A pesar del rechazo general, Poggi volvió a pagar los salarios en cuotas

El gobernador Claudio Poggi no cambió su estrategia a pesar del malestar generalizado de los empleados públicos y de la sociedad en general. El desdoblamiento salarial volvió a manifestarse. El miércoles estableció el pago de la primera cuota del salario correspondiente al mes de enero, con una segunda parte anunciada para el próximo martes 6 de febrero. Esto a pesar de marchas, reclamos y presentaciones en la Justicia, y también la fuerte sospecha de que todo obedece a una bicicleta financiera para obtener ingresos a costa de los trabajadores.

“Para nosotros es un gran perjuicio, porque primero lo que están haciendo no es constitucional y segundo desestabiliza cualquier orden que puede tener una familia respecto a sus ingresos. Tenemos una inflación que no va a ser inferior al 50% en dos meses, no hemos tenido aumento salarial y encima pagan el sueldo desdoblado, lo que produce un daño muy grande en el ingreso económico de las familias”, describió el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica.

“Además hay una sensación de vulneración permanente que tienen los trabajadores del Estado, porque se les quita la planta permanente y se ponen en discusión recategorizaciones que se han conseguido como deben ser. Son una infinidad de cosas que están haciendo para que el trabajador estatal hoy sienta que es atacado permanentemente por el gobierno provincial”, agregó.

“Hemos tenido algunas consultas de algunos organismos descentralizados por la no acreditación del salario hoy (por ayer), pero también nos están llegando lamentablemente algunos mensajes de compañeros que han sido despedidos en estas horas, por teléfono”, adelantó Gatica (ver: "Una bicicleta financiera...").

Otros gremios con representación entre los trabajadores estatales también llevaron sus reclamos solicitando por una recomposición salarial y el pago único. Entre ellos están UPCN, UTEP y APTS. Este último realizó asambleas en los últimos días y pidió también por la apertura de paritarias provinciales de salud.

El pago de la primera cuota, aseguraron desde canales oficiales, sería de un 50% de los haberes, con un mínimo de bolsillo de 300 mil pesos. El saldo restante se depositaría la próxima semana. El Diario de la República recibió algunos reclamos de haberes no depositados al cierre de esta edición.

► La batalla judicial

Como si se tratara de un combate de boxeo, los amparos judiciales de ATE en conjunto con el defensor del Pueblo Enrique Ponce contra el gobierno provincial por la acreditación única de los salarios tuvieron varios rounds a favor y en contra.

En una primera medida cautelar, la jueza penal y contravencional Daniela Benenatti consideró el 8 de enero pasado que el Gobierno debía hacer los pagos de salarios de diciembre en su totalidad. Pocos días después, el 10, Poggi adelantó el pago de la segunda cuota que tenía previsto para el 16 de enero.

La semana pasada, Ponce y ATE presentaron un pedido para ampliar la medida cautelar y exigir el pago único para este mes. Aquí el gobierno provincial se excusó otra vez en volver al pago en cuotas, ante la derrota en el Senado provincial de su proyecto de toma de préstamo al Banco Nación para hacer frente al pago de salarios.

En esta segunda oportunidad, la jueza subrogante María Antonella Panero Magnano no hizo lugar a la cautelar. “Nosotros intentamos nuevamente ir a la Justicia, pero esta vez nos cambiaron de juez y no tengo dudas de que la intromisión del gobierno provincial interviniendo como no se debe hacer en otro poder logró que este segundo fallo, que nosotros necesitábamos, no fuera favorable a los trabajadores”, apuntó Gatica.

“Nuestra postura no tiene que ver con una cuestión de intransigencia. Pero hoy ante despidos, el congelamiento salarial, la quita de planta permanente, el desdoblamiento, no tenemos demasiadas opciones para darle visibilidad al reclamo que con las diferentes medidas que vamos tomando”, justificó el gremialista.

Ponce consideró que los argumentos de la jueza subrogante para rechazar el amparo “son lamentables”, y dijo que apelará ante la Cámara para que sea revocado. Sin embargo, no todas son malas para los trabajadores. Informó que Fiscalía de Estado pidió la recusación de la jueza Benenatti, del primer recurso, pero que la Cámara la confirmó a cargo de la causa. La fiscalía también apeló a este primer fallo. 

“Ahora solamente la jueza Benenatti debe sacar su sentencia, fallando a favor o en contra del mismo. La parte perdidosa obviamente apelará el fallo, pero Poggi no podrá desdoblar más sueldos hasta que se revoque en la Cámara y después en el Superior Tribunal, para el caso de que ganemos el amparo”, apuntó.

“En realidad no hay más posibilidades de cautelares. Directamente la jueza natural del amparo deberá resolver mediante sentencia el recurso de amparo que presentamos. Si llega a fallar a favor nuestro, sentaría un precedente jurisprudencial muy importante. Estimo y soy optimista que así será, pero hay que esperar”, dijo.

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SIGUEN DE REHENES
Una bicicleta financiera que funciona a "errores" y omisiones 

El desdoblamiento salarial que implementa el gobernador Claudio Poggi continúa y los empleados estatales siguen de rehenes. El dinero está y una explicación plausible de seguir abonando los sueldos en "cuotas" es que esta medida permite alimentar una bicicleta financiera.

La aseveración de que hay recursos para afrontar los pagos no es caprichosa. La gestión saliente dejó una programación financiera con todos los estudios correspondientes y en regla. Además, el desdoblamiento de los sueldos de enero implica una diferencia de pocos días (la segunda parte se pagará el 6 de febrero), lo que hace sospechar que no existe un profundo quebranto en las finanzas puntanas, como pregona el oficialismo, sino que todo obedece a un cálculo político.

La bicicleta "aceita" su cadena a través de "errores" y omisiones. 

Ayer, por ejemplo, trabajadores de varias reparticiones se llevaron la peor de las sorpresas: corroboraron que no habían cobrado un peso e inmediatamente hicieron los reclamos correspondientes. La respuesta que recibieron del Gobierno llama la atención: les dijeron que había existido un error en el entrecruzamiento de datos.

Hace pocos días, el mismo Ejecutivo comunicó que había suspendido los haberes a más de 616 trabajadores de la administración pública bajo el justificativo de que no habían cumplido con los requisitos del censo.