La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió este jueves que los manifestantes tendrán "cinco o diez minutos" para liberar los piquetes antes de que actúen las fuerzas de seguridad.
Esta medida será aplicada a partir de la vigencia del nuevo "Protocolo de actuación en las manifestaciones públicas", que rechazaron dirigentes políticos y organizaciones sociales. Bullrich afirmó que tampoco se permitirá el uso de capuchas, palos o elementos contundentes a los manifestantes, y dijo que "si hay una negativa para entregarlos, se los va a detener".
Ante posibles planteos de inconstitucionalidad del protocolo, la ministra contrapuso que "lo inconstitucional es que se les permitió (a los manifestantes) durante una década hacer lo que querían sin entender que hay derechos de otros".
En declaraciones a radio la Red, Bullrich aclaró que "no es que se van a prohibir las manifestaciones", sino que los manifestantes deberán avisar con antelación dónde se efectuará la protesta, cuál es el recorrido de la marcha, en qué horario la realizarán y cuántas personas estiman que participarán.
"Lo que no se va a poder hacer es decir 'mi manifestación es cortar Avenida de Mayo y 9 de Julio'", puntualizó.
El Consejo Seguridad Interior (CSI) aprobó ayer en Bariloche el “protocolo”, que establece pautas para asegurar la circulación normal durante las protestas en las calles y garantizar la actuación de las fuerzas de seguridad.
El nuevo procedimiento se dio a conocer tras una jornada de cortes y manifestaciones para pedir la liberación de Milagro Sala.
Dirigentes políticos y organizaciones sociales manifestaron su fuerte rechazo al nuevo protocolo, al advertir sobre su carácter "inconstitucional" y la posible instrumentación de prácticas represivas.
"Un gobierno que hace gala de ser tolerante y dialoguista no debería recurrir a métodos represivos para responder a reclamos legítimos de la ciudadanía. De esta forma pone en riesgo la paz social", dijo la diputada de Libres del Sur Victoria Donda. Y agregó: "Este protocolo es contradictorio con el andamiaje jurídico".
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman criticó al gobierno de Mauricio Macri por pretender " avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización de los trabajadores y el pueblo, con el único objetivo de blindar el ajuste en curso e impedir manifestaciones contra los despidos, por el salario y hasta contra los cortes de luz y la megaminería".
Por su parte, el referente del Frente de Izquierda Nicolás del Caño manifestó que "esto mismo lo intentó hacer Cristina Fernández hace dos años con su proyecto antipiquetes, pero no pudo imponerlo por la propia resistencia de los trabajadores, como los de Lear".
Ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó el "Protocolo de actuación en manifestaciones públicas", al advertir que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta" y denunciar que "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social".
DyN
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