La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), cuestionó con dureza y férreos argumentos la decisión de dos jueces argentinos que, con fundamentos polémicos, redujeron la condena al violador de un niño.
Los magistrados del Tribunal de Casación Penal bonaerense Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, beneficiaron al hombre acusado de violar a un chico de 6 años, con la reducción de la pena de 6 años de cárcel a 3 años y 2 meses, por considerar que el menor de edad tenía su "orientación homosexual definida", y había sido abusado antes por su padre.
El reclamo y la repulsión social se hizo sentir en organismos nacionales e internacionales y se amplifica en la sociedad.
"Los argumentos de la sentencia del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires revictimizan, estigmatizan y discriminan al niño que ha sufrido el abuso sexual" , señaló Amerigo Incalcaterra, a través de un comunicado enviado a la prensa.
El fallo que redujo la pena al violador de un niño "vulnera" los estándares internacionales y tratados de Derechos Humanos ratificados por Argentina, añadió.
Incalcaterra castigó con dureza la decisión y afirmó que "desconocen un derecho fundamental reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño".
El comisionado de Derechos Humanos mencionó "la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, incluido el abuso sexual, que tiene que brindar el Estado en su conjunto sin distinción alguna" y expresó que "sin estas protecciones los niños son más vulnerables a la explotación y el abuso".
"Los jueces, al ser garantes de la aplicación de los tratados internacionales ratificados por el país deben siempre tener en cuenta al interés superior y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, evitando que sean discriminados y revictimizados", sostuvo.
El representante de la oficina regional del Acnudh consideró que "es imperioso que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires establezca un programa de capacitación continua a los operadores de justicia sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, para lo cual estamos dispuestos a colaborar".
Juicio político
En Argentina, casi 100 mil personas firmaron una petición que circula por internet para que la Legislatura bonaerense active el juicio político contra Piombo y Sal Llargués.
El pedido, lanzado en la plataforma Change.org, busca el "urgente tratamiento de Juicio y una resolución con prontitud.
El reclamo, que necesita de 150 mil firmas para lograr su ingreso formal a la Legislatura, y a cinco días de haberse presentado ya había cosechado casi 100 mil firmas que rechazan el fallo.
Los peticionantes remarcaron que "éste no es el primer fallo en ese sentido, dado que en 2011 solicitaron la reducción de la pena impuesta a un pastor acusado de abusar de dos niñas de 14 y 16 años, argumentando que 'son de un nivel social que acepta relaciones a edades muy bajas".
"Éste es un hecho aberrante e intolerable, estigmatiza y responsabiliza a las víctimas, defienden a violadores y pedófilos", remarcó el pedido que pide al jurado de enjuiciamiento de la provincia que active las causas por el primer caso y la liberación reciente del acusado de violación.
Asimismo, señala que los jueces "deshonran al Poder Judicial y ofenden la dignidad humana" por lo que consideraron que no se puede "tolerar que sigan en sus cargos cometiendo estas infamias".
El rechazo se siente en todas amplios segmentos de la sociedad que reclama y no entiende.
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