Piden 9 años de cárcel para un abogado por falsificar fallos

Un fiscal pidió que condenen a nueve años de prisión al abogado Eduardo Eladio “Lalo” Ponce, nacido en Concarán pero con estudio jurídico en la Villa de Merlo, procesado por “fabricar” sentencias a la medida de la necesidad de sus clientes. Aunque cabría decir que, en realidad, las habría hecho a la medida de su propia necesidad de cobrar honorarios por logros que no obtenía, porque al final las personas que lo habían contratado se quedaban con las manos vacías.
La acusación contra Ponce fue formulada por el fiscal subrogante del Juzgado de Fuero Múltiple de Santa Rosa, José Francisco Pérez, quien señaló al letrado como autor materialmente responsable del delito de falsificación de documentos, dijo ayer una fuente de la investigación.
El pronunciamiento de Pérez es del jueves pasado. Está contenido en su requisitoria fiscal, el dictamen en el que, al final de la etapa de instrucción de la causa contra Ponce, pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público en la Cámara del Crimen de Concarán.
El representante de la Fiscalía dio por probado que el abogado de Merlo falsificó dos resoluciones de la jueza Civil de Concarán, Claudia Ucello, y otra de la jueza de Familia y Menores, también de la Tercera Circunscripción Judicial, Daniela Estrada.
Los tres hechos fueron denunciados en 2011 por la jueza Ucello, que se enteró ayer, por el llamado de El Diario de la República, del pedido de pena hecho por el fiscal.
La magistrado Civil recordó que había denunciado a Ponce “por otros siete casos que ya están prescriptos”. De esas siete sentencias “truchas”, la más antigua es de 1983. “En esos siete hechos anteriores inscribió inmuebles en el Registro de la Propiedad con documentación falsa”, señaló Ucello.
En los tres casos por los que fue procesado, Ponce les había dado los fallos falsificados a los clientes. Cuando fueron a hacerlos valer, los anoticiaron de que eran falsos.
Le gustaba el collage
Además de la antigüedad y del hecho de que por unas puede ser condenado y por las otras no, porque ya prescribieron, hay una diferencia de método entre las primeras siete maniobras por las que Ponce fue denunciado y las tres por las que tendrá que enfrentar un juicio oral.
“Las primeras siete tienen falsificados el sello del juzgado y la firma del juez”, explicó una fuente de la causa.
En las últimas tres, en cambio, “Ponce hizo una especie de collage”. “Hizo las sentencias y fotocopió la firma de las juezas, que puso al final de los escritos”, resumió un investigador que analizó el “modus operandi” del abogado.
En busca de pruebas de las adulteraciones, el 25 de marzo de 2011 la jueza Penal de Concarán, Patricia Besso, allanó el estudio jurídico que el letrado tiene en el edificio donde su esposa, Graciela Nicoletti, tiene su inmobiliaria, en la calle Coronel Mercau 578 de Merlo. Lo más llamativo fue que en el bufete, contra toda lógica, no había ninguna computadora.
El resultado de las pericias caligráficas ordenadas por Besso fue clave. No dejó dudas de que la maniobra había consistido en fotocopiar las rúbricas de Ucello y Estrada. “En el caso de la jueza de Familia, la perito hasta determinó de qué expediente y de qué foja fotocopió la firma”, reveló la fuente.