El presidente Mauricio Macri le ordenó a su ministro de Justicia, Germán Garavano, que anunciara la reforma del Régimen Penal Juvenil y que uno de esos cambios sea bajar la edad de imputabilidad de los menores hasta los 14 años. Lo hizo porque hace dos semanas un chico de 15 años, llamado Brian Aguinaco, recibió un balazo en la cara cuando estaba dentro del auto de su abuelo, de otro menor de la misma edad que escapaba luego de participar de un robo en el barrio porteño de Flores. Este será otro intento por reformar ese decreto ley 22.278 que la última dictadura militar aplicó en 1980 y todavía sigue vigente. El anterior se produjo en 2009 cuando la Cámara de Senadores aprobó una reforma que lo dejaba en los 14 años pero al pasar por Diputados no se alcanzó un consenso y perdió estado parlamentario.
Ahora el gobierno de Cambiemos propone conformar una comisión de expertos que se encargará durante todo este año de redactar un nuevo proyecto donde, según adelantó Garavano, “se tendrán en cuenta todas las opiniones, incluso la de Unicef” que ya anticipó que es contraria a la baja de la edad de imputabilidad. Lo que algunos juristas como Eugenio Zaffaroni objetan del actual régimen es que no se respeten las garantías de defensa en juicio de los adolescentes infractores de la ley, y que esto es más importante que la edad.
El Diario de la República consultó a magistrados, defensores, abogados y legisladores para que den su opinión acerca de la posibilidad de bajar la edad de imputación de los menores y si esta opción es válida para solucionar un problema que en los últimos 20 años llegó para quedarse. Si bien la mayoría le restó importancia a ese aspecto, muchos de ellos destacaron que antes hay que abocarse a generar mejores condiciones de vida en la sociedad y evitar que los chicos ingresen al delito con medidas preventivas donde la familia, la educación y los valores cívicos sean fundamentales.
Los técnicos del derecho explican que al estar en plena vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) y por haber adherido la Argentina a una serie de tratados internacionales sobre este particular, las posibilidades de que los chicos sean imputables a partir de los 14 años son casi nulas.
Y los referentes políticos entienden que antes que criminalizar y aplicar sanciones a las conductas antijurídicas de los menores es más importante que los gobiernos promulguen leyes que incluyan a esa franja de la población que sufre por la falta de empleo y la marginalidad.
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