La escribana investigada por firmas truchas da su versión

La escribana Sara Quevedo Quiroga de Chávez se refriega las manos y busca en su memoria. La Justicia Penal la investiga por certificar firmas truchas en un poder usado luego por un hombre para vender un terreno ajeno sin conocimiento ni consentimiento del dueño. Piensa y luego afirma que el denunciante, Jorge Mario Saporiti, en realidad firmó ese documento.

Primero lo asegura. Dice que hasta cree recordar el momento. Luego, ante la insistencia del periodista, la notaria razona que “si su firma está en el poder, es porque vino y firmó”.

Quevedo Quiroga de Chávez lo afirmó ayer, ante una consulta de El Diario de la República, pese a que previno que no quiere hablar mucho sobre el caso y dejar que se ocupe su abogado, Roberto Estevez.

La escribana se jubiló luego del escándalo y su matrícula, la número 67, pasó a manos de uno de sus dos colegas que hasta entonces eran sus adscriptos y que también están abarcados por la investigación que lleva adelante el juez Penal Nº 1 de San Luis, Sebastián Cadelago Filippi.

Saporiti dice que no es verdad: “Nunca fui a la escribanía, tan es así que ni siquiera sé dónde queda”, retrucó el denunciante anoche, al ser puesto al tanto de la afirmación de Quevedo Quiroga de Chávez.

“La verdad es como la expuse en la denuncia. Fui en enero del año pasado a Rentas a buscar la boleta del impuesto inmobiliario y el empleado que me la sacó me dijo ‘acá la tiene, pero la propiedad ya no está a su nombre’. Así fue como me enteré de que supuestamente yo ya no era el dueño”, afirmó Saporiti.

De algún modo, cuenta, alguien había conseguido sus datos personales para hacer el poder falso. “Mi esposa llamó a la escribana para pedirle explicaciones y ella buscó en su estudio y encontró el documento, se lo leyó por teléfono. Figuraban mi nombre, mi domicilio y el número de mi Libreta de Enrolamiento”, recordó.

La investigación penal que comenzó con la denuncia de Saporiti permitió descubrir que con el mismo artilugio, un tal Pablo Matías Villegas vendió no sólo el terreno del denunciante, sino otro que estaba al lado, perteneciente a  María Cristina Domínguez, una mujer que vive en Salta.

Sara Quevedo Quiroga de Chávez cuenta que no recuerda con exactitud a la persona que fue a hacer el poder por el que, supuestamente, Saporiti lo autorizaba a vender un lote de ochocientos metros cuadrados que tenía en Potrero de los Funes. “Acá venía tanta gente, cuando yo estaba en actividad”, dice en la antesala de su estudio.

“Esa persona me trajo los datos para que yo hiciera el documento y después vino Saporiti a firmar”, dice. Luego expresa su opinión que si alguien estafó a alguien, la Justicia lo va a aclarar. “No sé nada de la investigación judicial, la está siguiendo el abogado, supongo que me llamarán a declarar”, agregó.

Saporiti dice que es muy sugestivo que hayan desaparecido ocho escrituras que hizo la notaria investigada, entre las cuales estaba el original del poder supuestamente rubricado por él. Debían estar en un protocolo, un libro registral que las escribanías deben llevar en forma ordenada y someter al control del Colegio notarial.

En reemplazo de esos documentos, en el protocolo de Quevedo Quiroga de Chávez apareció una exposición policial por el extravío de tales escrituras.

Ella dice que hizo esa presentación policial cuando se enteró, a través de su adscripto, que faltaban. “El adscripto había llevado el protocolo al Colegio para que lo encuadernaran y ahí se dieron cuenta que algunas escrituras no estaban. Él me avisó e hice la exposición”, sostuvo.

Para Saporiti, aunque según las referencias que tiene de ella, Quevedo Quiroga de Chávez “es muy ducha en la materia, alguien la usó y se aprovechó de su confianza” para consumar la estafa que lo perjudicó a él.