Alejandro Miranda: “Hubo actos para encubrir la causa”

El abogado Alejandro Miranda patrocina a Algarbe desde 2013, cuando los vehículos y obreros de Vialidad Provincial irrumpieron en su terreno. La semana pasada, en distintos medios de comunicación explicó el camino legal que recorrió el expediente y la actualidad de la causa.

“En principio, en el año 2013, mi cliente Nelson Algarbe le hizo saber al entonces ministro de Obras Públicas, Emer, que personal de Vialidad había ingresado ilegalmente al terreno de su propiedad. Ubicado en Riobamba extremo sur. Habían rotos los alambres y depositado material de construcción y su dueño no sabía los motivos por los cuáles se utilizaban sus terrenos. Mi cliente se entrevistó con los funcionarios de Vialidad Provincial y ellos le dijeron que había una orden del Ministerio de Obras Públicas para hacer una rotonda iluminada y que se habían hecho los trámites legales para construirla; lo cual no era verdad, porque los lotes son privados. El Gobierno pri-mero debió declararlo de utilidad pública, informar en qué consistía esa utilidad y llamar al propietario para acordar la indemnización y, si no hubiese un acuerdo, hacer una demanda por expropiación. Nunca se hicieron esos trámites. No hicieron ninguno de esos pasos”, contó Miranda.

“Por eso, Algarbe le mandó una carta documento al ex ministro Ordóñez. Todo en la gestión del gobernador Poggi quién, además, estaba en conocimiento de la situación. El caso tomó estado público porque además El Diario de la República publicó artículos con fotos sobre el tema cuando la rotonda estaba a medio construir y también tras su inauguración. Está documentado que la propiedad del                  terreno le corresponde a Algarbe. El anterior ministro de Obras Públicas emitió una resolución en la que reconoce que él es dueño de los terrenos. Cuando Ordoñez no contesta la carta documento, Algarbe radica la denuncia ante el Juzgado Nº 3, a cargo de la jueza Virginia Palacios por usurpación. Ella ordena, a través de un oficial de justicia, que se constate el estado del lugar. Pero la rotonda ya se había inaugurado, hasta habían habilitado la luminaria”, agregó el letrado.

“Ocho meses más tarde de que el gobierno provincial tomara posesión del terreno y construyera la rotonda, Fiscalía de Estado se presentó en el juzgado del doctor Agustín Ruta y entabló una demanda por expropiación. La fiscal, la doctora Giménez, dijo en su dictamen que se trataba de una usurpación lisa y llana por parte del Gobierno de San Luis”, explicó.

“A Algarbe ninguna autoridad del Estado le dio una respuesta. Sí tuvo contacto directo con el Fiscal de Estado, Endeiza. Él le dijo que todo se iba a solucionar, que todo se arreglaría por las vías normales. Nunca se hizo. Y terminó entablando una demanda de expropiación de urgencia. Lo hicieron en forma irregular porque quien se presenta en nombre de Fiscalía de Estado no estaba habilitado para hacer esa demanda. Fue un trámite totalmente  irregular y a los pocos días el juez Ruta le otorgó la posesión al Estado. Y acá está el detalle de cómo una demanda improcedente fue acogida en el Juzgado Civil Nº4, a cargo del doctor Ruta: a los ocho días de presentada la demanda le dio la posesión al Gobierno cuando hacía ocho meses que el Estado ya lo tenía porque lo había usurpado. Y se los da a los efectos de que construya una rotonda cuando la obra ya estaba terminada, ya la habían construido. Cuando Ruta le da la posesión al Ejecutivo, la obra ya estaba inaugurada”, contó el abogado.

“Durante todo ese tiempo se produjeron actos en busca de encubrir la usurpación. Por ejemplo la demanda era improcedente desde todo punto de vista legal porque no se puede expropiar un terreno cuando ya se le dio la utilidad”, manifestó Miranda.