Juzgan a un exintendente de La Calera por asesinato de su esposa

Diego Lorenzetti dijo que amaba a su esposa Romina Aguilar y que estaban llenos de proyectos: el inmediato era irse de vacaciones a Mar del Plata, otro, tener un segundo hijo, aseguró cuando este medio lo entrevistó en su casa de San Luis, el sábado 6 de febrero de 2016, justo una semana después de que ella fue asesinada de dos balazos en la puerta de esa vivienda. Para entonces, aunque ni la Policía ni la jueza Penal 3 Virginia Palacios lo admitieran el marido de la víctima ya ocupaba el primer puesto en la lista de sospechosos. La supuesta relación armoniosa de la pareja no era tal, al parecer. Tan lejos estaba de serlo que el entonces intendente de La Calera habría contratado a sicarios para que mataran a la mujer, según la acusación que los llevó a la cárcel a él y a los dos supuestos autores materiales del crimen. El martes empezarán a juzgarlos.

El exjefe comunal llega a juicio acusado por “Homicidio calificado por el vínculo, por mediar promesa remuneratoria y por el uso del arma de fuego”. En tanto, Edivaldo de Oliveira Pereira y Cristian Leandro Vílchez, supuestos ejecutores del atentado, están procesados como coautores del “Homicidio doblemente calificado por mediar promesa remuneratoria y uso de arma de fuego” cometido la mañana del sábado 30 de enero de 2016.

159 testigos van a declarar en las sucesivas audiencias que, según prevé el tribunal, se extenderían hasta el 13 de diciembre. Además, van a exponer pruebas científicas que la Policía y la Justicia recopilaron.

 

El 28 de noviembre del año pasado, la Cámara del Crimen 1 de San Luis, el tribunal que juzgará a los tres procesados, realizó una audiencia preliminar en la que las partes —la fiscalía de Cámara y la defensa— ofrecieron pruebas y acordaron la lista de testigos que van a declarar en el juicio.

En esa oportunidad, la fiscal de Cámara Carolina Monte Riso pidió que les hagan una pericia psiquiátrica y psicológica a los tres acusados. También solicitó “se envíe un oficio a los juzgados de instrucción por una denuncia de amenazas de muerte hacia la esposa de uno de los imputados”, recordó la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial.

Compañeros enemigos

El pedido de la fiscal obedece a la enemistad que hay entre los acusados. Hermanados en el proceso penal, los sospechosos están lejos de tener una relación amistosa. Lorenzetti y “El Bocón” Vílchez le tienen bronca a De Oliveira Pereira, porque la confesión del brasilero los llevó a los tres a prisión.

Según De Oliveira, él y “El Bocón” fueron quienes atacaron a Romina Aguilar. Declaró que Vílchez lo convenció de que fueran a asaltar a una mujer porque podían obtener un buen botín. 

Él accedió y llevó a Vílchez en su Yamaha Crypton 110 a cometer el robo, dijo.

Pero cuando llegaron a la casa de la víctima, justo en el momento en que ella sacaba su Renault Duster para viajar a La Calera, “El Bocón” se bajó de la moto, la encaró y le pegó dos balazos sin intentar robarle nada, ni amenazarla para que le entregara alguna pertenencia.

La víctima cayó en la vereda de su casa y los atacantes escaparon. El brasilero, que conocía a Lorenzetti porque solía ser jockey de los caballos de carrera que tenía el intendente, dijo que no entendía nada. Cuando le recriminó a Vílchez haber atacado a la mujer sin robarle, el cómplice le aclaró que en realidad habían ido a consumar un “trabajo” que el esposo de la víctima le había encargado. Y por el cual le había ofrecido cien mil pesos.

Lorenzetti siempre negó haber encargado el asesinato de su esposa. Un día, cuando él y los otros dos presuntos involucrados ya estaban en la Penitenciaría, el brasilero recibió una intimidación por vía de otro interno: le indicaban que pidiera declarar en el juzgado y se retractara de la versión que había contado. Si no lo hacía, su mujer y su hija pagarían las consecuencias.

Para él, el mensaje no podía provenir de otra persona que no fuera el exintendente de La Calera. Se lo contó a su esposa Sandra Lidia Becerra en una visita que le hizo en el penal, y ella después hizo una denuncia por amenazas en el juzgado Correccional y Contravencional 1.

El juez Marcelo Bustamante Marone le dio custodia policial a la denunciante y la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos le proveyó un botón antipánico.