Se cumplen 10 años del derecho al cambio de identidad de género

Protagonistas de la lucha por la sanción de la Ley de Identidad de Género, que este lunes cumple 10 años, destacaron la ruptura que esta norma significó a nivel mundial y coincidieron en que "una reparación integral" constituye la principal deuda vigente con la población travesti/trans, que sufrió todo el peso de los años de criminalización.

En América Latina, los primeros en sancionar una ley de identidad de género fueron Panamá, en 2006, Uruguay, en 2009, y Brasil, en 2010. Pero la de Argentina, dos años más tarde, marcó un punto de inflexión por plantearse desde una perspectiva despatologizadora y sin exigir requisitos médicos.

"Gracias a la ley, yo dejé de ser una ciudadana de segunda y empecé a tener los mismos derechos que cualquier otra persona", dijo la activista trans antirracista, docente y directora teatral Daniela Ruiz, quien militó fuertemente por su sanción.

Ruiz, a quien la Justicia le había negado dos veces la rectificación al momento de sancionarse la norma, recuerda perfectamente cuando le llegó el nuevo plástico a su casa, la manera en la que le latía el corazón mientras abría el sobre y cómo pensaba en "tantas compañeras muertas que lucharon por esto y no llegaron a verlo".

El redactor del proyecto del Frente Nacional que terminó convertido en ley, Emiliano Litardo, sostuvo que "con esta ley, Argentina instala a nivel mundial otra forma de pensar y gestionar el derecho a la identidad de género que no estaba asociada a control judicial o biomédico".

El abogado y referente de Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex) explicó que la norma implicó dejar atrás el "modelo psicopatologizador para adoptar uno centrado en la autonomía, para expresar su género sentido y afirmarlo en una dimensión registral, corporal y de trato digno; tres dimensiones que se conectan pero que no se condicionan".

Para la referente trans y también integrante del Frente "Marlene Wayar", "el espíritu de la ley en el cotidiano a veces es muy difícil de aplicar" por los obstáculos que representan las burocracias administrativas, la discriminación y algunas rigideces en la interpretación de la norma.

"El balance siempre es positivo, porque somos otra sociedad y eso es importantísimo, más allá de que después implementar el espíritu de la ley en el cotidiano sea difícil porque depende de muchos factores, en un territorio tan grande y complejo", afirmó.

Desde el primer fallo que en 1997 otorgó la rectificación registral a una persona trans y por más de 10 años, las sentencias judiciales consagraron un esquema de autorizaciones condicionadas al tratamiento médico o psiquiátrico y a intervenciones quirúrgicas, lo que va a cambiar cuando empiezan a salir las primeras sentencias en la Ciudad de Buenos Aires que respetan el género afirmado sin someter a las personas a procesos de intervención quirúrgicos o biomédicos, como el que benefició en 2010 a Florencia de la V.

A partir de mayo de 2012 se instala este modelo despatologizador, según el cual no hay ninguna identidad de género que en sí misma deba ser catalogada como una enfermedad o un trastorno a la salud sexual, que todas las personas tenemos identidad de género y que esta se basa en una declaración personal.

Redacción/MGE