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La Justicia obligó a una prepaga a pagar una fertilización asistida

Por redacción
| 29 de marzo de 2014
La obra social costeará el procedimiento y la conservación de embriones. | Nicolás Barbara

El sueño de ser padres todavía es una posibilidad para una pareja de San Luis. El matrimonio se realizaba tratamientos de fertilización desde hace varios años en Santa Fe y hace unas semanas, Swiss Medical, la prepaga a la que estaban afiliados, quiso trasladarlos a un centro médico de otra provincia y disminuirles la cobertura del procedimiento. Pero presentaron un recurso de amparo y la Justicia Federal puntana falló a su favor. El Diario intentó comunicarse con la familia, que quiso mantener su identidad en reserva y ya había partido a Rosario para continuar con la asistencia médica.

 

Una especialista en fertilidad dijo que en Argentina hay cerca de 4 mil nacimientos anuales por fertilización asistida.


Jorge Sosa, el abogado que representó a la pareja, comentó que las personas vivían en Rosario y por eso, comenzaron el tratamiento en el centro médico Proar de esa ciudad en el 2007, cuando a la mujer le diagnosticaron poliquistosis ovárica bilateral, una enfermedad que provoca que los ovarios produzcan folículos, pero los óvulos no maduran ni abandonan el ovario y forman quistes. De acuerdo al fallo del Juzgado, el matrimonio se instaló en San Luis en 2011 y continuó con procedimientos de baja y luego de alta complejidad. “Es un instituto rosarino de mucho prestigio. Todos sus análisis, los estudios que se hicieron y los intentos que realizaron anteriormente estaban registrados en ese sitio”, dijo el representante. Y agregó que el método que efectuaba el matrimonio es la inyección intercitoplasmática de un espermatozoide (ICSI por sus siglas en inglés), que consiste en introducir directamente un espermatozoide “modelo” en cada óvulo extraído para incubarlos.

 


“Swiss Medical le notificó que iba a dejar de brindarles la asistencia en ese centro y los iba a derivar a otro lado. Y les dijeron directamente que era por una cuestión económica. Mis clientes no habían cambiado de plan, sino que la empresa había modificado la política de ese tipo de tratamientos y habían decidido hacerlo en un centro más barato”, aseguró el abogado, quien comentó que los afectados decidieron consultar algunos especialistas para pedir referencias del establecimiento y les dijeron que la calidad del instituto rosarino era mayor a la del cordobés. “Había diferencias en la forma en que se preservaban los embriones y la tecnología que utilizan”, afirmó.

 


Los cambios que quiso imponer la prepaga no se redujeron solamente al traslado de provincia. También les disminuyeron el porcentaje de cobertura que al principio era del 100% y que con la nueva disposición sería del 40%, cuando el total del procedimiento supera los 50 mil pesos.  “Por lo que me dijo la señora, si la obra social no le consideraba todo, se tenía que olvidar del tratamiento porque para ellos era imposible pagarlo”, dijo Sosa.  Además, Javier Corigliano, otro de los abogados que los representó, explicó que la mujer tiene 31 años, pero en 2013 se realizó un test que determinó que “su reserva ovárica, es decir, el estado de su sistema reproductivo, es equivalente al de una persona de 40, por lo que verdaderamente había un peligro cierto si demoraban en hacerle el tratamiento”.

 


Pero no tuvieron que esperar demasiado para reflotar su sueño de sumar un integrante a la familia y en menos de un mes, el Juzgado Federal de San Luis falló a favor de la pareja y obligó a Swiss Medical a asumir todos los gastos del procedimiento de reproducción asistida en el centro médico rosarino y también de los métodos de almacenamiento y conservación de embriones. “Tengo entendido que es uno de los primeros casos”, comentó Sosa, mientras que Corigliano aseguró que es una de las únicas disposiciones que prioriza la edad biológica por encima de la edad de la persona.

 


Sosa recordó que la resolución es posterior a la sanción de la Ley Nacional de Fertilización Asistida, que fue aprobada y promulgada en 2013. Pero destacó que la disposición de la Justicia también consideró la ley de Defensa del Consumidor y el respeto a los derechos a la vida y la familia.

 


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