Exigen una solución para los ocho policías despedidos

El abogado Alejandro Miranda, quien representa a 7 de los 8 efectivos de la Policía provincial despedidos, presentó a fines de enero una acción de amparo en la Justicia debido a la inconstitucionalidad del Decreto 150/23, que implicó que estos agentes de la fuerza pasaran a retiro obligatorio por decisión del gobernador Claudio Poggi al no haber aceptado "sugerencias" para un apartamiento voluntario. La acción judicial fue rechazada y el letrado apuntó que nunca un amparo se puede rechazar en la Justicia. Exige una solución urgente.

La mayoría de los desafectados contaba con una importante trayectoria en la fuerza y se cree que la obligación para el retiro voluntario se debe a una persecución política. Es decir que obedece a otros motivos y en un contexto de desconfianza con la fuerza.

"Todo proceso que se sigue contra el Estado provincial tramita de manera lenta y a veces hasta fuera de lo que prevén las normas legales que se aplican al caso en particular. Hago referencia a los ocho efectivos que fueron pasados a retiro obligatorio por dos decretos del actual Gobernador fundados en el DNU, en el que declara el estado de emergencia de la seguridad pública. A raíz de eso, decide pasar a retiro obligatorio a estos ocho efectivos, la mayoría de ellos con grados que casi están al tope de la escala jerárquica policial, ya sea como oficial o suboficial", indicó Miranda.

En el Ejecutivo puntano dijeron que estos oficiales habrían obtenido los grados por "beneficio" o ascenso extraordinario. "Por esa sola razón se los pasa a retiro obligatorio. En realidad, es como una cesantía encubierta, porque se utiliza esta figura del retiro obligatorio para justificar la expulsión de los efectivos de la institución policial", aclaró el abogado.

Para presentar el amparo analizaron la Constitución Nacional y Provincial, y las leyes que regulan en materia orgánica y funcional a la Policía. De esta forma, constataron que el Gobernador se tomó facultades y dejó de lado los otros dos poderes del Estado.

"Primero, lo que hemos planteado es que este Decreto de Necesidad y Urgencia es absolutamente inconstitucional, porque no se emitió siguiendo el procedimiento que prevé la Constitución Provincial en materia de emisión de normas, ya sean decretos o leyes. Un Decreto de Necesidad y Urgencia nunca excede el rango de decreto más allá de la situación que justifique el Gobierno para adoptar medidas urgentes; eso implica que debe seguir un procedimiento", informó Miranda.

"No hay un fundamento jurídico, social, económico de extrema gravedad que justifique, primero, el proyecto de Gobierno y, segundo, la aprobación por parte de la Cámara Legislativa. Esto no ocurrió. En este caso, entonces el decreto es absolutamente inconstitucional. Eso es lo primero que hemos planteado. Lo segundo que he planteado es si estos efectivos fueron ascendidos de manera extraordinaria siguiendo el procedimiento que prevé la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia, la Ley de Recursos Humanos de la Policía, la Ley de Procedimientos Administrativos y todo el circuito de comprobación legal o fiscalización legal de las áreas involucradas", agregó.

Además, recalcó que los ascensos se dieron en los años 2017, 2018 y 2019, pero recién este Gobierno es el que los apela. "Además, ¿cómo puede ser que esos ascensos hace cinco, siete, ocho años pongan en peligro a la provincia? Inclusive algunos de esos efectivos, quienes fueron ascendidos en ese momento, volvieron a ascender, porque cumplieron los años dentro del grado por la antigüedad que tenían. Es todo un proceso", agregó.

Extorsión y zonas liberadas

También recordó que el actual jefe de la Policía, Pablo Vieytes, está procesado por abuso de autoridad pública. "Las autoridades se descuidaron en la selección de los funcionarios que iban a ocupar los cargos de conducción en materia de seguridad. Me parece que esto responde a un plan del Gobierno de liberar ciertas zonas para que actividades como la venta de drogas se hagan libremente", dijo.

"Al jefe de Policía actual yo lo denuncié por extorsión; es una causa que está vigente y abierta. He pedido que lo citen a prestar declaración indagatoria. Es más, en esa causa, como tiene también denunciados a varios funcionarios judiciales, ningún juez de la ciudad quiso abocarse. Por eso se encuentra radicada en un juzgado de Villa Mercedes. El jefe de Policía en esa causa está acusado del delito de extorsión junto a dos efectivos más", añadió.