El club "Serranías Puntanas", a un paso de ser intervenido

Los padres de los chicos que juegan al fútbol en el Club Atlético Serranías Puntanas no bajan los brazos. Ayer, en busca de echar luz sobre el  oscuro presente dirigencial que vive la entidad, un grupo de papás mantuvieron una reunión con funcionarios de la Dirección de Personerías Jurídicas y el diálogo rindió frutos: el club quedó a un paso de ser intervenido.
La nueva etapa que podría vivir la entidad se produciría la semana próxima, una vez que los padres completen una solicitud formal y en la misma carta sugieran una persona para que asuma como normalizador del club. Ese rol, según contaron los propios padres, podría cubrirlo un vecino del barrio o una mamá de algún chico que juegue en la entidad "tricolor".
La encargada de recibirlos y de darles las recomendaciones fue la propia titular de Personerías Jurídicas, Liliana Fagés, quien -según trascendió- se ofreció a colaborar en todo momento con los papás.
La misiva estará lista entre hoy y mañana para perder el menor tiempo posible ya que los chicos siguen en competencia dentro de los torneos de fútbol infantil de la Liga Sanluiseña. 
Una vez con el nombre del normalizador confirmado por Personerías Jurídicas, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto completará el trámite con un simple visto bueno. Si eso ocurre, en forma automática, la sospechada Comisión Directiva del "Serranías Puntanas", encabezada por Juan José Pischetz (hijo), quedará sin efecto alguno. Ya no podrá tomar ninguna decisión en torno al club.
La decisión de Fagés no sólo llegaría por el efecto causado a raíz de la última reunión. También pesa el relevamiento que desarrolló personal de su área en el predio deportivo y la constatación que hicieron sobre las pocas instalaciones que hoy posee el lugar. 
Pero la intervención, por sobre todo, recaería por el avance en la Justicia de la denuncia que hizo Fiscalía de Estado sobre los integrantes de la Comisión Directiva del club por malversación de fondos públicos. 
Los abogados de la sala penal del organismo que defiende los intereses de la Provincia, sospechan que los directivos de la entidad manejaron y rindieron en forma irregular un subsidio de $966 mil que recibieron en 2015. 
El decreto que firmó el por entonces gobernador Poggi exigía que los destinos del dinero fueran la construcción de un salón de usos múltiples, sanitarios, el cierre perimetral del predio, dos canchas de fútbol y una de vóley. Hay muy poco, pero las certificaciones y las facturas de la empresa RST Servicios fueron presentadas ante el Ministerio de Hacienda. En esa época, el jefe de esa cartera era Néstor Ordóñez.