Con cambios, dieron media sanción al presupuesto 2019

Tras cuatro horas de debate y por mayoría de 24 votos a favor y 18 en contra, fue aprobado el proyecto de presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados, que será de 39 mil millones de pesos y que destinará la mitad del mismo a Salud y Educación. Se introdujo como cambio en la norma la adhesión de un artículo (que tuvo una votación en particular de 34 a favor y 8 en contra) para asignar partidas a 29 municipios por 494 millones de pesos. Ahora aguarda su tratamiento en la Cámara de Senadores.

Un grupo de 16 diputados del Frente Unidad Justicialista, junto a cinco diputados de Avanzar y Cambiemos por San Luis y tres de Sanluiseños por el Cambio estuvieron a favor del despacho de la mayoría de la Comisión de Finanzas y Obra Pública, que impulsaba el proyecto original de presupuesto con el artículo agregado de los municipios. Quienes lo firmaron fueron los diputados Pablo Zamora (Sanluiseños por el Cambio), Alberto Fara (Avanzar y Cambiemos por San Luis), y Marcelo Sosa, Juan Pablo Funes Bianchi y Fernando Casas (Frente Unidad Justicialista). 

En consecuencia hubo dos dictámenes en minoría: uno firmado por el legislador Alfredo Domínguez, del Justicialismo, que proponía aprobar el proyecto de presupuesto sin modificación alguna y otro de Alejandro Cacace, que preside el bloque Avanzar y Cambiemos por San Luis y que planteaba entre las modificaciones un presupuesto cercano a los 42 mil millones de pesos, que los cambios de las partidas sean bajo la autorización de la Legislatura y no el Ejecutivo y que se destine también un monto a la ciudad de San Luis por 186 millones de pesos. El legislador hizo el pedido para subsidiar el boleto del transporte de la capital, cuyo precio está en riesgo de duplicarse ante el anuncio de la quita de fondos nacionales. Ninguno de los proyectos de la minoría prosperaron y los legisladores que los impulsaban votaron en contra de la iniciativa mayoritaria sumando 18 votos (10 de Avanzar y Cambiemos y 8 del Justicialismo). Por otra parte, el único cambio del documento de la mayoría fue que se agregaron dos municipios: Bagual y Fortuna, que recibirían cerca de 8 millones de pesos cada uno.

La discusión principal en la Cámara baja se dio por la introducción del artículo 15 que, con el nombre de "Cláusula de Progreso", proponía el destino del "excedente del Fondo Municipal de Saneamiento y Desarrollo (FOMSyD)" a localidades como Villa Mercedes, La Punta, Juana Koslay, Potrero de los Funes, La Toma y Santa Rosa del Conlara. Esta votación del artículo en particular fue más amplia: 34 votos a favor y 8 en contra. Esto se debió a que el bloque entero de Avanzar y Cambiemos apoyó en totalidad la cláusula, sumando 10 votos.

En el detalle de los 29 municipios se determina que Villa Mercedes recibirá 150 millones de pesos, La Punta, Juana Koslay, Villa de Merlo, Potrero de los Funes, La Toma, Tilisarao, Naschel, Santa Rosa, Luján y Concarán 20 millones y La Calera, Villa General Roca, Estancia Grande, Juan Jorba, Lavaisse, El Morro, La Punilla, Villa de la Quebrada, Alto Pelado, San Jerónimo, Las Lagunas, Villa Praga, Las Chacras, Unión, Carpintería y Los Molles 8 millones de pesos. Con el agregado de Bagual y Fortuna, los fondos destinados pasaron de 478 a 494 millones de pesos.

Los ocho diputados del PJ que mantuvieron la postura del proyecto del Ejecutivo sin cambios fueron Luis "Lucho" Martínez, Alfredo Domínguez, Sonia Delarco, Rosa Calderón, María Eva Morel, Daniel González Espíndola, Francisco Irusta y Adrián Agüero. Apuntaron a la "inconstitucionalidad" de la modificación y cuestionaron de dónde provendrán los fondos para destinar a esos municipios. "De ninguna manera significa que estemos en contra de algún municipio. Pero estamos violando normas. El artículo 92 de la Constitución Provincial dice que la ley de presupuesto no puede modificar, sustituir o derogar leyes. Y toda ley que disponga o autorice gastos, debe indicar la fuente de financiamiento. En algún momento va a haber una encerrona en el camino, está mal planteado", aseguró.

"Es cierto que los excedentes de esos fondos (FOMSyD), pasan, según la ley de coparticipación, a  la Provincia. Pero este artículo no incrementa gastos, divide sobre lo que ya se dispone y lo hace bajo el "585", que son las transferencias de capital a los municipios. Si cometo el grueso error de tomar esos 400 millones de allí, sin incrementar alguna otra fuente de recursos, lo que estoy haciendo es sacarle a los 65 municipios una parte importante y después dividir el resto. Estoy incurriendo en una anormalidad legislativa y una violación a la Constitución y las leyes", justificó Martínez.

Alfredo Domínguez fue un poco más duro con la decisión de Bianchi, Sosa, Casas y otros compañeros de bloque. "El martes vinieron con dos despachos elaborados que no nos permitió el debate técnico. Nos obligó con un grupo de legisladores a un despacho en minoría, en acompañamiento al emanado por el Gobernador. Estas dos propuestas adolecen de cuestiones fundamentales de orden constitucional, técnico, que no son viables. El elaborado por mis compañeros, avalado por un legislador radical, adolece de discriminación y no puede modificar una ley. Han presentado un mamarracho técnico, jurídico. Es una cuestión de responsabilidad, va a quedar registrado lo que vota cada uno", remarcó. Ahora el debate se trasladará al Senado, donde la mayoría pertenece al Justicialismo.

Interna opositora

"Acompañé el despacho con mi firma. Y lo voy a acompañar en general, con algunas licencias en artículos puntuales. Este es el presupuesto de los municipios y me alegró mucho que nos hayamos despertado en la provincia de San Luis, del 7,7 por ciento del presupuesto provincial que se distribuían a los municipios. El municipio que represento (Santa Rosa), junto a otros en los que trabajé, han sido discriminados. Está bueno que empecemos a hablar para que ese fondo vaya directamente a obra pública, con control de la provincia", apuntó Fara, de Avanzar y Cambiemos para justificar su apoyo en general al proyecto de la mayoría. "Tenía una obligación con mis pueblos, de acompañar ese pedido de fondos", refiriéndose de alguna manera a su jefe de banca, Alejandro Cacace. Y es que al igual que Ariel Barrozo, Nery Carlomagno, Ricardo Lemme y Mónica Domínguez tomaron la misma decisión de no acompañar la propuesta de su propio bloque, para apoyar el despacho mayoritario.

Esto no vino sin consecuencias. Horas después el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical criticó, mediante un comunicado, la postura tomada por sus legisladores. "Esta inconducta avalada por la reunión institucional entre el intendente de Santa Rosa del Conlara, Miguel Postiguillo, y el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá conjuntamente con el dirigente Walter Ceballos consumaron un accionar a espaldas de nuestro partido, en contra del trabajo legislativo mayoritario del bloque y por la supuesta promesa de fondos (dinero público) que podría ser incorporado al presupuesto sin ninguna afectación o garantía de que se cumpla y de que los intendentes puedan realmente llegar a percibirlos en 2019", sostiene.

"Los que aquí suscribimos este comunicado repudiamos enérgicamente las conductas desplegadas en la sesión de este miércoles (...) y en clara afectación de los ciudadanos que nos votaron para ser oposición", concluye el escrito rubricado por José Riccardo, presidente actual del partido y diputado nacional, acompañado de otros dirigentes como Claudia Rocha y Javier Suárez.