Correo Argentino: el fiscal apunta a todos los gobiernos involucrados

Sergio Rodríguez, el fiscal jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que presentó una denuncia penal para que se investigue el acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino SA, de la familia Macri, informó que en su presentación le solicitó al procurador del Tesoro Nacional, Juan Carlos Balbín, que "haga una auditoría de todo el proceso concursal" para saber "qué pasó del 2001 hasta hoy" que todavía no se cobró la deuda, y advirtió que podrían ser responsables funcionarios de gobiernos anteriores. 
Además indicó que le envió un oficio al procurador del Tesoro Nacional, Carlos Balbín, "ordenándole un sumario administrativo para que investigue y deslinde las responsabilidades de los que participaron en este acuerdo", y por otro lado "una auditoría de todo el proceso concursal" para que explique "por qué el Estado no pudo cobrar su deuda en 16 años". Es en este punto que señaló que hay que investigar "responsabilidades de varios funcionarios" a lo largo de esos años. 
"Esto es un concurso de acreedores. La firma tiene una deuda, donde el Estado la verificó y el Estado tiene que tratar de cobrarla de la mejor manera posible", argumentó. Y advirtió: "Cuanto más tiempo pasa, es más favorable para el concursado". 

Varios delitos en la mira
En diálogo con Radio La Red, Rodríguez contó que "en la denuncia que trasladé a la Justicia, califiqué como una eventual administración fraudulenta en perjuicio del Estado y posible tránsito de influencias y negociaciones incompatibles".
Rodríguez presentó la denuncia luego de que la fiscal general Gabriela Boquín dictaminara que se rechace el acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino SA por considerar "abusiva" la propuesta de la empresa, que fue ofrecida en junio del año pasado y, luego de ser aceptada por el Ministerio de Comunicación, todavía no fue homologada.
Además, precisó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas "tiene una doble competencia, penal y administrativa", por lo que también le ordenó a Balbín que "forme un sumario administrativo para que deslinde las responsabilidades disciplinarias, administrativas y patrimoniales de todos los funcionarios que intervinieron en el marco de este acuerdo".
Esta segunda medida adoptada por el fiscal responde a que "una de las cuestiones que se señalan en este dictamen (de la fiscal Gabriela Boquín) es que el funcionario que dio acuerdo a esta propuesta, no tendría las facultades necesarias", dijo Rodríguez en referencia al actual director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa.