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Disputa entre el Municipio y la Nación por la expropiación de Granja La Amalia

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Disputa entre el Municipio y la Nación por la expropiación de Granja La Amalia


Mientras el intendente Enrique Ponce realizaba este lunes a la mañana una conferencia de prensa en la que exponía las razones de la expropiación de Granja La Amalia, un grupo de soldados inició ejercicios de combate en el predio. El municipio asegura que hace años los militares no hacen prácticas allí y la demostración  se debería a la disputa que se da entre el gobierno nacional y el municipal por el terreno.


El lugar fue expropiado del Ministerio de Defensa de la Nación la semana pasada por el Concejo Deliberante. Hoy Ceballos, solicitó  “de manera urgente, el veto o la derogación y/o suspensión” de la ordenanza municipal que estableció la medida.


La decisión del municipio de apropiarse de los terrenos se debió a que  el pasado 5 de abril, se publicó un decreto del Poder Ejecutivo que autorizó la venta de espacios en desuso del estado nacional a privados. Ponce dijo que en los últimos años hizo gestiones con funcionarios nacionales para comenzar a urbanizar el predio, en el que se tenía pensado instalar 400 viviendas sociales y 1750 lotes con servicio, pero que en los últimos meses “no me atendieron más el teléfono”.


“Llegamos a todas las instancias necesarias (con el gobierno nacional), no sólo de diálogo formal sino también informal. Estamos autorizados a destinar los terrenos a sectores carenciados que no tienen acceso a la vivienda”, sostuvo el intendente.


“¿Qué más quieren que haga?”, se preguntó ofuscado, quién remarcó que incluso la administración nacional había autorizado la urbanización y que sólo faltaba la entrega de la escritura y los fondos para los trabajos, cercanos a los 28 millones de pesos, que finalmente nunca llegaron. Además, según Ponce, en 2012, el Ministerio de Defensa les había informado que dejarían de usar los predios para prácticas militares, bajo la figura de “desafectación de uso militar”.


Sobre la carta de Ceballos, el intendente la consideró  “una imposición que raya la falta de respeto institucional de la autonomía municipal” y recordó que a fines del año pasado  el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, afín a Cambiemos, expropió un predio militar de 500 hectáreas en San Salvador, porque ya no tenía utilidad para las fuerzas de seguridad.


 “Ocho intendentes de todos los colores políticos hicieron suyo su pedido para que esas tierras que no estaban  en uso sirvan para una ciudad con políticas de inclusión social, derechos humanos y desarrollo urbanístico”, remarcó el intendente.


“¿Es legal la ordenanza?, Sí. ¿Está legitimada incluso por quienes la cuestionan? Sí, sino el secretario de defensa de la Nación, no me estaría pidiendo que la vetara”, apuntó.


Sobre la posibilidad de que el conflicto se judicialice, Ponce dijo: “¿Qué juez va a venir a fallar en ese sentido? Yo no me lo imagino, tratar de judicializar esto lo único que van a perder van a ser los vecinos. Espero que no se llegue a esa instancia y que nos sentemos en una mesa de diálogo. Yo como intendente, con todo nuestro equipo. Y quiero invitar a los legisladores de Cambiemos”.


Por último aseguró que aquellos preinscriptos en los planes de vivienda y lotes, “se queden tranquilos” y que tendrán novedades en los próximos días. Y que para verificar los datos y acreditar los niveles de ingreso para entrar a los planes urbanísticos deberán acercarse al Centro de Gestión Municipal ubicado en el mismo predio.


“Vamos a seguir reclamando. Espero que no se frene nada. Espero que no haya represalias políticas”, concluyó sobre cómo continuará la relación con el gobierno de Mauricio Macri. 


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Disputa entre el Municipio y la Nación por la expropiación de Granja La Amalia

La expropiación de la Granja La Amalia fue la semana pasada. Hoy militares ocuparon el predio nuevamente luego de años en desuso, según informaron desde la Municipalidad. | Foto: -Municipalidad de San Luis

Mientras el intendente Enrique Ponce realizaba este lunes a la mañana una conferencia de prensa en la que exponía las razones de la expropiación de Granja La Amalia, un grupo de soldados inició ejercicios de combate en el predio. El municipio asegura que hace años los militares no hacen prácticas allí y la demostración  se debería a la disputa que se da entre el gobierno nacional y el municipal por el terreno.


El lugar fue expropiado del Ministerio de Defensa de la Nación la semana pasada por el Concejo Deliberante. Hoy Ceballos, solicitó  “de manera urgente, el veto o la derogación y/o suspensión” de la ordenanza municipal que estableció la medida.


La decisión del municipio de apropiarse de los terrenos se debió a que  el pasado 5 de abril, se publicó un decreto del Poder Ejecutivo que autorizó la venta de espacios en desuso del estado nacional a privados. Ponce dijo que en los últimos años hizo gestiones con funcionarios nacionales para comenzar a urbanizar el predio, en el que se tenía pensado instalar 400 viviendas sociales y 1750 lotes con servicio, pero que en los últimos meses “no me atendieron más el teléfono”.


“Llegamos a todas las instancias necesarias (con el gobierno nacional), no sólo de diálogo formal sino también informal. Estamos autorizados a destinar los terrenos a sectores carenciados que no tienen acceso a la vivienda”, sostuvo el intendente.


“¿Qué más quieren que haga?”, se preguntó ofuscado, quién remarcó que incluso la administración nacional había autorizado la urbanización y que sólo faltaba la entrega de la escritura y los fondos para los trabajos, cercanos a los 28 millones de pesos, que finalmente nunca llegaron. Además, según Ponce, en 2012, el Ministerio de Defensa les había informado que dejarían de usar los predios para prácticas militares, bajo la figura de “desafectación de uso militar”.


Sobre la carta de Ceballos, el intendente la consideró  “una imposición que raya la falta de respeto institucional de la autonomía municipal” y recordó que a fines del año pasado  el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, afín a Cambiemos, expropió un predio militar de 500 hectáreas en San Salvador, porque ya no tenía utilidad para las fuerzas de seguridad.


 “Ocho intendentes de todos los colores políticos hicieron suyo su pedido para que esas tierras que no estaban  en uso sirvan para una ciudad con políticas de inclusión social, derechos humanos y desarrollo urbanístico”, remarcó el intendente.


“¿Es legal la ordenanza?, Sí. ¿Está legitimada incluso por quienes la cuestionan? Sí, sino el secretario de defensa de la Nación, no me estaría pidiendo que la vetara”, apuntó.


Sobre la posibilidad de que el conflicto se judicialice, Ponce dijo: “¿Qué juez va a venir a fallar en ese sentido? Yo no me lo imagino, tratar de judicializar esto lo único que van a perder van a ser los vecinos. Espero que no se llegue a esa instancia y que nos sentemos en una mesa de diálogo. Yo como intendente, con todo nuestro equipo. Y quiero invitar a los legisladores de Cambiemos”.


Por último aseguró que aquellos preinscriptos en los planes de vivienda y lotes, “se queden tranquilos” y que tendrán novedades en los próximos días. Y que para verificar los datos y acreditar los niveles de ingreso para entrar a los planes urbanísticos deberán acercarse al Centro de Gestión Municipal ubicado en el mismo predio.


“Vamos a seguir reclamando. Espero que no se frene nada. Espero que no haya represalias políticas”, concluyó sobre cómo continuará la relación con el gobierno de Mauricio Macri. 


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