El Fondo Monetario Internacional (FMI) impone condiciones para sus préstamos que pueden menoscabar derechos económicos, sociales y culturales de las personas, señaló la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
El área de Justicia y Derechos Económicos de HRW dijo que “a pesar de la promesa, expresada al inicio de la pandemia, de que aprendería de los errores del pasado, el FMI impulsa políticas que exacerban la pobreza y la desigualdad, y deterioran los derechos”.
El informe “Una simple venda sobre una herida de bala: pisos de gasto social del FMI y la pandemia de COVID-19”, de 131 páginas, analiza préstamos aprobados desde marzo de 2020 hasta marzo de 2023, para 38 países con una población total de 1.100 millones de habitantes.
La gran mayoría de esos financiamientos están condicionados a políticas de austeridad, las cuales reducen el gasto público o aumentan los impuestos regresivos de formas que posiblemente dañen los derechos.
También concluye que las iniciativas recientes que el FMI anunció al comienzo de la pandemia para mitigar estos impactos, como los pisos de gasto social, son deficientes e ineficaces para responder a los daños causados por las políticas.
Las propias investigaciones internas del FMI indican que estas políticas tampoco suelen ser eficaces para reducir el endeudamiento, que es su principal objetivo.
El informe “Perspectivas de la economía mundial” del FMI, publicado en abril de 2023, observó que las consolidaciones fiscales, un término que generalmente se asocia con programas de austeridad, “en promedio, no reducen los índices de endeudamiento”.
El análisis de HRW presenta un estudio de caso, Jordania, donde los programas del FMI incorporaron reformas económicas radicales durante la última década, pero las medidas de mitigación no fueron suficientes para paliar el deterioro de los derechos.
En el conjunto de países prestatarios, mientras 32 de los 39 programas examinados incluían al menos una medida que podría perjudicar los derechos, solo uno procuraba de manera explícita evaluar el impacto para los ingresos reales de las personas.
Encontró 22 programas que incluyen medidas destinadas a contener o reducir el gasto salarial del sector público y que, por lo general, lo hacen cesando las contrataciones o poniendo topes a los salarios, o los reducen.
Esas medidas “comprometen la posibilidad de los gobiernos de prestar servicios públicos de calidad garantizados con carácter de derechos y persisten a pesar de la orientación del FMI, aprobada en 2007, que desalienta los topes a los salarios públicos, salvo en circunstancias excepcionales”, según el informe.
En 23 programas están incluidos consejos o medidas destinadas a incrementar la recaudación de los impuestos al valor agregado, un impuesto indirecto que, por lo general, tiene carácter regresivo y profundiza las
desigualdades, dado que el índice es el mismo para todas las personas, con independencia de cuáles sean sus ingresos.
Hay 20 programas que eliminan o reducen los subsidios a la electricidad o los combustibles basados en el consumo, o que desarrollan planes con ese objetivo, sin invertir suficientemente en seguridad social u otras medidas compensatorias ni en fuentes de energía no contaminantes.
Las acciones destinadas a mitigar el impacto de las medidas de austeridad incluyen la incorporación de lo que el FMI denomina “pisos de gasto social”, que normalmente establecen objetivos mínimos de gasto público en áreas como educación, atención de salud y protección social.
Para HRW, si bien es positiva una mayor atención al gasto social y a la protección social, a estos pisos no se aplican criterios objetivos ni congruentes para asegurar que sean efectivos.
Debe considerarse seriamente que HRW cuestiona las políticas del FMI porque comprometen los Derechos Humanos.
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