El caso ocurrió en 2014, en la Clínica Italia de San Luis. Ahora, un tribunal exhortó a que haya una definición en un plazo de 60 días.
Hace tres años y medio que Luis Sierra insiste para que la Justicia investigue su denuncia contra una clínica privada de San Luis, a la que acusa de haber incurrido en negligencias que se cobraron la vida de su esposa, en noviembre de 2014. Pero recién ahora siente que su reclamo ha sido oído. A mediados de abril, la Cámara Penal 2 de San Luis exhortó al juzgado interviniente a que en el plazo de sesenta días se pronuncie sobre la necesidad de instruir sumario y que, de corresponder, cite a indagatoria a quienes resulten responsables.
La semana pasada, Sierra citó a los medios a una conferencia de prensa, la segunda desde que denunció a miembros de la Clínica Italia por mala praxis, para acusar públicamente “la demora que hubo en el Poder Judicial y que llevó a que prescriba la historia clínica en el caso que investiga su adulteración”, según afirmó.
“Este proceso lleva casi cuatro años y el juez anterior (Jorge Sabaini Zapata) no hizo absolutamente nada en ese tiempo. A pesar de los pedidos reiterados que hemos hecho no llamó a nadie a indagatoria, a pesar de las pruebas que hemos presentado”. “Incluso, el 19 de diciembre del año 2016 la Cámara resolvió investigar la historia clínica, pero en el transcurso de 2017 ese asunto no fue tocado para nada”, se quejó Sierra.
El jueves 30 de octubre de 2014, tras padecer varios días un dolor abdominal que le llegaba hasta la espalda, Julie Huamán Rivera fue ingresada por su esposo a la Clínica Italia, prestadora de la obra social que el matrimonio tenía en ese momento.
Un día después, la mujer fue ingresada a quirófano por una infección aguda en la vesícula, que finalmente le extirparon.
Cuarenta y ocho horas más tarde, Huamán Rivera ya había sido dada de alta, pero algo no andaba bien. “Comenzó a tener un comportamiento raro. Me miraba fijo. Miraba las cosas a su alrededor pero no hablaba”, contó el viudo en una entrevista que le concedió a El Diario en marzo de 2015. Así que ese martes a la madrugada decidió llevarla otra vez a la clínica.
Tras pasar nueve días internada, varios de ellos en terapia intensiva, Sierra decidió trasladar a su mujer a Buenos Aires, desesperado por el deterioro de la salud de Julie. “En todo el tempo que estuvo en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) nunca me dieron un diagnóstico, nunca me dijeron qué tenía”, aseguró.
La paciente murió la mañana del 14 de noviembre, en medio de un embotellamiento y a 40 minutos de viaje del Sanatorio Franchín de Buenos Aires, a donde la habían derivado. Tenía 47 años.
Presuntas irregularidades
En medio de la pérdida, Sierra tuvo que someterse a una investigación de la Policía Federal de Buenos Aires, que ordenó una autopsia a Huamán Rivera. “El resultado fue que había muerto de una neumopatía, algo que nada tenía que ver con la vesícula. Eso me llevó a iniciar acciones por vía judicial contra la Clínica Italia, contra la obra social y contra los médicos que intervinieron a mi señora”, explicó en noviembre de 2016, cuando dio la primera conferencia de prensa para quejarse de lo mismo que ahora: una presunta inacción por parte del Juzgado Penal 2 de San Luis, que aún lleva la causa.
“Durante todo el 2017 insistimos pidiendo el rol de particular damnificado, al que tenemos derecho para poder colaborar con la investigación, pero en cuatro años Sabaini Zapata no nos lo concedió”, acusó el viudo el viernes, aunque hace tiempo que el magistrado no está al frente del juzgado e integra el tribunal de la Cámara Penal 1.
En el repaso de los hechos y actores que intervinieron en la atención a Julie, el médico forense Néstor Vallejo, perito de parte contratado por Sierra, dijo haber descubierto en la historia clínica elementos suficientes para probar irregularidades en el tratamiento que le dieron a la mujer.
También notó y denunció que el anestesista que actuó en la operación de vesícula en realidad está registrado como médico cirujano, una irregularidad que el Ministerio de Salud puntano habría corroborado en un informe, según el viudo. “En el protocolo de anestesia, por ejemplo, no consignó el medicamento que le fue suministrado a mi esposa. Cuando la reingresé a la clínica ella ya tenía daño neurológico, lo que probablemente pudo deberse al suministro de anestesia”, opinó.
Incluso, el abogado patrocinante de Sierra, Ramón Chávez, insiste en que la historia clínica fue adulterada, lo que motivó una segunda denuncia por “falsificación de un instrumento público”, causa que finalmente prescribió.
“A estas alturas, en abril de 2018 y con más de veinte involucrados, no se ha llamado a uno solo a declaración indagatoria y no hay un solo imputado por el hecho. No procesaron a nadie y encima, el gran daño que nos causó el juzgado radica en la dilación que llevó a la prescripción de una prueba fundamental, algo por lo que ahora denunciamos públicamente la inacción de la autoridad judicial” que lleva el caso. “Si usted me pregunta por qué pasó esto no sabría decirle. Porque no hay motivo aparente del juzgado”, se quejó Chávez.
El expediente, que estaba en la Cámara Penal 2 por unos recursos pendientes de resolución, iba a volver esta semana al Juzgado Penal 2, a días de que uno de los secretarios de ese juzgado, Ariel Parrillis, asuma como nuevo juez titular del mismo.
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