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España-Cataluña, y la independencia de quien nunca fue colonia

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España-Cataluña, y la independencia de quien nunca fue colonia

Por Agustina Bordigoni

Como resultado de un conflicto que se precipitó de manera histórica en los últimos días, el Parlamento Catalán aprobó la independencia de la región.

Así es como, al menos hasta ahora y para Cataluña, una declaración unilateral de independencia agrega al mundo un nuevo país, con todo lo que esto implica dentro y fuera de sus fronteras.

La respuesta del gobierno central no se hizo esperar: el Tribunal Constitucional declaró ilegal la resolución votada únicamente por el oficialismo catalán (53 diputados de los 135 que componen la cámara abandonaron el recinto antes de la votación), y en paralelo el Senado de Madrid aprobó un paquete de medidas contempladas en el artículo 155 de la Constitución Nacional, que prevé la facultad del gobierno central de intervenir en las regiones que pongan en peligro la integridad del estado español.

Esto implicaría, en términos concretos, y según declaró Mariano Rajoy, la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y las autoridades regionales, la supresión del parlamento catalán y el llamado a elecciones en Cataluña el 21 de diciembre.

Si bien en conferencia luego de la reunión del Consejo de Ministros, el presidente del  gobierno español aseguró que "no se trata de suspender la autonomía sino de volverla a la ley y a la concordia", esto se convierte, como ha sido hasta ahora en la historia reciente del conflicto entre Barcelona y Madrid, en una reacción a una provocación, algo que no necesariamente llevará a la solución del problema de fondo.

Y es que Cataluña reclama desde hace muchos años una mayor autonomía, sobre todo en cuestiones tributarias. “Madrid nos roba” es el lema que resume el principal reclamo histórico de la región: según aseguran los independentistas, Cataluña paga en impuestos más de 10.000 millones de euros de los que recibe la región del gobierno central. Para ellos, la separación de España permitiría destinar esos recursos a otros sectores y atraer mayor inversión extranjera. Los esfuerzos del gobierno catalán por negociar un manejo de su sistema tributario o una reformulación de su aporte al gobierno nacional, han sido siempre truncados por el gobierno central, reacio a negociar sobre estas cuestiones. Su rígida postura es, en parte, la responsable de los acontecimientos que hoy tienen en vilo a la comunidad internacional.

Es precisamente su relación con la comunidad internacional uno de los temas que deberá resolver de llegar a buen puerto la conformación de un Estado Catalán a largo plazo: la Unión Europea ya anunció por su parte que sólo aceptan como interlocutor válido al gobierno central español. Si bien las exportaciones de la región representan el 25% de la economía española, la mayoría de estas ventas se realizan dentro del bloque regional europeo.

Suceda lo que suceda en los próximos meses, la historia del conflicto entre España y Cataluña es por ahora un capítulo abierto en la historia de las comunidades autónomas de este país.

Por ahora, una de sus regiones, y parte de su población que nunca sufrió una época colonial propiamente dicha, insiste en su derecho de independencia.

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España-Cataluña, y la independencia de quien nunca fue colonia

Por Agustina Bordigoni

Como resultado de un conflicto que se precipitó de manera histórica en los últimos días, el Parlamento Catalán aprobó la independencia de la región.

Así es como, al menos hasta ahora y para Cataluña, una declaración unilateral de independencia agrega al mundo un nuevo país, con todo lo que esto implica dentro y fuera de sus fronteras.

La respuesta del gobierno central no se hizo esperar: el Tribunal Constitucional declaró ilegal la resolución votada únicamente por el oficialismo catalán (53 diputados de los 135 que componen la cámara abandonaron el recinto antes de la votación), y en paralelo el Senado de Madrid aprobó un paquete de medidas contempladas en el artículo 155 de la Constitución Nacional, que prevé la facultad del gobierno central de intervenir en las regiones que pongan en peligro la integridad del estado español.

Esto implicaría, en términos concretos, y según declaró Mariano Rajoy, la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y las autoridades regionales, la supresión del parlamento catalán y el llamado a elecciones en Cataluña el 21 de diciembre.

Si bien en conferencia luego de la reunión del Consejo de Ministros, el presidente del  gobierno español aseguró que "no se trata de suspender la autonomía sino de volverla a la ley y a la concordia", esto se convierte, como ha sido hasta ahora en la historia reciente del conflicto entre Barcelona y Madrid, en una reacción a una provocación, algo que no necesariamente llevará a la solución del problema de fondo.

Y es que Cataluña reclama desde hace muchos años una mayor autonomía, sobre todo en cuestiones tributarias. “Madrid nos roba” es el lema que resume el principal reclamo histórico de la región: según aseguran los independentistas, Cataluña paga en impuestos más de 10.000 millones de euros de los que recibe la región del gobierno central. Para ellos, la separación de España permitiría destinar esos recursos a otros sectores y atraer mayor inversión extranjera. Los esfuerzos del gobierno catalán por negociar un manejo de su sistema tributario o una reformulación de su aporte al gobierno nacional, han sido siempre truncados por el gobierno central, reacio a negociar sobre estas cuestiones. Su rígida postura es, en parte, la responsable de los acontecimientos que hoy tienen en vilo a la comunidad internacional.

Es precisamente su relación con la comunidad internacional uno de los temas que deberá resolver de llegar a buen puerto la conformación de un Estado Catalán a largo plazo: la Unión Europea ya anunció por su parte que sólo aceptan como interlocutor válido al gobierno central español. Si bien las exportaciones de la región representan el 25% de la economía española, la mayoría de estas ventas se realizan dentro del bloque regional europeo.

Suceda lo que suceda en los próximos meses, la historia del conflicto entre España y Cataluña es por ahora un capítulo abierto en la historia de las comunidades autónomas de este país.

Por ahora, una de sus regiones, y parte de su población que nunca sufrió una época colonial propiamente dicha, insiste en su derecho de independencia.

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