 5%. Se contempla, además, la posibilidad de menores alícuotas para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor. Hasta el momento de la redacción de este informe, ese incremento no está en vigencia.

Esto no es más que el contexto de lo que sucedió políticamente en los últimos días y que otra vez modifica sustancialmente las reglas de juego para el principal sector económico de nuestro país y para sus principales actores, los productores agropecuarios. Pero lo más importante todavía está por venir: los costos para el campo de esta reacción del gobierno en su afán por ajustar los números de un Estado que hace agua por todos lados, no serán menores y no cicatrizarán rápidamente. 

Para ayudarnos a entender cuanto perderá el sector con estas nuevas medidas, utilizaremos un excelente trabajo elaborado por el departamento económico de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) que de manera totalmente objetiva deja en evidencia cuál será el aporte del agro al fisco nacional y cómo se resentirán los números de los propios productores debido al mayor pago de impuestos.

El análisis

El trabajo elaborado por la entidad agrícola analiza “a través de herramientas cuantitativas” los efectos de los aumentos en las alícuotas de derechos de exportación (DEX) para productos agropecuarios establecidos por el reciente Decreto 37/2019 (DEX/37) y también lo hace para el monto considerado en la Ley de Emergencia (DEX/plus). Pero no lo hace solamente considerando lo que dice el decreto y la ley, sino que además contempla un contexto “de vulnerabilidad de la producción agropecuaria, dado un escenario climático y de precios internacionales adverso”, como una manera de analizar mejor el impacto en las variables macro del sector, como especialmente en la economía del productor.

Lo primero que se debe tener en cuenta para estudiar el efecto que los nuevos derechos de exportación tendrán sobre el sector es que al momento de la publicación del decreto, gran parte de la producción de la campaña 19/20 ya se estaba vendida y por eso el impacto de cualquiera de los dos modelos (DEX/37 o DEX/plus) tendría un alcance inferior al que debería haber tenido si estas modificaciones se hubieran hecho antes del inicio de la campaña actual. 

Además, si a estos modelos le sumamos un escenario de probable sequía que afecte a la cosecha gruesa, seguramente sucederá que el Producto Bruto Agrícola disminuiría e impactará negativamente sobre el crecimiento del sector. Así, la rentabilidad de los cultivos se verá significativamente afectada durante la campaña 2019/20 como consecuencia de los aumentos en las alícuotas de DEX, especialmente en trigo y maíz, condicionando la inversión para la nueva temporada.

Los números vuelven a variar cuando el análisis se hace para la campaña 2020/21, donde los efectos del nuevo esquema impositivo (sea cual sea el modelo que se utilice) se observarán en plenitud. Allí, la Bolsa estima una caída en el área sembrada y la inversión en tecnología tanto en cereales como oleaginosas, de más de medio millón de hectáreas. Entonces, como consecuencia de esto “el aumento de derechos de exportación tendrá un costo en términos de producción, exportaciones y Producto Bruto. De esta manera, pese a que la recaudación fiscal aumentaría, caerían tanto el valor exportado como el Producto Bruto Agrícola respectivamente.

Las condiciones actuales 

El informe elaborado por la Bolsa de Cereales condiciona su análisis a otras cuestiones centrales además de la ya consabida suba de retenciones. El tema de los precios internacionales por un lado y las condiciones climáticas por otro. De esta manera, lo primero que se debe tener en cuenta es este contexto que propone la entidad. 

Así, el informe destaca que “después de arribar a picos de precios internacionales, desde el año 2012 los commodities agropecuarios vienen experimentando un marcado descenso en sus cotizaciones, ubicándose hoy en los niveles más bajos desde el año 2007. Actualmente para Argentina, la cotización FOB de la soja es de aproximadamente 340 dólares la tonelada, 170 en el maíz y 200 en el trigo (posiciones mayo, abril y enero 2020, respectivamente). Estos precios son un 10% y 12% inferiores a los del mismo período del año pasado y un 45% menor que los registrados entre los años 2012 y 2014. Entonces, teniendo en cuenta que la mayor parte de los precios de los insumos están dolarizados, la relación de precios entre productos e insumos es la más desfavorable desde la campaña 2014/15”.

Visto desde el lado climático, el incremento en las retenciones también genera preocupación. “La campaña 2019/20 presenta un escenario complejo, con una situación de déficit hídrico que puede agravarse hacia los meses de verano. Si bien los pronósticos iniciales mostraban una perspectiva favorable para el desarrollo de los principales cultivos extensivos, a medida que se entraba en la etapa de maduración de la cosecha fina comenzaron a encenderse señales de alarma, producto de la falta de humedad en los suelos. En los últimos meses, los registros de precipitaciones vienen ubicándose muy por debajo de la media histórica, restringiendo el balance hídrico en buena parte de las zonas productivas del país”, detalla el reporte.
Pero eso no es todo, desde la Bolsa también advierten que “los pronósticos de lluvias para los meses de enero, febrero y marzo, cruciales para determinar el rendimiento de los cultivos de la campaña gruesa, tampoco son favorables”.

Hasta ahora, el resultado económico de los productores previsto para esta campaña no era el más alentador. De esta manera, ante la combinación de menores precios internacionales y mayores costos de producción, la campaña 2019/20 se caracterizaba por exhibir márgenes ajustados, antes de la aparición de los nuevos escenarios DEX/37 y DEX/plus.

Concretamente, desde el organismo señalan que “los precios de exportación (FOB)de los tres principales cultivos se encuentran por debajo de los valores observados durante la campaña 18/19 (-13% para el maíz, -7,7% para soja y -11,1% para el trigo. Mientras que los costos directos de producción se incrementaron para la soja (4,3%), y el maíz (9,5%), y cayeron, aunque menos que los precios, para el trigo (-9,2%). En suma, los márgenes brutos de la campaña 2019/20 ya eran inferiores a los de la 2018/19 antes de la implementación del decreto. En este sentido, el incremento de los derechos de exportación significa una mayor contracción de los márgenes del productor.”

Así, con las nuevas alícuotas, los márgenes brutos son significativamente inferiores a los de la campaña 2018/19: 50% menores en soja, 41% menores en maíz y 17% menores en trigo. Si el análisis se contempla en márgenes brutos por hectárea, en la campaña 2019/20, antes y después de la publicación del decreto, se observa una caída de 12,5% en trigo, 43% en maíz y 4,8% en soja. El impacto es mayor en maíz por ser un cultivo con un mayor rinde por hectárea sembrada.

De esta manera, “el margen neto registra una caída significativa contra el escenario pre-decreto. En particular, se destaca el caso del maíz que pasa a registrar un margen neto igual a cero en la campaña en curso” dicen desde la BCBA.

Con este escenario lo primero que deberíamos preguntarnos es si los productores tendrán la posibilidad de cubrir costos. Desde la Bolsa estiman que “con las alícuotas establecidas por el Decreto 37/2019, tanto soja como trigo y maíz ven seriamente comprometida su rentabilidad a medida que nos alejamos de la zona núcleo. Sin embargo, el impacto de las alícuotas parece ser mayor en trigo y maíz, que tienen un valor por tonelada más bajo y por lo tanto sufren en mayor medida el peso de los costos logísticos, además de mayores costos de implantación”. 

En gran parte de las regiones, deberán conseguirse para estos productos rendimientos relativamente altos, en un año poco favorable desde el punto de vista climático, para cubrir los costos y alcanzar una rentabilidad positiva. En resumen, según la Bolsa, “bajo este escenario, apenas el 18% del área sembrada con trigo a nivel nacional tendría una probabilidad mayor a 50% de cubrir costos durante esta campaña, llegando al 40,5% y 72% en maíz y soja, respectivamente”.

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El impacto de las retenciones en los números del campo

Como ya es por todos conocidos, la gestión de Alberto Fernández, con la aprobación del Congreso nacional,  definió un posible incremento en los derechos de exportación de la gran mayoría de los productos provenientes del sector agropecuario.

Pese a la oposición que la normativa generó en la gran mayoría de productores agropecuarios o en quienes hasta hace algunas semanas eran gobierno, lo cierto es que el campo en su seno íntimo sabía que esta medida no iba a demorar mucho tiempo en aparecer.

Haciendo una especie de raconto en la sucesión de hechos, no podemos dejar de mencionar que lo primero que hizo el gobierno de Fernández, puntualmente el 14 de diciembre pasado, fue publicar el Decreto N° 37, donde se actualizaron los montos de derechos de exportación a productos agropecuarios en base a la aplicación de las alícuotas máximas permitidas por la ley de presupuesto aprobada por el Congreso nacional en 2018 sobre la propuesta de Mauricio Macri. De esta manera se eliminó el límite de 4 pesos por cada dólar exportado, que al valor actual del dólar equivalía a un 6,6%, pasando a tributar la máxima permitida del 12% (esta alícuota se había ido licuando con las permanentes devaluaciones). Entre estos productos están los cereales, las oleaginosas y los sus subproductos. Para el caso de los productos de la cadena de la soja debe adicionarse un 18%, que lleva el número final al 30%. 

Por otro lado, el decreto crea una nueva lista de excepciones, cuyos productos se verán afectados por una alícuota del 9%. Entre estos pueden mencionarse las carnes, algunos lácteos como la leche en polvo y la harina de trigo. Para el resto, seguirá vigente una alícuota de 3 pesos por dólar exportado.

Después, el gobierno nacional le solicitó facultades extraordinarias al Congreso para incrementar 3 puntos más esos derechos de exportación, y lo hizo mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Entonces esta ley le otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de elevar los derechos de exportación hasta un 33% para el cultivo de la soja y sus derivados, y hasta un 15% para el resto de los productos del sector agropecuario, con excepción de los provenientes de economías regionales que tributarían un máximo de 5%. Se contempla, además, la posibilidad de menores alícuotas para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor. Hasta el momento de la redacción de este informe, ese incremento no está en vigencia.

Esto no es más que el contexto de lo que sucedió políticamente en los últimos días y que otra vez modifica sustancialmente las reglas de juego para el principal sector económico de nuestro país y para sus principales actores, los productores agropecuarios. Pero lo más importante todavía está por venir: los costos para el campo de esta reacción del gobierno en su afán por ajustar los números de un Estado que hace agua por todos lados, no serán menores y no cicatrizarán rápidamente. 

Para ayudarnos a entender cuanto perderá el sector con estas nuevas medidas, utilizaremos un excelente trabajo elaborado por el departamento económico de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) que de manera totalmente objetiva deja en evidencia cuál será el aporte del agro al fisco nacional y cómo se resentirán los números de los propios productores debido al mayor pago de impuestos.

El análisis

El trabajo elaborado por la entidad agrícola analiza “a través de herramientas cuantitativas” los efectos de los aumentos en las alícuotas de derechos de exportación (DEX) para productos agropecuarios establecidos por el reciente Decreto 37/2019 (DEX/37) y también lo hace para el monto considerado en la Ley de Emergencia (DEX/plus). Pero no lo hace solamente considerando lo que dice el decreto y la ley, sino que además contempla un contexto “de vulnerabilidad de la producción agropecuaria, dado un escenario climático y de precios internacionales adverso”, como una manera de analizar mejor el impacto en las variables macro del sector, como especialmente en la economía del productor.

Lo primero que se debe tener en cuenta para estudiar el efecto que los nuevos derechos de exportación tendrán sobre el sector es que al momento de la publicación del decreto, gran parte de la producción de la campaña 19/20 ya se estaba vendida y por eso el impacto de cualquiera de los dos modelos (DEX/37 o DEX/plus) tendría un alcance inferior al que debería haber tenido si estas modificaciones se hubieran hecho antes del inicio de la campaña actual. 

Además, si a estos modelos le sumamos un escenario de probable sequía que afecte a la cosecha gruesa, seguramente sucederá que el Producto Bruto Agrícola disminuiría e impactará negativamente sobre el crecimiento del sector. Así, la rentabilidad de los cultivos se verá significativamente afectada durante la campaña 2019/20 como consecuencia de los aumentos en las alícuotas de DEX, especialmente en trigo y maíz, condicionando la inversión para la nueva temporada.

Los números vuelven a variar cuando el análisis se hace para la campaña 2020/21, donde los efectos del nuevo esquema impositivo (sea cual sea el modelo que se utilice) se observarán en plenitud. Allí, la Bolsa estima una caída en el área sembrada y la inversión en tecnología tanto en cereales como oleaginosas, de más de medio millón de hectáreas. Entonces, como consecuencia de esto “el aumento de derechos de exportación tendrá un costo en términos de producción, exportaciones y Producto Bruto. De esta manera, pese a que la recaudación fiscal aumentaría, caerían tanto el valor exportado como el Producto Bruto Agrícola respectivamente.

Las condiciones actuales 

El informe elaborado por la Bolsa de Cereales condiciona su análisis a otras cuestiones centrales además de la ya consabida suba de retenciones. El tema de los precios internacionales por un lado y las condiciones climáticas por otro. De esta manera, lo primero que se debe tener en cuenta es este contexto que propone la entidad. 

Así, el informe destaca que “después de arribar a picos de precios internacionales, desde el año 2012 los commodities agropecuarios vienen experimentando un marcado descenso en sus cotizaciones, ubicándose hoy en los niveles más bajos desde el año 2007. Actualmente para Argentina, la cotización FOB de la soja es de aproximadamente 340 dólares la tonelada, 170 en el maíz y 200 en el trigo (posiciones mayo, abril y enero 2020, respectivamente). Estos precios son un 10% y 12% inferiores a los del mismo período del año pasado y un 45% menor que los registrados entre los años 2012 y 2014. Entonces, teniendo en cuenta que la mayor parte de los precios de los insumos están dolarizados, la relación de precios entre productos e insumos es la más desfavorable desde la campaña 2014/15”.

Visto desde el lado climático, el incremento en las retenciones también genera preocupación. “La campaña 2019/20 presenta un escenario complejo, con una situación de déficit hídrico que puede agravarse hacia los meses de verano. Si bien los pronósticos iniciales mostraban una perspectiva favorable para el desarrollo de los principales cultivos extensivos, a medida que se entraba en la etapa de maduración de la cosecha fina comenzaron a encenderse señales de alarma, producto de la falta de humedad en los suelos. En los últimos meses, los registros de precipitaciones vienen ubicándose muy por debajo de la media histórica, restringiendo el balance hídrico en buena parte de las zonas productivas del país”, detalla el reporte.
Pero eso no es todo, desde la Bolsa también advierten que “los pronósticos de lluvias para los meses de enero, febrero y marzo, cruciales para determinar el rendimiento de los cultivos de la campaña gruesa, tampoco son favorables”.

Hasta ahora, el resultado económico de los productores previsto para esta campaña no era el más alentador. De esta manera, ante la combinación de menores precios internacionales y mayores costos de producción, la campaña 2019/20 se caracterizaba por exhibir márgenes ajustados, antes de la aparición de los nuevos escenarios DEX/37 y DEX/plus.

Concretamente, desde el organismo señalan que “los precios de exportación (FOB)de los tres principales cultivos se encuentran por debajo de los valores observados durante la campaña 18/19 (-13% para el maíz, -7,7% para soja y -11,1% para el trigo. Mientras que los costos directos de producción se incrementaron para la soja (4,3%), y el maíz (9,5%), y cayeron, aunque menos que los precios, para el trigo (-9,2%). En suma, los márgenes brutos de la campaña 2019/20 ya eran inferiores a los de la 2018/19 antes de la implementación del decreto. En este sentido, el incremento de los derechos de exportación significa una mayor contracción de los márgenes del productor.”

Así, con las nuevas alícuotas, los márgenes brutos son significativamente inferiores a los de la campaña 2018/19: 50% menores en soja, 41% menores en maíz y 17% menores en trigo. Si el análisis se contempla en márgenes brutos por hectárea, en la campaña 2019/20, antes y después de la publicación del decreto, se observa una caída de 12,5% en trigo, 43% en maíz y 4,8% en soja. El impacto es mayor en maíz por ser un cultivo con un mayor rinde por hectárea sembrada.

De esta manera, “el margen neto registra una caída significativa contra el escenario pre-decreto. En particular, se destaca el caso del maíz que pasa a registrar un margen neto igual a cero en la campaña en curso” dicen desde la BCBA.

Con este escenario lo primero que deberíamos preguntarnos es si los productores tendrán la posibilidad de cubrir costos. Desde la Bolsa estiman que “con las alícuotas establecidas por el Decreto 37/2019, tanto soja como trigo y maíz ven seriamente comprometida su rentabilidad a medida que nos alejamos de la zona núcleo. Sin embargo, el impacto de las alícuotas parece ser mayor en trigo y maíz, que tienen un valor por tonelada más bajo y por lo tanto sufren en mayor medida el peso de los costos logísticos, además de mayores costos de implantación”. 

En gran parte de las regiones, deberán conseguirse para estos productos rendimientos relativamente altos, en un año poco favorable desde el punto de vista climático, para cubrir los costos y alcanzar una rentabilidad positiva. En resumen, según la Bolsa, “bajo este escenario, apenas el 18% del área sembrada con trigo a nivel nacional tendría una probabilidad mayor a 50% de cubrir costos durante esta campaña, llegando al 40,5% y 72% en maíz y soja, respectivamente”.

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