La oficina de Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acaba de publicar un informe en el que asegura que más del 70 por ciento de la población de América Latina, está “mal, o parcialmente mal, informada”, por alguna u otra razón.
La CIDH, hace lo que todos los organismos internacionales hacen por estos días: dicen verdades profundas. Pero se esfuerzan mucho (y se les nota), en asegurarse que esas verdades lleguen a la menor cantidad de personas posibles. Porque el análisis publicado, lo expresa de otra manera:
El asesinato de periodistas y cambiantes formas de censura muestran que aún se mantienen bajo asedio las libertades de expresión y de información en América Latina, en particular en los países de mayor efervescencia social y polarización política.
El periodismo “mantiene un papel central en el trabajo por la democracia en la región, aunque sufre prácticas de persecución contra medios, periodistas y activistas políticos y sociales, las cuales contradicen los acuerdos hemisféricos por los derechos humanos”.
Ese asedio “es muy preocupante en países con crisis políticas que llevan a amenazas contra el periodismo, con actividades de los Estados o de diversos grupos para reprimir, restringir o silenciar a la prensa libre”. Preocupan casos como la persecución de medios y periodistas en Guatemala y Nicaragua, la lucha electoral que se polariza en Brasil, la crisis humanitaria, represión y censura en Venezuela, la violencia mortal e impunidad en México, y los peligros para periodistas en Colombia.
Los países enumerados por la CIDH constituyen el 70% de la población de América Latina. Un análisis directo, crudo, y salvaje. Esa hipótesis está sostenida en la probabilidad más baja. Porque las estadísticas son extremadamente más crudas.
México, que hasta julio vivió una campaña electoral manchada por la violencia, ha visto morir asesinados a ocho periodistas en lo que va de 2018 (12 en 2017). El más reciente fue Javier Rodríguez Valladares, de 28 años, muerto a tiros en plena calle en Cancún, en el sureste del país, mientras entrevistaba con su cámara a un artesano del lugar, quien también fue asesinado.
Hay periodistas y medios acosados o intimidados por su cobertura de la crisis institucional en Guatemala y la social en Honduras; aunque el caso más serio en América Central este año ha sido la peligrosa cobertura de la rebelión social en Nicaragua. El 21 de abril, al despuntar la ola de protestas y represión que en cinco meses ha cobrado centenares de vidas nicaragüenses, fue muerto de un disparo en la cabeza el periodista Miguel Ángel Gahona, mientras filmaba un enfrentamiento entre manifestantes y policías en la localidad de Bluefields, en la costa atlántica de su país.
Un mes antes, en la frontera entre Colombia y Ecuador fueron secuestrados y asesinados -por un grupo disidente de la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- tres integrantes de un equipo periodístico del diario El Comercio de Quito.
En Venezuela, la prensa agoniza.
De los 134 periódicos impresos que circulaban en Venezuela hace cinco años, en setiembre de 2018 solo quedan 60, apenas la mitad son diarios, reducidas sus páginas, sus días de circulación y los ejemplares vendidos
También este año murieron a manos de pistoleros cuatro periodistas de radio, en distintos estados de Brasil. Un rasgo común es que en sus programas ventilaban casos de corrupción que implicaban a políticos de sus regiones.
“Sin embargo, las cifras pueden analizarse con más profundidad, si se piensa que en algunas regiones no hay más violencia, porque por la inseguridad ha disminuido las coberturas”.
Una frase que bien vale el próximo congreso sobre libertad de expresión. Las demoras en denunciar las injusticias aumentan el dolor.
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