La "Ley Justina", una luz de esperanza para 120 puntanos que necesitan un trasplante

Hay otras 214 personas que están en proceso de inscripción. La nueva legislación establece que todo mayor de 18 años es donante de órganos. 

Con la aprobación de la "Ley Justina”, nombre que recibe en honor a la nena de 12 años que falleció esperando un trasplante de corazón, todos los mayores de 18 años, que no se hayan opuesto en vida, son donantes. La enmienda abre una luz de esperanza a 120 personas que aguardan órganos en San Luis. Hasta antes de la sanción, sólo el 18 por ciento de la población adulta de la provincia había expresado su decisión de donar.

La nueva legislación agiliza el proceso de donación y trasplante, y obliga a los hospitales a brindar el servicio de procuración.

Según la coordinadora del Cucai San Luis, María Eugenia García, dentro de la lista de espera para un trasplante hay tres niños y uno en estado de urgencia, mientras que otros 214 aún están en proceso de inscripción del trámite que consiste en seis pasos: indicación médica de la necesidad del trasplante, financiamiento, evaluación del paciente, estudios inmunológicos, autorización y la verificación de la inscripción (que la nueva ley provee un acortamiento de los plazos de espera en caso de estado de emergencia).

García ratificó que la tendencia se mantiene: el órgano más requerido es el riñón, seguido por las córneas, el hígado y por último los intratorácicos (pulmones y corazón).

Las modificaciones, que se realizaron a la Ley Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos, permiten disponer de los órganos de los mayores de 18 años ya fallecidos, si es que no dejó expresa su negativa, por ende no hay necesidad de la autorización de los familiares. “El problema radicaba en que muchas familias decidían que no. Eso generaba en todo el país que un 40 por ciento de los que figuraban como posibles donantes terminaran en una negativa. La Ley Justina le quita un peso a la familia”, justificó García.

Para los casos de menores de edad, ya no se requerirá la autorización de ambos padres si no que será suficiente el de uno de los tutores. “Nos han pasado situaciones en que la mamá está en la provincia y el papá es de Buenos Aires, por lo que son doce horas de viaje en las que uno trata de mantener a los órganos funcionando y en ese tiempo se corre un riesgo muy grande a perderlos”, detalló.

Otro de los problemas eran los tiempos de la Justicia en casos de una muerte violenta ya que el juez es quien se convierte en el dueño del cuerpo. “Teníamos que comunicarnos con el magistrado y mandarle las actas de testimonio firmadas por la familia, para que luego nos autorizara la donación de órganos  y si quería pedir otra cosa, también podía hacerlo. Esta ley acorta esos plazos en un límite de seis horas para que intervenga”, explicó.

Como última reforma, los hospitales deberán tener un equipo de procuración encargado de coordinar los procesos de donación de los órganos, que permitan garantizar la correcta detección, evaluación y tratamiento del donante. “Hasta ahora era el Cucai quien se encargaba de esta área con personal que trabaja en la institución y que no estaba capacitado específicamente para esa labor. Ahora lo que exige la ley es que exista un servicio de procuración con especialistas, así como tienen un área de cardiología o una de pediatría en cada institución”, dijo.

Para capacitar al personal que se encargará de realizar esta actividad se va a utilizar un 20 por ciento del presupuesto del Incucai. “Están sacando plata que se usaba para equipos e instrumentos. Tenemos una reducción de presupuesto de un 40 por ciento, por lo que estaría bueno que se destine más plata y no que la saquen del fondo”, recalcó.