Despierta polémica la posible eliminación de la feria judicial

La idea del Gobierno Nacional de encarar cambios en el sistema de justicia, a partir de un proyecto para eliminar la feria judicial, generó polémica entre los que trabajan en el ámbito de tribunales del país. En la provincia, ese anuncio no pasó desapercibido y abrió el debate sobre las reformas previstas por el Ejecutivo, que anticipó que comenzará a trabajar en la propuesta de cara al año que viene dentro de una plataforma más amplia denominada Justicia 2020. Consultados por El Diario de la República,  tres magistrados y un abogado local opinaron sobre las ventajas y los inconvenientes que, a su criterio, tendría la modificación del periodo de receso (que se aplica durante todo enero y dos semanas de julio), en el cual los juzgados sólo atienden casos de urgencia.

Aunque aclaró desconocer la intencionalidad y la profundidad del plan anunciado por el oficialismo nacional, la integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Lilia Novillo, dijo que si es para permitir la celeridad y facilidad de las demandas de la gente al sistema, sería una buena medida.

"Ahora si no sirve para nada y es una medida política no creo que sea bueno, si es un proyecto de verano y en un año electoral", sostuvo la titular del Poder Judicial, quien agregó que durante la época de receso los juzgados no cierran, sino "que quedan de guardia a cargo de jueces civiles, penales y de familia que los habilitan cuando es pertinente".

En igual sentido, la jueza laboral María Eugenia Bona afirmó a este matutino que sin argumentos justificados del Ejecutivo Nacional para modificar el funcionamiento de la estructura, la introducción del cambio no sería correcto debido a que los 46 días que dura la feria judicial, "corresponde a las vacaciones de los empleados y jueces".

"Hay que tener en cuenta que durante enero los abogados también aprovechan para tomar un descanso, no somos nosotros únicamente, sino que incluye a toda la comunidad jurídica por lo que creo que no va a ser sencillo modificarlo. Si nos dan un fundamento justificado y es para mejorar el sistema, nos adaptaremos al cambio como lo hemos hecho en otras circunstancias pero tampoco pueden hacer una reforma porque se les antoja", aseguró Bona.

Una voz disidente a las anteriores la representó el juez penal de Santa Rosa, Jorge Pinto, quien indicó que según las características de cada juzgado, "tranquilamente podría eliminarse la feria judicial", sin dejar de dar cumplimiento a la obligatoriedad de dar licencia ordinaria anual a los empleados.

"En lo Civil y lo Laboral sería un gran avance la implementación porque la mayoría de los que acuden al servicio de justicia, justamente lo que plantean es que los juicios demoran muchos años, muchas veces es por culpa de los abogados pero en otros casos debería ser mucho más rápido, por eso entiendo que sería muy bueno un cambio", señaló Pinto.

Además, el magistrado añadió que una ventaja para implementar las modificaciones planteadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (a cargo de Germán Garavano), es que la provincia y puntualmente el Juzgado Penal de Santa Rosa -según confirmó- fue el primero de todo el país en eliminar el papel en los procesos cotidianos.

"Lo logramos hacer por una decisión política y nos permitió agilizar los tiempos, porque estamos en una era distinta donde los abogados no tienen que venir más a presentar ningún escrito sino que es todo on line, mejorando así el servicio de justicia para la gente", afirmó Pinto, para quien la cantidad de empleados judiciales durante la feria no debería descender del 70 por ciento.

En sintonía con Pinto, el titular del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, Ricardo Valentino, sostuvo que la introducción de la informática en el sistema de litigación, sumado a los avances en la oralidad de los procesos, "no parece ilógico asumir que se debe replantear la existencia o extensión de la feria judicial, puesto que el servicio de justicia, que tiene como fin otorgar pronta respuesta a los conflictos, no debería ser suspendido".

"Si bien el proyecto menciona el Poder Judicial Nacional, en manos de la Corte Suprema, no veo injustificada su extensión a las justicias provinciales. Creo que acercaría más al ciudadano y la Justicia", dijo Valentino, quien agregó que los cambios también permitirían  incorporar más personal ante un aumento del tiempo de trabajo.