Un tribunal rechazó la prisión domiciliaria para Lorenzetti

Continuará en la Penitenciaría. Finalmente, la Cámara Penal 1 de San Luis rechazó el pedido de prisión domiciliaria que la defensa del exintendente de La Calera, Diego Hernán Lorenzetti, había presentado a principio de abril, según lo confirmó el presidente de dicho tribunal, José Luis Flores.

Lorenzetti es uno de los tres juzgados por el asesinato de su esposa, Romina Aguilar, ocurrido a fines de enero de 2016.

Marcos Juárez, el abogado de Lorenzetti, había referido semanas atrás que, en caso de acceder al beneficio, su cliente podía cumplir la prisión domiciliaria en una vivienda ubicada al frente de la comisaría de la localidad de la que fue jefe comunal.

En su oportunidad, Juárez indicó que la pandemia generó la suspensión de las audiencias cuando el debate ya llevaba casi un 90 por ciento de desarrollo. Dijo también que la preocupación de su cliente es el bienestar de su hijo Hernán Lorenzetti, fruto de su matrimonio con Aguilar, a quien no puede ver dado que se  suspendieron las visitas en el Servicio Penitenciario Provincial como parte de las medidas de prevención tomadas para evitar la propagación del virus. Según el letrado, no había riesgo de fuga.

“Estudiando los precedentes y el vértigo que generaron estos días en cuanto a las presentaciones y los resultados a nivel nacional, el tribunal rechazó el pedido, que sin dudas estaba bien desarrollado por la defensa", refirió Flores. 

El abogado hizo su planteo invocando un peligro que consideraron abstracto, contó el magistrado. "Es decir, no está fundado en un hecho concreto, sino claramente en las circunstancias generales. Además, en la evaluación tomamos en cuenta las condiciones que reinan en el Servicio Penitenciario Provincial y especialmente las que presenta nuestra sociedad local en relación a la expansión o la circulación del virus”, detalló el presidente de la Cámara Penal 1.

El tribunal entendió que en el pedido de Lorenzetti no existe ningún elemento que sustente un peligro concreto, al menos en la actualidad, que haga necesaria una prisión domiciliaria, dado que el exintendente no presenta ninguna característica que lo integre en el grupo de riesgo frente a la COVID-19.

Y agregó: “Las restricciones que se dan fuera del Penal son prácticamente las mismas que se han implementado en el ámbito carcelario, pero en un universo más pequeño y con más posibilidades de organización y de rigurosidad en su cumplimiento”.

Al respecto de la cuestión familiar, dijo que se trata de algo que "es humanamente comprensible" y que no le restan consideración desde el punto de vista afectivo. "Pero estamos frente a un ciudadano mayor de edad, en el caso de Lorenzetti hijo, que ha sido contenido suficientemente durante sus últimos años de minoridad y durante los primeros de su adultez joven, según sus propias palabras y las de su familia", señaló.

Por ello, ese argumento no tendría la contundencia necesaria como para que la situación de Lorenzetti ingrese en el campo de las excepciones que demanda esta medida "que se ha aplicado a nivel nacional de manera general con resultados absolutamente desconocidos", consideró el magistrado.

Por otro lado, refirió que el tribunal no dispone de ciertos recursos, como pulseras o tobilleras electrónicas, "que permitan el control a distancia y la permanencia en el domicilio del detenido para desarrollar la custodia que trae aparejada la prisión domiciliaria”.  Indicó que la medida exige que a la par se monte un operativo de control que demandaría policías para vigilar la vivienda y certificar que la medida se cumple.

El hecho por el que lo juzgan

Lorenzetti llegó a juicio señalado como presunto autor intelectual del homicidio de su pareja, ocurrido la mañana del 30 de enero de 2016 en la vereda de la casa que el matrimonio compartía en el barrio Faecap de San Luis. Además del viudo, están acusados Edivaldo De Oliveira Pereira (el jockey brasilero que corría los caballos propiedad del exintendente) y Leandro Vílchez. La hipótesis es que Lorenzetti le encargó a De Oliveira Pereira y a Vílchez el asesinato de su esposa, con la promesa de pagarles 100 mil pesos.