En una nueva escalada del conflicto de poderes que sumió a Venezuela en una crisis sin final a la vista, el Parlamento unicameral, de mayoría opositora, aprobó activar el procedimiento para remover a los siete jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a quienes acusa de haber quebrado el orden constitucional.
La ofensiva de la Asamblea Nacional coincidió con un cruce de denuncias de golpe de Estado entre el gobierno chavista y la oposición, y una nueva convocatoria para multitudinarias marchas hoy: la oficialista a través del oeste de Caracas y la antichavista a lo largo de la parte oriental de la capital.
El jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez dijo que para remover jueces la Asamblea Nacional necesita el aval del Poder Ciudadano, uno de los cinco poderes del Estado que ya tomó posición y sostuvo que el TSJ no violó el orden constitucional.
El Poder Ciudadano es ejercido por el Consejo Moral Republicano (CMR) integrado por el defensor del pueblo, el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela y el contralor general de la República.
Excepto por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, este poder apoyó al oficialismo chavista en este conflicto de poderes.
La mayoría opositora en el Parlamento aprobó pedir al Poder Ciudadano y a la Fiscalía General, que tramiten una solicitud que el Legislativo ya había presentado ante esos organismos estatales el 31 de marzo, y un documento complementario que presentarán en los próximos días, para analizar las "faltas graves de los jueces del TSJ e impulsar su remoción".
Los siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que busca remover la Asamblea son: Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Crimen Zuleta y Gladys Gutiérrez; y la acusación es que "son autores materiales del golpe de Estado", según reprodujo la agencia de noticias EFE.
La Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece que los magistrados del TSJ pueden ser removidos cuando incurren en violación del código de ética de los magistrados, menoscaban los derechos constitucionales, lesionan los intereses de la nación o tienen activismo o parcialidad política.
La mayoría opositora del Parlamento consideró que los siete jueces lo hicieron la semana pasada cuando resolvieron limitar la inmunidad de los legisladores y asumir las funciones del Congreso.
Los principales líderes de la oposición denunciaron esas resoluciones del TSJ como un "autogolpe" y ante el repudio interno y externo, el tribunal finalmente dio marcha atrás el sábado pasado.
"Cuando (los magistrados) se dan cuenta del escandalazo que se produjo, porque estos imbéciles parecen ser especialistas en autodestruirse, ellos creyeron que aplicando la operación tijera (...) y mutilaron de las dos sentencias las partes que generaron escándalo", se quejó el diputado opositor Henry Ramos Allup.
El Tribunal Superior de Justicia sostiene que la Asamblea Nacional "está en desacato" por que no cumple con una de sus resoluciones que cuestionó la jura de tres diputadores opositores, con impugnaciones electorales.
La postura de la dirección del Parlamento es negarse a llamar a nuevas elecciones.
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