Una prepaga no quiere cubrir el aceite de cannabis para un niño

Susana Placidi es la abogada, especializada en derecho a la salud, que lleva el caso de un niño de 9 años que necesita un tratamiento con aceite de cannabis para paliar la epilepsia refractaria que padece desde que nació. En estos días presentará el amparo que obliga a la empresa de medicina prepaga a la que está afiliado a que costee el medicamento que debe ser importado de Estados Unidos ya que Argentina aún no prevé su producción. La familia del pequeño se respalda en la ley de discapacidad 24.901 que asegura la cobertura integral de tratamientos, medicación y terapias alternativas para mejorar su calidad de vida y reinserción social. Placidi afirmó que el niño tiene la autorización de Anmat (Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica) para recibir la medicina.

El niño al que representa Placidi sufre unas 300 convulsiones al día provocadas por un tipo de epilepsia que se llama refractaria o farmacorresistente, es decir que es inmune a la mayoría de los psicofármacos, por lo que ninguno logra detener sus convulsiones. Su neuróloga infantil, Fernanda Garro, ante la imposibilidad de un tratamiento con anticonvulsivos que hiciera efecto, le recetó aceite de cannabis o Charlotte's Web, llamado así por Charlotte Figi, la primera niña de Estados Unidos que fue autorizada a usarlo para el tratamiento de la misma enfermedad.

El uso de aceite de cannabis para paliar ésta y otras enfermedades como la fibromialgia y los dolores crónicos, es un proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Placidi explicó que “como aún no se produce en el país hasta que no salga la ley, se tiene que importar de Estados Unidos. Esta familia a la que represento tiene la autorización del Ministerio de Salud de la Nación para importar el medicamento y el niño tiene su certificado de discapacidad, él realmente está en muy malas condiciones de salud y su obra social no se lo quiere cubrir”. También aseguró que “la importación del medicamento está comprendida en una resolución del Ministerio de Salud que se modificó el 19 de setiembre de 2016 que se llama RAEM (Régimen de Acceso a Excepción a Medicamentos). Es para pacientes con patologías como ésta que se les autoriza el uso de ciertos medicamentos que a veces no se consiguen en la Argentina y se tienen que importar”.

Placidi manifestó que la prepaga “tiene la obligación de cubrirlo, porque es un caso de discapacidad, está específicamente ordenado por el médico tratante y además está autorizado su uso por el Anmat para pacientes que tienen determinadas patologías como es el caso de mi cliente”. El niño comenzó su tratamiento que tiene un costo de USD 600, aproximadamente $10.000 mensuales, pero su familia apela a que la obra social cumpla con su obligación. “Este proceso comenzó a mediados de enero y estamos trabajando para presentar un caso sólido. Es el primero de este tipo que sucede en la provincia”.

Sostuvo que éstas son drogas que se las denomina “de uso compasivo” y que la resolución específicamente manifiesta que son para calmar al paciente. “Ha tenido buenos efectos en personas que sufren epilepsia refractaria. Para esta patología es un tratamiento altamente recomendado y este caso en particular que vamos a presentar pronto ante la Justicia, ya está autorizado por todos los organismos nacionales por lo que no existe motivo para que la obra social lo rechace, más por su condición de discapacitado y estando amparado por la legislación”, remarcó.

Si bien la abogada no sabe por qué la prepaga no quiere cubrir el remedio, reconoció que “son medicamentos de alto costo y baja incidencia. Aunque en este caso el valor no es tan elevado, a veces se aprovechan, -tanto las prepagas como las sindicales-, porque cuando los medicamentos son caros y los tratamientos son largos, lo primero que dicen es ‘no’. Hay tratamientos más caros, pasa que el cannabis es nuevo, y hay gente a la que les decís que no y se dan media vuelta y no buscan ayuda. No saben que con un abogado pueden presentar un amparo y hacer que cumplan con sus obligaciones. Hay tratamientos que son carísimos y que por más de que tengan un buen pasar económico no los podrías sostener en el tiempo para que tu hijo este bien”.

“Este caso no va a ser el último”, dijo la abogada y llamó a la sociedad a tomar conciencia de cómo actuar para lograr los objetivos. "Estamos abriendo una puerta. Es hora de que hagamos cosas de verdad. Vayamos, peticionemos, pidamos, exijamos que se cumplan las leyes. Basta ya de que ‘como no nos toca a nosotros, no nos metemos’. Sí podemos, como sociedad, en conjunto, apoyando una resolución, haciendo públicas estas cosas que realmente sirven. Hay mucha gente que tiene acciones para hacer y no lo sabe, que no son económicamente imposibles. Debemos concientizar para que la gente pueda acceder, y no le cueste la vida”, concluyó.